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Congreso aprueba reforma a Ley de Usura; Comisión 'arregla' trámite de Ley de Empleo Público

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, en sesión extraordinaria, la reforma a la reciente Ley de Usura, con el fin de realizar modificaciones consideradas "urgentes" por diversos actores económicos.

La iniciativa recibió 43 votos a favor y solo uno en contra, correspondiente a Yorleny León del Partido Liberación Nacional (PLN), quien se apegó a un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso que advirtió que un transitorio incorporado en la redacción, es inconstitucional por pretender tener efectos retroactivos, siendo que existe el principio de irretroactividad de las normas.

¿Qué reformas trae este proyecto? En detalle, pueden verse en este enlace comparativo, sin embargo, acá las resumimos:

Se eliminó la obligación de todos oferentes de crédito de solicitarle al potencial deudor una autorización para tener acceso a la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes para evitar el sobreendeudamiento del consumidor financiero. En su lugar, se dejó como una potestad de los oferentes de crédito no supervisados por la Sugef.

Asimismo, se eliminó la obligación de los oferentes de crédito de informar las modificaciones del contrato original y las adendas o anexos para que los clientes pudieran determinar si mantenían la relación contractual o no. En su lugar, el texto incorpora el señalamiento de que los oferentes no podrán modificar ninguna condición de la operación crediticia de forma unilateral una vez suscrito el contrato.

Por otro lado, esta reforma elimina la obligación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de implementar en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) un sistema para realizar deducciones de cuotas para pago de los créditos en los cuales un trabajador hubiese solicitado la retención salarial por parte del patrono. En su lugar, la situación se mantendrá tal y como es ahora.

También se eliminó la prohibición de hacer deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable al que se refiere el artículo 172 del Código de Trabajo; para en su lugar establecer que las deducciones podrán llegar hasta ese mínimo pero además, las deducciones previamente autorizadas por el trabajador para pagar sus operaciones de crédito o afiliaciones a organizaciones de base asociativa social (por ejemplo sindicatos), también podrán cobrarse aún tocando ese salario intangible e inembargable.

Por otro lado, se eliminó la sanción por otorgar un crédito cuyo pago implique irrespetar el salario mínimo intocable, para en su lugar establecer que el trabajador podrá demostrar su capacidad de pago no solo con sus ingresos salariales, sino con cualquier otro, con cualquier medio probatorio.

El transitorio potencialmente inconstitucional por el que la diputada Yorleny León votó en contra señala que las condiciones sobre la forma de pago para operaciones de crédito vigentes antes de la Ley de Usura, deberán seguir siendo deducidas de los salarios y pensiones según corresponda.

Breves

— Con 47 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó en segundo debate la "Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres" propuesta por el diputado José María Villalta, que pretende agilizar la obtención de permisos para realizar eventos deportivos en vías públicas.

LEA MÁS: Aprobada la ley que agilizará la obtención de permisos para eventos deportivos en vías públicas

— En la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor: se aprobó una moción para llamar en audiencia al Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, para que se refiera a los problemas de accesibilidad que tiene el nuevo edificio legislativo para personas con discapacidad.

Esa comisión, además, dictaminó afirmativamente el expediente 21.735 Declaración de Benemeritazgo al Hogar de Ancianos Santiago Crespo; y enviaron al archivo al rechazar los expedientes 21.634 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el expediente 21.912 Ley para fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en la atención de las personas adultas mayores; el expediente 20.771 Creación y dotación del Centro de Empoderamiento Social y Emprendimientos Inclusivos Asorli, Limón; y el expediente 21.634 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N.º 5662.

— En la Comisión de Turismo: se dictaminó afirmativamente el expediente 21.408 Ley para eliminar la duplicidad de funciones en la concesión de aguas para la cuenca del Río Reventazón, con lo cual no se requerirá en adelante el visto bueno del ICE para la otorgación de dichos permisos, dejando la decisión únicamente en la Dirección de Aguas del MINAE.

— En la Comisión de Asuntos Municipales: se dictaminó afirmativamente el expediente 21.815 Reforma parcial a la Ley 7717, del 4 de noviembre de 1997, Ley reguladora de estacionamientos públicos, con el cual se otorga a las municipalidades la administración de los permisos de funcionamiento y control de los estacionamientos públicos.

— En la Comisión de Agropecuarios: se dictaminó afirmativamente, por unanimidad, el expediente 22.009 Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo. La iniciativa establece un marco legal que da seguridad jurídica a los actores de la generación distribuida en el país y se plantea reducir en hasta 50% las tarifas eléctricas, ya que los consumidores no dependerán de los proyectos eléctricos más grandes. Además, la iniciativa declara de interés público la investigación y el fomento de las energías renovables no convencionales y crea un fondo de energías renovables y se promueve la generación distribuida comunal compartida que ayudaría al menos a unas 7500 familias que no tienen acceso a la electricidad.

— En la Comisión de Hacendarios: se rechazó y envió al archivo por unanimidad el expediente 22.132 Préstamo entre Costa Rica y el BID para financiar el programa para proteger los empleos e ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus en Costa Rica, por lo que ahora el Gobierno deberá renegociarlo para disponer de los recursos.  Se trataba de 245 millones de dólares y 20 millones de dólares adicionales no reembolsables.

La Comisión optó por rechazarlo ante la imposibilidad de hacerle enmiendas y ante la absoluta incapacidad del Poder Ejecutivo de poder justificar, precisamente, el destino de estos dineros.

— En la Comisión de Gobierno y Administración: el presidente del foro, Víctor Morales Mora del PAC, declaró la nulidad de todo lo actuado el martes cuando se discutieron, votaron, rechazaron y aprobaron mociones del expediente 21.336 Ley Marco de Empleo Público, debido a que se violentó el principio de publicidad legislativa al no haber sido posible que el público ni la prensa presenciaran, vieran o escucharan lo que ocurría en esa comisión debido a problemas técnicos.

Servicios Técnicos le recomendó a Morales declarar la nulidad de lo actuado y repetir el proceso, lo cual ocurrió, volviéndose a aprobar la polémica moción que incluye a los funcionarios actuales en el esquema de salario global, incluyendo los poderes de la República, el sector público descentralizado y las empresas e instituciones en competencia.

La discusión por el fondo, nuevamente, no se concluyó así que será en la próxima sesión que podría dictaminarse la iniciativa.

— En la Comisión de Infraestructura: se dictaminó el expediente 21.674 que da un plazo de tres meses al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Banco Central de Costa Rica y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para implementar el sistema de pago electrónico en el transporte público, mediante tarjetas de débito, crédito o cualquier otro método que faculte el pago sin efectivo.

Asimismo, esta comisión por algún motivo total y absolutamente desconocido y por demás cuestionable, dictaminó afirmativamente el expediente 20.799 que pretende crear una Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Este proyecto fue asignado originalmente a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde corresponde, pero por algún motivo fue trasladado a la Comisión de Asuntos Municipales ¡y luego a la Comisión de Infraestructura!