El Congreso de Colombia aprobó, el jueves de la semana anterior, una modificación al Código Penal que impondrá de 24 a 72 meses de prisión a quienes vendan o suministren sustancias dopantes a los deportistas o equipos deportivos.

La medida busca que las condenas eviten el tráfico de sustancias para mejorar el rendimiento, en un país afectado desde hace años por resultados positivos de dopaje en la halterofilia y el ciclismo, principalmente.

Según el nuevo texto, se castigará al:

Profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o persona de apoyo del atleta que... sin justificación terapéutica, y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, (...) le suministre sustancias o procedimientos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)"

Las penas aumentarán cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad, se realice mediante engaño o coacción, o cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé autoridad sobre la víctima.

De igual manera, la pena aumentará cuando se realice la práctica anteriormente nombrada en un escenario deportivo.

En alusión a este tema, el ministro del Deporte colombiano, Ernesto Lucena Barrero, indicó a RCN:

Nuestros deportistas reciben la noticia con felicidad y entienden que la base del éxito del alto rendimiento tiene que ser basado sobre la premisa del antidopaje y ahora iniciaremos una campaña pedagógica para no tener que sancionar a las personas. El deporte colombiano da un paso más al juego limpio”

Según el jerarca, la idea es que nadie saque ventaja con los deportistas, sobre todo quienes están comenzando en la práctica deportiva. En otras palabras, evitar que haya redes de dopaje concentradas en convencer a los jóvenes para utilizar estas sustancias dopantes.

En ese sentido, Colombia se convirtió la semana pasada en el primer país de América Latina que impone sanciones tan rigurosas, siguiendo así los pasos de potencias como Estados Unidos o China.