Por Kiara Esquivel - Estudiante de la carrera de Economía Empresarial
La implementación de políticas en una economía se realiza con el fin de alcanzar determinados objetivos, para ello, las autoridades a cargo hacen uso de ciertos instrumentos y medidas. De este modo, según el uso que estas autoridades les den a dichos instrumentos, podrían referirse a una política cuantitativa, cualitativa o de reforma, las cuales pretenden desde modificar una parte hasta cambiar en su totalidad los fundamentos del sistema económico de un país en específico.
No obstante, la creación y aplicación de las políticas económicas en un país también se ven influenciadas por ciertos agentes sociales y políticos, como lo son los diferentes grupos de presión. Dichos grupos se caracterizan por estar conformados por individuos que comparten intereses particulares, los cuales intentan defender y, en algunos casos más extremos, imponer mediante la presión que ejercen sobre los diferentes entes a cargo de decidir e implementar las políticas en el país. En el caso de Costa Rica, se ha logrado observar este fenómeno en el transcurso del presente año, debido a que, a pesar de la coyuntura en la se encuentra el país con el continuo deterioro de las finanzas públicas —resultado de los altos niveles de gasto del Gobierno Central que superan los ingresos que percibe—, no se han logrado ejecutar las medidas fiscales que se necesitan para mejorar la situación macroeconómica del país.
Es así como, para el pasado mes de setiembre, según datos obtenidos del Ministerio de Hacienda, los gastos totales del gobierno fueron de 5 507 799,3 millones de colones y los ingresos totales de 3 803 283,4 millones de colones, por lo que, únicamente durante este mes, la diferencia fue de 1 704 515,9 millones de colones. Esto resultó en que alcanzáramos un déficit financiero del 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), y se estima que este déficit cerrará en un 6,2% al finalizar el año.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las medidas propuestas durante el año por el Ministerio de Hacienda, algunos partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa han complicado el proceso de implementación de estas, en gran parte como resultado de la presión generada mediante las huelgas de los diferentes grupos de presión, los cuales se han empeñado en defender ciertos privilegios, principalmente los relacionados a pluses y salarios. Por ejemplo, para el mes de setiembre, el 31,7% de los gastos totales del Gobierno Central fue destinado al pago de remuneraciones del sector público.
Asimismo, para este mes, el país sufrió las consecuencias sociales y económicas de la huelga realizada por sindicatos que se negaban a aceptar la aplicación de reforma fiscal por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con la cual se pretendía ajustar los pluses y anualidades de este sector considerando que, entre 1.400 empleados, gozan de salarios que rondan entre los 5 y 17 millones de colones. No obstante, a pesar del llamado de la Controlaría a los funcionarios, el país se vio afectado en materia de salud cuando en algunos días, como resultado de la huelga, únicamente el 46% de los quirófanos ofrecieron sus servicios. Asimismo, el país se vio impactado por una huelga organizada por grupos estudiantiles de universidades públicas, que se rehusaban a la variación en la forma que se transferirían los recursos del FEES, según el Presupuesto Nacional 2020, presentado por el Ministerio de Hacienda.
Sin duda alguna, contemplando la actual situación, el país requiere de políticas firmes y estructurales para afrontar la crisis que sufre, y no únicamente en el área fiscal, ya que esta también ha estado acompañada del deterioro de otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el alto nivel de desempleo, el cual para el segundo trimestre fue de un 11,9%, y la población femenina fue la más afectada con un desempleo del 15%; sin dejar de lado el alarmante nivel de empleo informal que sufre el país, el cual a este momento es mayor al 45%.
No obstante, es una realidad que las políticas para hacer frente a los problemas estructurales de la economía costarricense seguirán siendo inviables o estarán bajo un entorno de aplicación un tanto difícil y limitado hasta que la población cuente con una adecuada cultura en materia económica, ya que, como se ha demostrado, es la compresión económica de estos temas la que guía las decisiones del gobierno.
Por esta razón, si no existe este racionamiento, las políticas que requiere el país seguirán siendo impopulares y serán pocos los políticos que tendrán el valor de enfrentarse a la temida sanción electoral de los votantes. De esta forma, aunque Costa Rica requiera urgentemente de medidas estructurales, e incluso cuente con los profesionales y las propuestas para hacer frente a la situación económica que atraviesa, si estas no van acompañadas de medidas para facilitar a los ciudadanos el acceso a la educación económica y difundir de esta manera la cultura económica en escuelas, colegios, universidades y hogares, seguiremos siendo víctimas de la ignorancia, la cual nos continuará dando las “políticas que merecemos”.
