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Imagen principal del artículo: 43 diputados aprueban ampliar concepto de feminicidio y otros delitos contra las mujeres
Foto: Nicole León

43 diputados aprueban ampliar concepto de feminicidio y otros delitos contra las mujeres

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un proyecto de ley que amplía los conceptos de feminicidio y otros delitos contra las mujeres en el país.

Se trata del expediente 21.793 presentado por la diputada Aida María Montiel Héctor (PLN-Guanacaste) y el cual recibió 43 votos a favor y ninguno en contra. 

Esta iniciativa acuña en la normativa penal costarricense uno de los tres escenarios del denominado "feminicidio ampliado" creado a partir de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como "Convención de Beem do Para".

Con la reforma, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres aplicará para conductas tipificadas como delitos dirigidas contra una mujer, en el contexto o con ocasión de una relación o vínculo de pareja, ya sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.

Entre las reformas que incluye se encuentra el que el femicidio, entendido como el acto de dar muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, será penado con cárcel de 20 a 35 años, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.

De igual forma, el maltrato físico o golpes sin causar incapacidad cometidos en las circunstancias de relación o vínculo anteriormente mencionadas serán penados con cárcel de tres meses a un año; subiendo a seis meses o hasta un año si se origina una incapacidad menor a cinco días; y llegando a ser de ocho meses y hasta dos años de cárcel si la incapacidad provocada es superior a cinco días y hasta por un mes.

También se amplía el ámbito de aplicación de la pena por "Restricción a la libertad de tránsito" en los mismos términos de relación o convivencia, siendo penado con cárcel de dos a diez años; lo mismo que para el delito de "Ofensas contra la dignidad", con pena de seis meses a dos años.

De igual forma, se amplía el ámbito de aplicación de la pena de dos a cuatro años de cárcel por el delito de restricción a la autodeterminación, entendido como el uso de amenazas, violencia, intimidación, chantaje, persecución o acoso para obligar a una mujer a hacer, dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está obligada.

Asimismo, las amenazas a una mujer, su familia o a una tercera persona íntimamente vinculada por parte de quien haya mantenido o mantenga una relación o vínculo de pareja, será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años.

También se amplía el ámbito de sanción por violación, penado con cárcel de 12 a 18 años; abuso sexual con cárcel de tres a seis años; explotación sexual de una mujer con cárcel de dos a cinco años; sustracción patrimonial con cárcel de seis meses a tres años; daño patrimonial con cárcel de tres meses a dos años (siempre y cuando no se configure otro delito con pena más alta); limitación al ejercicio del derecho patrimonial con cárcel de ocho meses a tres años; y el fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales con cárcel de dos meses a tres años si el monto defraudado no excede de 10 veces el salario base, pues si es mayor la pena será de seis meses a diez años.

Finalmente se incluye el mismo contexto de relación o vínculo para sancionar los delitos de distracción de las utilidades de las actividades económicas familiares, penado con cárcel de seis meses a un año; y el de explotación económica de la mujer con cárcel de seis meses a tres años.

Otra de las reformas que incluye el proyecto salido de la Comisión es incluir una nueva circunstancia bajo la cual el Tribunal deberá ordenar prisión preventiva del imputado: cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo.

Cuando la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez deberá tomar en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, ya sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.

Breves

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.399 que constituye el tercer presupuesto extraordinario de este 2021.

El proyecto incorpora más de ₡36.780 millones de colones para reforzar programas de asistencia social, así como ₡6345,2 millones en otros gastos ineludibles y programas estratégicos incluyendo la organización de las Elecciones Nacionales 2022. Dichos aumentos no implican la emisión de nueva deuda, toda vez que el proyecto también incorpora los recursos provenientes de la ley N° 9925, mismos que permiten un cambio en la fuente de financiamiento de gastos ya autorizados en el Presupuesto de la República y permiten más bien un rebajo neto de ₡68.023,93 millones en la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna.

Los recursos incorporados en los programas sociales permitirán cubrir casi 130.000 personas beneficiarias del Régimen No Contributivo (RNC), así como 7000 menores de edad en centros de cuidado y albergues del Patronato Nacional de la Infancia. La asignación de recursos adicionales al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Instituto Nacional de las Mujeres y a CEN-CINAI, permitirá beneficiar a la población de personas adultas mayores en situación de abandono, mujeres víctimas de violencia y el cuido de niñas y niños en todo el país.

Adicionalmente se proveen recursos para el Programa Nacional de Empleo, con el fin de brindar capacidades y habilidades a personas jóvenes para optar por un empleo, financiamiento para becas estudiantiles por medio de la Universidad Técnica Nacional, así como capital para el Ministerio de Cultura y Juventud, que permita disponer de fondos concursables para artes escénicas, audiovisuales y sector literario.

La incorporación de los recursos aprobados por medio de la ley N° 9922, por más de ₡96.219,25 millones, permitirá el inicio de las contrataciones necesarias para el proyecto de Hacienda Digital para el Bicentenario, mismo que busca facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público, facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes.

Así mismo, se busca hacer un uso eficiente de recursos en el orden de ₡8.443,4 millones provenientes de superávits específicos para financiar gastos corrientes sin recurrir a la emisión de nueva deuda y el uso de ₡2.730,5 millones correspondientes a “Reintegros y Devoluciones” con el fin de destinarlos a dos obras de vital trascendencia para el Ministerio de Cultura y Juventud como lo son la finalización de las obras en el Centro Nacional de la Música y el Parque para el Desarrollo Humano en el cantón de Alajuelita.

— Con 11 votos a favor y 33 en contra se rechazó darle un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.304 denominado Ley de igualdad en la inscripción de los apellidos, el cual se archivará por vencimiento de su plazo de tramitación este martes 9 de marzo.

La iniciativa planteaba una reforma del artículo 49 del Código Civil de tal forma que se estipulara que los progenitores acuerden el orden de transmisión del primer apellido antes de la inscripción registral. En caso de desacuerdo o de no haberse hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, la persona encargada del Registro Civil requerirá a los progenitores o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días hábiles comuniquen el orden de apellidos. Si transcurrido dicho plazo no hay acuerdo expreso, la persona encargada del Registro Civil determinará el orden, designando como primer apellido, el  primer apellido de la madre.

Por otra parte, se planteaba la modificación del artículo 52 del Código Civil estipulando que cuando los padres no sean cónyuges entre si y cuando solo se constate la identidad de uno de los progenitores del niño, se le podrán los apellidos de esta persona.