El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó en horas de la madrugada que el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, obtuvieron el 75% de los votos durante la jornada electoral altamente cuestionada.
A pesar de que los primeros resultados estaban previstos para ser suministrados a la medianoche, no fue sino hasta casi las 3 a.m. que Brenda Rocha, presidente del CSE, salió a los medios para afirmar que, con menos de la mitad de las mesas contabilizadas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional había obtenido el 74.99 de los votos válidos, seguido del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el 14,4%.
Por detrás figuran Camino Cristiano Nicaragüense, con un 3,44% de los votos; la Alianza Liberal Nicaragüense, con un 3,27%; Alianza por la República, con un 2,2%, y el Partido Liberal Independiente (PLI), con un 1,7%.
La presidenta del CSE orteguista afirmó que la participación rondaba el 65%, sin embargo, organizaciones civiles realizaron estudios estadísticos el domingo que arrojaron un abstencionismo de hasta el 80%. Fotos y vídeos de la jornada electoral de los pocos medios internacionales que pudieron ingresar a Nicaragua para cubrir el evento daban cuenta de la escasez de votantes, y que hasta miembros de mesa se quedaban dormidos ante la casi nula afluencia.
"Nuevo y terrible" ciclo para los Derechos Humanos
Amnistía Internacional (AI) ha advertido este lunes de que la victoria de Daniel Ortega augura un "nuevo y terrible" ciclo para los Derechos Humanos, en un país donde las violaciones a estos "se volvieron cada vez más comunes durante su Gobierno".
"Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto en donde expresar una crítica en contra de su Gobierno los pone en grave riesgo", ha lamentado la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas.
"Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas", ha agregado, antes de destacar que estas violaciones están "avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia que solo existen para ponerle sello a la agenda represiva de Daniel Ortega".
Las elecciones estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en la mirilla del Gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
Diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil nicaragüense llamaron a un paro electoral ciudadano en el país y a protestas en otros países. Los medios de comunicación informaron de poca afluencia de votantes y nicaragüenses se movilizaron en varias ciudades del mundo denunciando la grave crisis de Derechos Humanos y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos en Nicaragua.
Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano electoral, registró más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral durante la jornada electoral, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación, así como intimidación y coacción hacia trabajadores del Estado para forzar su voto. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también dijo haber recibido información sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos.
"Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del Derecho Internacional", ha señalado Guevara, que también ha pronosticado "la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz".
Por ello, ha pedido a la comunidad internacional hacer "más que apoyar a las valientes personas nicaragüenses que continúan luchando por sus Derechos Humanos".
En la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana, los Estados miembros deben asumir colectivamente sin dilación la corresponsabilidad de proteger los Derechos Humanos de las personas en Nicaragua.
A juicio de Guevara, "presionar" al Gobierno de Ortega es el "primer paso ante este contexto postelectoral". "Los foros multilaterales deben hacer todo lo posible para lograr que las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua dejen de ser intocables", ha considerado.
Amnistía Internacional ha documentado violaciones a los derechos humanos incluyendo represión violenta y, en algunos casos, letal contra manifestantes, así como hostigamiento y criminalización de activistas sociales, personas defensoras de Derechos Humanos, abogados, abogadas y periodistas desde 2018. La Asamblea Nacional, controlada por el Gobierno, también ha aprobado una serie de leyes que afectan severamente el espacio cívico y ponen a los Derechos Humanos en riesgo.
Desde finales de mayo, 39 personas identificadas como opositoras al Gobierno, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, han sido arrestadas "injustamente", ha aseverado la ONG. "Algunas fueron sujetas de desaparición por cierto tiempo y detenidas en secreto durante meses antes de que se les permitiera contactar a un abogado o a sus familiares", ha concluido.
EE. UU. estudia sanciones y restricciones
Estados Unidos ha anunciado este lunes que continuará "utilizando la diplomacia, sanciones y restricciones de visados" para "promover la rendición de cuentas" tras las elecciones "antidemocráticas" celebradas este domingo en Nicaragua.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha indicado, no obstante, que el resultado "ha sido una conclusión inevitable desde hace mucho tiempo", ya que el Gobierno "ha privado a los nicaragüenses de cualquier opción real al disolver todos los partidos genuinos de oposición y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales.
"Esta represión y manipulación electoral, ampliamente denunciada por los nicaragüenses y la comunidad internacional, despojó a la votación del 7 de noviembre de cualquier significado real. El Gobierno de Ortega-Murillo negó a los nicaragüenses su derecho a votar en elecciones libres y justas y privó injustamente de su libertad a casi cuarenta personas", ha reprochado este lunes en un comunicado compartido por el Departamento de Estado.
En este sentido, Blinken ha aseverado que "si bien Ortega y Murillo pueden permanecer en el poder atrincherados", la "elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar", mientras que les ha afeado que "los líderes democráticos entienden que la soberanía real se origina en la ciudadanía", mencionando la respuesta del presidente y vicepresidenta a las críticas internacionales que han recibido.
En este contexto, Washington ha condenado "esta subversión de las normas democráticas", y ha anunciado que continuarán "utilizando la diplomacia", junto con "acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visados, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices de los actos antidemocráticos".
Estados Unidos trabajará junto a "otros gobiernos democráticos" para "presionar para el retorno a la democracia a través de elecciones libres y justas y el pleno respeto de los Derechos Humanos en Nicaragua", algo que debe empezar con "la liberación inmediata e incondicional de los encarcelados injustamente".
Si bien el actual Gobierno de Nicaragua ya no es democrático, la nación de Nicaragua sigue siendo un miembro de la comunidad global comprometida con los principios democráticos. El pueblo nicaragüense merece gozar de las libertades y derechos que se respetan en una democracia
Con información de Europa Press.
