Los primeros días de gobierno de la administración Chaves Robles han dejado mucho que desear, al ser un gobierno el cual ha basado sus decisiones en puras ideas populistas, con el fin de agradar a unos pocos.

Lo peor del caso es que muchas de esas medidas, han sido anti-ciencia, y en contra de toda lógica natural de personas pensantes, además las mismas han sido avaladas por la máxima representación que debería de oponerse a estas, la ministra de Salud Joselyn Chacón Madrigal.

En su primer día de gobierno sin datos, ni criterios técnicos se firma un primer decreto el cual buscaba eliminar la vacunación obligatoria, brincándose con ello al ente regulador de este tema que es la Comisión de vacunación, al darse cuenta del error, tuvieron que echar marcha atrás, a pesar de que nos encontramos en el país en medio de la quinta ola del COVID-19, lo que ha desencadenado un aumento de casos del virus.

Además, por otro lado, se contradice la ministra, cuando antes de asumir anunció que el uso de la mascarilla iba a disminuir paulatinamente, pero entrado se anuncia la suspensión de la mascarilla obligatoria en todo el país, excepto en centros de salud, a pesar de los cuestionamientos de diferentes órganos de salud, expertos y médicos.

El jueves anterior, después de reunirse con la Conferencia Episcopal, nos dice que se revisará la norma técnica del aborto, ante esto yo me cuestionó ¿Qué tiene que ver la iglesia con estos temas? Por qué un puñado de hombres que jamás, serán padres tienen que opinar sobre el derecho de las mujeres a decidir.

Se le olvida a la ministra que el mismo Ministerio que ella dirige fue enfático en resaltar “que dicha norma técnica es para salvar la vida de las mujeres”.

No se informó la ministra que, “la norma técnica es una guía para que el personal médico valore los casos relacionados con el artículo 121 del Código Penal, vigente desde 1970, que hace referencia a la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro”.

Los años de luchas de las mujeres costarricenses por el derecho a decidir no son monedas de cambio para un sector de la población señora ministra.

Si sus criterios van a seguir siendo anti-ciencia y anti-técnicos, lo mejor es que renuncie.

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