La periodista y exaspirante a la Presidencia, Cristiana Chamorro, fue condenada este lunes a ocho años de cárcel por delitos de lavado de dinero, bienes y activos como también por gestión abusiva y falsedad ideológica.
Así lo informó la prensa local a partir de la información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde se detalla que Chamorro fue condenada por el juez Luden Martín Quiroz, del penal de juicio de Managua.
La exaspirante a la Presidencia se encuentra en prisión domiciliaria desde el 2 de junio de 2021, cuando fue acusada por los delitos por los que finalmente se la condenó y por los que no pudo llegar a presentarse a las elecciones presidenciales.
La justicia nicaragüense inició el 3 de marzo el juicio contra la opositora. Chamorro era la candidata de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
A 67 día de esos comicios fue detenida luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
La ONG, que cerró en febrero de 2021, era un centro de formación de periodistas y defensa de la libertad de prensa. Durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana.
Chamorro negó las acusaciones, pero ninguna de sus argumentaciones evitaron el arresto y su suspensión de los comicios.
Además de Cristiana y sus hermanos Pedro (en prisión) y Carlos Fernando Chamorro (en el exilio), también serán procesados siete empleados de la fundación, cuatro de los cuales están prófugos.
El 28 de mayo de 2021 el gobierno de Nicaragua inició una serie de detenciones a candidatos presidenciales y líderes políticos opositores en el marco de la aplicación de la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que castiga con cárcel a las personas que promueven la intervención extranjera.
El gobierno de Daniel Ortega acusa a los candidatos detenidos por infringir la ley que fue votada a finales del 2020 y que establece un conjunto de delitos que, según la oposición, fueron diseñados para encarcelar a los adversarios políticos.
