Organizaciones sociales y abogados señalaron como inconstitucional la ampliación por tercera vez del estado de Excepción en El Salvador, algo que la Asamblea Legislativa se dispone a debatir este miércoles a solicitud del Consejo de Ministros de Nayib Bukele.
La organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal, señaló este miércoles que el “régimen de excepción suspende algunos derechos constitucionales, como la defensa y la extensión del arresto”, mientras la jefa anticorrupción del grupo y abogada constitucionalista Ruth Eleonora López apuntó que no hay “fundamento legal” para ampliar la medida.
En declaraciones al diario El Salvador, López indicó que, antes de llevar el debate a la Asamblea Legislativa, “debería de haber un nuevo decreto con la evaluación de la situación”. También señaló que, como el gobierno cuenta con una amplia mayoría en el parlamento unicameral, “habrá un tercero, cuarto, quinto, sexto régimen de excepción, mientras el régimen del presidente (Nayib) Bukele así lo estime”.
Por otro lado, Oswaldo Feussier, abogado penalista y catedrático de la Universidad José Simeón Cañas, expresó que “el régimen de excepción perdió todo tipo de justificación”. “Es innecesario, y por ser innecesario es inconstitucional”, agregó.
En la misma línea, el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, José Marinero, indicó que la Constitución establece que el estado de excepción debe finalizar cuando termina la emergencia por la cual fue declarado, algo que según su opinión ya habría sucedido. “Esas circunstancias no se cumplieron ni siquiera al aprobarse en el primer decreto del 27 de marzo pasado, ni en la primera prórroga y menos en esta segunda que ya decidieron aprobar por evidente instrucción presidencial”, indicó.
El régimen de excepción está vigente a instancias del gobierno desde el 27 de marzo, tras una ola de homicidios por parte de pandilleros. El 24 de abril la Asamblea Legislativa aprobó su extensión por 30 días, plazo que concluye este jueves 26 de mayo a la medianoche. El gobierno anunció que, desde que está en vigencia, capturó a más de 34.000 personas.
Denuncian detenciones arbitrarias
Con el hashtag #NoSonMargenDeError, Cristosal denunció que recibió casi 700 denuncias de abusos tras la declaración del estado de excepción, en su mayoría de detenciones arbitrarias. Tras una serie de reclamos en redes sociales por detenciones de civiles, Buleke respondió a través de Twitter: “es importante recalcar que el porcentaje de errores en capturas siempre ha sido mucho mayor al 1% en nuestro país”.
Este martes, familiares de detenidos llegaron desde la zona campesina del Bajo Lempase a la sede de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para plantear sus reclamos por las detenciones. "Hemos terminado agotadas y agotados después de ir a cada una de las instituciones del Estado desde el día en que la policía entró a nuestras casas y se llevaron a nuestros familiares", denunciaron en un comunicado que se leyó en el lugar. “Queremos saber por qué se llevaron a nuestros familiares, si están bien de salud, si están comiendo, si están vivos”, agregaron.
La mayoría de los salvadoreños apoya la ampliación
En la mañana de este miércoles, Bukele compartió una encuesta en la que ocho de cada 10 ciudadanos opinan que la situación delincuencial ha disminuido en el país desde que inició el estado de excepción
La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que el 50,2% de los salvadoreños apoya la extensión del régimen de excepción y 52,5% considera que la delincuencia ha disminuido en sus lugares de residencia tras la aplicación de la medida.
El estudio indica que 16% de los encuestados manifestó tener "conocimiento directo de la detención injustificada de una persona" desde la entrada en vigencia del estado de excepción y que cuatro de cada 10 tomaron medidas de precaución adicionales, como evitar salir a caminar durante la noche (37,2% del total) o rechazado la visita de familiares y amigos de otras colonias (33,8%). Además, 44,6% de los encuestados opinó que es necesario buscar otras medidas alternativas.
La encuesta fue llevada a cabo entre el 22 de abril y 7 de mayo y cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,73%.
