La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles el proyecto de ley que planteaba regular el precio de los medicamentos en Costa Rica, en medio de fuertes discusiones entre los diputados oficialistas y los opositores.
Se trata del expediente 21.368 denominado "Ley para Promover la Competencia en el Mercado de Medicamentos" presentado por diputados del PAC, Frente Amplio, PLN e independientes en abril del 2019, aunque no tuvo ningún trámite en el foro legislativo hasta este miércoles, cuando ya se había vencido el plazo para dictaminar.
Horas antes el PAC advirtió a través de su vocería de prensa que los diputados de Liberación Nacional, la Unidad y Restauración Nacional pretendían archivar "una iniciativa que ataca las causas que provocan el alto precio de las medicinas".
A la hora de la sesión, el oficialista Luis Ramón Carranza acusó a verdiblancos y mariachis de tener a "tres droguerías" por detrás, protegiendo su mercado de 600 millones de dólares anuales, y en perjuicio de los costarricenses que deben pagar 30% más por medicamentos respecto a otros países.
Carranza dijo que solo el poderío económico de esas droguerías, a las cuales no individualizó, y su influencia sobre los diputados justificarían el archivo del proyecto, algo que desató fuertes críticas por parte de la oposición.
Roberto Thompson Chacón, liberacionista por Alajuela, rechazó las insinuaciones e instó a mantener la altura del debate; mientras que Erwen Masís Castro y Ana Karine Niño acusaron al PAC de mentir sobre los fines de la iniciativa y de hacer politiquería sobre ella, ya que el proyecto no tenía criterios técnicos y fue el Poder Ejecutivo quien no lo convocó durante sesiones extraordinarias.
Por su parte, el candidato presidencial del PAC, Welmer Ramos González, afirmó que era un crimen negarse a bajar el precio de los medicamentos y que estaba indignado del rechazo de la iniciativa, porque el texto original había sido modificado por una moción impulsada por Pablo Heriberto Abarca, pero a pesar de ello, ahora votaban por rechazar el expediente.
El proyecto de ley, en su redacción original, establecía que quedaban prohibidos y por tanto eran nulos de pleno derecho los contratos o cláusulas de exclusividad entre laboratorios y droguerías, así como cualquier práctica o mecanismo tendiente a favorecer los monopolios, duopolios u oligopolios en la distribución y venta de medicamentos.
Disponía también que el Ministerio de Salud debía crear y mantener actualizada una página web para informar a la población sobre la cantidad de medicamentos disponibles, su protocolo de tratamiento, descripción, la existencia de un equivalente genérico, precio, lista de medicamentos regulados y cualquier otro elemento que le permitan al consumidor contar con la información requerida para realizar un correcto análisis de costo beneficio.
Finalmente, ordenaba que Salud definiera una canasta de medicamentos coincidente con los de mayor prescripción en la Caja Costarricense de Seguro Social, con las enfermedades de mayor incidencia por grupo poblacional o de acuerdo con cualquier otro criterio vinculado a prioridades de salud de la población, y que debía remitirla al Ministerio de Economía para que este procediera con la realización de un estudio y posterior construcción de un índice de precios, estableciendo el precio representativo de los mismos.
La votación del proyecto fue mayoritaria negativa, sin embargo, el PAC podrá presentar un dictamen afirmativo de minoría, aunque la historia parlamentaria habla de que los proyectos con esa circunstancia nunca llegan a ser aprobados en el Plenario; ni siquiera, conocidos como temas prioritarios.
Presupuesto Nacional 2022: segundas audiencias
La Comisión de Asuntos Hacendarios recibió este miércoles en audiencia al director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales Esna; y a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, para referirse a los planes de gasto de ambas instituciones para el año 2022.
De la audiencia de Ayales destacó que la Asamblea Legislativa está pagando ahora 139 millones de colones más por el servicio de electricidad, respecto a lo que pagaba en las antiguas instalaciones, y que se trata de un "problema serio" que está a la espera de ser solucionado mediante una negociación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), para cambiar el modelo tarifario que se le está aplicando al Congreso y así abaratar la tarifa.
Cuando el nuevo edificio legislativo "se le vendió" a la ciudadanía, se afirmó que sería un "edificio inteligente que ahorraría recursos", sin embargo, el tamaño que tiene la construcción y todos los sistemas como elevadores, bombas de agua, aires acondicionados, entre otros; elevan el consumo eléctrico.
Ayales explicó que la CNFL está cobrando una tarifa pareja, por lo que de nada serviría apagar luces o dispositivos; y que aún con la tarifa diferenciada seguirían pagando más que lo que se pagaba en las antiguas instalaciones.
Solo para el 2022, el Congreso presupuestó 600 millones de colones para pago de servicio eléctrico; y si obtiene la tarifa diferenciada de la CNFL, el monto podría reducirse en unos 70 millones.
Por su parte, la defensora de los habitantes dio de qué hablar al reaccionar molesta ante los cuestionamientos que realizó la diputada Laura Guido sobre el crecimiento en la cantidad de funcionarios destacados a su despacho, y por el hecho de que la Defensoría no está llenando plazas que están vacantes desde hace mucho tiempo en zonas regionales.
Crespo cuestionó a Guido sobre si la audiencia estaba destinada a analizar el presupuesto 2022 o su gestión como jerarca, a lo que la oficialista le recordó que ella ha sido integrante de Hacendarios durante todo el periodo constitucional y que es rutina consultar no solo por lo presupuestado, sino también por lo ejecutado del plan de gastos.
Lea también: Encontronazo entre diputada y defensora tras cuestionamientos sobre aumento de asesores de la jerarca
Breves
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente los expedientes 21.800 "Código de Ejecución Penal", 22.069 "Adición de un nuevo artículo 386 Bis y derogatoria del artículo 123 Bis del Código Penal, Ley N°4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas" y 22.087 "Reforma al artículo 142 Bis del Código Penal". Además, rechazó los expedientes 22.062 "Reforma al Código Procesal de Familia, Ley N.°9747", 22.068 "Adición de un inciso 8) al artículo 984 del Código Civil (Ley N° 63) y sus reformas" y 22.071 "Solidaridad por parte del Estado en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas las personas que cumplen con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando con el riesgo personal, familiar y poblacional por la pandemia COVID-19".
— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en primer debate el expediente 21.471 "Declaratoria de benemeritazgo para la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano", el expediente 21.590 "Declaración de interés público el desarrollo turístico, ecológico y cultural del cantón de Coto Brus" y el expediente 21.703 "Declaratoria al Deportivo Femenino Costa Rica F.C. como organización benemérita del deporte nacional al ser equipo pionero del fútbol femenino en nuestro país".
En esa comisión, la diputada Laura Guido Pérez anunció la solicitud de una investigación para esclarecer por qué en la Ley de Acciones Afirmativas para la Población Afrodescendiente, que se tramitó en el expediente 21.499 y ahora es la Ley 10.001, se realizó un cambio de redacción no autorizado por los diputados. Servicios Técnicos restó importancia al incidente al afirmar que ha ocurrido múltiples veces en los últimos veinte años, y que ya se envió la fe de erratas a La Gaceta para ser publicada.
— Con 2 votos a favor y 37 en contra, se rechazó ampliar el plazo cuatrienal del expediente 20.518 "Ley de Empresas de Redes de Transporte Objeto, Principios y Naturaleza del Servicio Privado de Transporte".
