Autoridades del Ministerio de Planificación, Consejo Nacional de Concesiones y Banco Interamericano de Desarrollo presentaron este jueves los resultados de un estudio de factibilidad para la construcción del proyecto Ciudad Gobierno, declarándolo viable y dando luz verde para sacar a licitación la concesión durante el segundo semestre de este año.

El proyecto pretende desarrollar un complejo arquitectónico que dote de infraestructura propia a 16 instituciones del Estado, ahorrándole a las finanzas públicas $357,8 millones de dólares por alquileres y gastos asociados.

Iniciado en 2014, el proyecto fue sujeto de un estudio de prefactibilidad y posterior estudio de factibilidad financiados por donaciones del BID. En total serán 153 mil metros cuadrados de construcción, de los cuales 117.500 serán oficinas, 32 mil metros cuadrados serán parqueos y 3500 metros cuadrados estarán destinados a áreas comerciales.

“Ciudad Gobierno es un proyecto estratégico y de múltiples beneficios para Costa Rica. No solo permitirá que el dinero que invierte el país en alquileres se oriente a adquirir infraestructura propia, sino que tiene un amplio potencial para la reactivación económica”, dijo Pilar Garrido Gonzalo, ministra del Mideplan.

Garrido afirmó que solo en la etapa constructiva se generarán 600 empleos directos; durante su ejecución se generarían hasta 3044 empleos por los encadenamientos productivos que generará y se comenzará a pagar hasta que esté totalmente construido.

El proyecto contempla ocho edificios en Plaza González Víquez, en las inmediaciones del Liceo de Costa Rica, para albergar 9000 funcionarios públicos que atenderán a 70 mil usuarios anualmente. Las autoridades estimaron, además, que el 20% de la población total de empleados públicos realizará sus funciones mediante teletrabajo y eso contribuirá a disminuir las necesidades de movilidad para realizar trámites por parte de la ciudadanía.

El ministro Rodolfo Méndez Mata, del MOPT, afirmó que el proyecto permitirá que las instituciones sean más accesibles a la población y, por ende, que brinden servicios de mejor calidad: "Ya tenemos todos los estudios para desarrollar el proyecto en la zona donde se encuentra actualmente el MOPT. Una vez construido, el país podrá destinar los recursos que actualmente eroga por concepto de alquileres al pago de su propia infraestructura”.

Por su parte, el representante del BID en Costa Rica, Fernando Quevedo, afirmó que Ciudad Gobierno tiene el potencial de contribuir a una ciudad más sostenible, inclusiva y con menor huella de carbono, al tiempo que responde a las necesidades de la función pública para servir mejor a los ciudadanos y considera las restricciones de gasto público que enfrenta el país.

El Gobierno indicó que el proyecto se realizará mediante una concesión que se abrirá a licitación pública en el segundo semestre de este año. El concesionario se encargará del diseño a partir de los lineamientos que se proveen en la licitación; también del financiamiento, la construcción, operación y el mantenimiento del proyecto; trasladando los riesgos al sector privado y optimizando su capacidad de innovar.

Las primeras obras deberán estar listas en el año 2025 y en ese momento, las instituciones incluidas se trasladarán y dejarán de tener gastos por alquileres. Ese gasto se destinará al pago de la tarifa por disponibilidad, que cubre el uso de los inmuebles y todo lo relativo a operación y mantenimiento, cumpliendo con los estándares de servicio que debe ofrecer y mantener el concesionario.

Al cabo de los 30 años de la concesión, se recibirán los inmuebles y se habría ahorrado aproximadamente US $357,8 millones al Estado. También habrá ahorro en los años siguientes en los que solo se invertiría en su operación y mantenimiento.

En un modelo de contratación convencional (por obra pública), el Gobierno asumiría la operación y el mantenimiento durante todo el tiempo de vida del proyecto, así como el pago del préstamo, los sobrecostos y atrasos en la construcción. Bajo el esquema propuesto, el Gobierno pagará por disponibilidad, o sea, hasta que la infraestructura esté 100% concluida y en operación y el concesionario cumpla con los estándares de servicio y mantenimiento convenidos contractualmente.

En el estudio de factibilidad, el modelo propuesto fue validado mediante un test de mercado y tuvo aceptación positiva entre las empresas consultadas, dado que tiene cualidades que lo hacen atractivo al sector privado y tiene riesgos que pueden ser asumidos por ese sector. En tal validación, afirmaron las autoridades, participaron firmas con experiencia en edificaciones públicas en América Latina, grupos financieros locales e internacionales y empresas constructoras.

“La Institución se siente muy complacida y fortalecida con este proyecto. Estamos en la procura buscar más proyectos de concesión que aporten al portafolio con el afán promocionarlos e impactar positivamente en la economía nacional y la calidad de vida de los costarricenses”, indicó José Manuel Sáenz, Secretario Técnico del CNC.

El Gobierno detalló que cada año las instituciones que se trasladarán a Ciudad Gobierno gastan en edificios alrededor de $42.5 millones de dólares, incluyendo el alquiler, la operación y el mantenimiento.

De no ejecutarse este proyecto, el gasto durante 30 años por dichos rubros sería de US $2.841,4 millones. Aunado a ello, el gasto sería en edificios alquilados y dispersos en San José, lo que provoca costos de desplazamiento.

El beneficio financiero para el Estado se estima en $357.8 millones durante los 30 años de la concesión. Los ahorros comenzarán a incrementar desde el año 2026, cuando alcanzarán US$1,5 millones y crecerán hasta US$49,9 millones en el último año de concesión.

“Ciudad Gobierno le permitiría al Estado no pagar muchos arrendamientos, estar en sus propios edificios y dedicar esos montos a mejorar la calidad de los servicios y de las instalaciones, en beneficio de las personas usuarias”, aseguró Elian Villegas, ministro de Hacienda.