Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido a la ex primera dama y antigua diputada María Fernanda Flores y al periodista Miguel Mendoza a menos de cinco meses de que se celebren las elecciones presidenciales en el país.

Así, la cifra total de opositores detenidos durante las últimas semanas ascienden a 19, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, según informaciones del diario 'La Prensa'.

Todos estos arrestos están sujetos a una ley aprobada previamente por el Parlamento del país y que permite enjuiciar a quienes comentan actos que "atenten contra la independencia y soberanía" de Nicaragua e inciten a "la injerencia extranjera".

Flores, mujer del expresidente Arnoldo Alemán, permanece bajo arresto domiciliario, tal y como ha confirmado la Policía nicaragüense en un comunicado. La exdiputada perdió su escaño en medio de la polémica por el liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista, del que formaba parte.

Alemán, por su parte, fue condenado en 2003 a 20 años de prisión por la malversación de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en Nicaragua antes de ser absuelto por la justicia nicaragüense y liberado en 2009.

Mendoza es un influyente periodista deportivo crítico con el Gobierno del presidente, Daniel Ortega. El último precandidato presidencial detenido es el también periodista Miguel Mora, que fue arrestado el domingo.

Anteriormente fueron detenidos Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Ortega, de 75 años, fue reelegido dos veces en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió presentarse a nuevos mandatos. Ahora, podría presentarse para un cuarto mandato en las presidenciales de noviembre.

Sin embargo, la oposición y la comunidad internacional lo han acusado de llevar a cabo una brutal represión contra disidentes y manifestantes, especialmente en 2018, cuando murieron más de 300 personas y miles abandonaron el país, según datos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Bachelet denuncia un "clima de temor" en Nicaragua y cuestiona el horizonte electoral

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido de un "alarmante" empeoramiento de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y ha señalado que, en las circunstancias actuales, con un "clima de temor", es complicado que los ciudadanos puedan ejercer "plenamente" sus derechos en las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente, Daniel Ortega, aspira a la reelección.

Bachelet ha actualizado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos su evaluación sobre la situación en Nicaragua, básicamente para constatar que es peor que en febrero, debido a "un preocupante y acelerado deterioro de la situación de Derechos Humanos".

La expresidenta chilena ha acusado al Gobierno de Ortega de desoír la práctica totalidad de las recomendaciones planteadas en las sucesivas evaluaciones, citando como ejemplo la detención de dirigentes opositores, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse a los comicios de noviembre frente a Ortega.

El Gobierno nicaragüense ha negado que exista persecución política alguna, pero Bachelet ha advertido de que las detenciones se han ejecutado a partir de "conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria", al tiempo que ha denunciado "graves violaciones" de las garantías procesales.

La oficina de la Alta Comisionada ya puso en su día en tela de juicio el trasfondo de las reformas legislativas aprobadas en los últimos años por el oficialismo, en la medida en que "podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo", ha apostillado Bachelet. Además, las autoridades estarían agarrándose a una reforma del código procesal penal para detener hasta 90 días a estos opositores, a pesar del límite de 48 horas establecido en la Constitución.

Bachelet ha lamentado las consecuencias que tienen estas investigaciones y acusaciones no solo en términos legales, sino también políticos. "Esta situación impediría (a los acusados) competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia", ha añadido.

El Consejo Supremo Electoral retiró en mayo la personalidad jurídica de dos partidos políticos, "sin que fueran oídos sus representantes" y mediante decisiones que "infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", en opinión de la Alta Comisionada.

Tampoco considera garantizadas la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales, en virtud de una reforma aprobada en mayo y que "limita", según Bachelet, los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Esta reforma, a su juicio, "hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional".

Bachelet ha reclamado "un cambio urgente" a Ortega en relación al "curso de acción" que viene adoptando su Gobierno frente al inminente proceso electoral, o que pasaría por la liberación "inmediata" de todas las personas detenidas "arbitrariamente", el fin de la "persecución" contra la disidencia, la derogación de las leyes "restrictivas" y el restablecimiento de derechos y libertades que permitirían en última instancia "un proceso electoral libre, creíble y equitativo".

"Represión sistemática"

La oficina de Bachelet, que reclama su vuelta "urgente" a Nicaragua, ha advertido de que la "persecución selectiva" se extiende contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y, en general, contra "personas como percibidas como opositoras" al Ejecutivo.

Fuentes de la sociedad civil estiman que hasta el 14 de junio había más de un centenar de personas --115 hombres y nueve mujeres-- privados de su libertad en el contexto de la actual "crisis de Derechos Humanos", como la resumido la expresidenta chilena en su discurso ante el Consejo.

Un "número significativo" de personas se habrían puesto en contacto con su oficina para denunciar un "persistente hostigamiento" de las autoridades, con casos que incluyen presencia policial en el entorno de las viviendas o acoso por parte de personas vestidas de civil.

Asimismo, se han registrado declaraciones públicas de dirigentes y medios "estigmatizando a las personas percibidas como opositoras", según Bachelet, que cree que todas estas acciones contribuyen a generar un "clima de temor" que limita derechos y libertades especialmente básicos a meses vista de unos comicios.