Por Ingrid Ortega Rojas - Estudiante de la carrera de Ingeniería Informática
“Deberíamos tomar a todos los criminales, gais y pedófilos, mandarlos a una isla desierta y que terminen de morirse ahí”. Esa fue la frase que escuché de un expositor en una charla a la que asistí en mis tempranos treinta, luego de ser selectamente invitada a una “célula” cristiana cerrada, en un club exclusivo en San José. Esa frase hoy inspira este artículo. Tomo a una población con connotación negativa, los reos, quienes constituyen el equivalente a una cuarta parte de la población docente escolar, en un ejercicio de análisis racional de priorización de vacunación. Liberándome de prejuicios, mi inclinación —si estuviera en un puesto gubernamental de decisión— sería priorizar la población penitenciaria bajo la línea de legal y de salud, aunque las partes funcional y política tengan un contraargumento en contra, el cual no debe olvidarse.
Bajo la arista de la dupla legal y de salud, la población privada de libertad éticamente debe ser sujeto de vacunación contra la COVID-19 (SARSCoV-2) por parte de las autoridades. Desde una perspectiva legal, las Naciones Unidas (2015), en su regla 4 del compendio de reglas mínimas para tratar a los reclusos, indica la responsabilidad de las autoridades de ofrecer salud a esta población. Además, hay una condición particular de la población penitenciaria, y que es su impacto epidemiológico. Los nuevos agentes respiratorios —como el SARSCoV-2— son altamente transmisibles y representan un nuevo desafío para las poblaciones presas, debido a la facilidad con la que se propagan en ambientes masificados (Zhou et al., 2020). Complementariamente, según estudios (Lalama y Castro, 2020), el efecto de la pandemia incluye alteraciones psicológicas en dicha población. Es definitivamente una responsabilidad de las autoridades asegurar la salud de la población reclusa.
Por otra parte, el sector educativo tiene menos riesgo y cuenta con mecanismos alternos para proveer educación. Si se analiza la preponderancia de la arista educativa, el efecto epidemiológico no presenta evidencia contundente para considerarlo prioritario. Lewis (2020) indica que las escuelas no representan un foco de infección, según data que se ha venido investigando, debido a que los niños no son candidatos a ser transmisores centrales a pesar de ser positivos. Además, un punto que limitaría y prevendría la expansión del virus son las medidas de contención disponibles en el sector educativo. Daniel (2020), con vínculo a la UNESCO, plantea la oportunidad de la educación virtual, el aprendizaje asincrónico y la adaptación del currículum. Finalmente, este mismo autor pone en evidencia la oportunidad de innovación en el ramo.
Sin embargo, tomar una decisión de priorizar a la población penitenciaria, según autores como Sprengholz et al. (2021), requiere lograr consenso entre políticas gubernamentales y opinión pública, aunque esto abriría la posibilidad de un efecto negativo de priorizar a una población que no sea de aceptación pública, como es el caso de los reos. Sin embargo, la misma comunicación de la decisión influye en la percepción; de ahí que se podrían transmitir estas decisiones como consonantes con un Estado de Derecho, reforzando la cultura de la sociedad, tal como menciona Roth (2006), sobre el sistema de prisión: “Puede transmitir si una sociedad respeta o no los derechos humanos” (p. xxv). No se puede negar el cálculo político inmerso en este tipo de decisiones, por lo que una opción es también delegar o referir a autoridades como la OMS, factor clave que afectó a Trump para ser reelegido, como menciona Baccini et al. (2021).
En conclusión, aunque sea incómodo, difícil y para algunos sectores impopular, si se tuviera que elegir vacunar primeramente a la población penitenciaria o a la población docente escolar, la opción que lleva consigo menos efectos negativos para la mayoría en general es priorizar la primera población. Lamentablemente, en esta decisión nunca se va a lograr una postura que sea de consenso y de agrado para ambas partes y del grupo general de un país. No obstante, se tienen mecanismos alternativos y comunicación, como medios para atenuar cualquier aspereza que nos impida superarnos y alcanzar el valor de la virtud como sociedad.
