Aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede darse la libertad de afirmar —sin evidencias— que hubo fraude electoral en su contra en las elecciones del pasado 3 de noviembre, sus abogados en los diversos estados donde ha planteado demandas para detener conteos o anular votos acumulan revés tras revés.

The Washington Post publicó este miércoles un análisis en el que señala que los abogados del magnate han sufrido "vergonzosas derrotas" en los estrados judiciales, cuyas transcripciones han ido publicándose en las redes sociales evidenciando que, a pesar de los numerosos señalamientos de fraude, a la hora de las audiencias los abogados afirman que no tienen evidencia de ello.

Una de las más notables hasta ahora tuvo lugar en Pensilvania, estado ganado por el demócrata Joe Biden y que representa 20 cruciales votos electorales sin los cuales Trump no podrá continuar cuatro años más en la Casa Blanca.

El Presidente ha dicho que en Pensilvania no se permitió el ingreso de sus observadores para fiscalizar el conteo de los votos y que por ello exigía detener el conteo. Sin embargo, en una audiencia para escuchar el reclamo, el juez Paul S. Diamond preguntó a los demandantes si habían representantes de los intereses de Trump en el conteo de los votos, a lo que el abogado de la campaña republicana respondió de manera evasiva que había "un número distinto de cero" presente.

El juez, exasperado, reiteró su pregunta y enfatizó que le estaba haciendo la pregunta a un abogado, una advertencia velada sobre las consecuencias que podría tener mentirle a un juez de la Corte. Finalmente, los republicanos reconocieron que sí había fiscalizadores suyos presentes.

Dato D+: En 2016 el juez Diamond rechazó la solicitud de los demócratas de realizar un recuento total de los votos en Pensilvania, luego de la victoria de Donald Trump.

"Lo siento, entonces ¿cuál es tu problema?", le espetó Diamond al abogado de la campaña de Trump. Aunque rechazó la demanda, llegó a un acuerdo con las partes para aumentar a 60 la cifra de observadores de cada partido en el conteo de los votos, a pesar del hecho de que para el viernes de la semana pasada había 12 fiscalizadores republicanos y cinco demócratas en el escrutinio.

El juez también le recordó a ambos partidos que si él llegaba a determinar que alguna parte no había litigado de buena fe, tomaría las acciones correctivas correspondientes.

En otro caso también en Pensilvania, el abogado de Trump, Jonathan Goldstein, reclamaba la nulidad de 592 votos por correo en el condado de Montgomery que, según él, eran inválidos pues no cumplían con requisitos legales para ser contados como tener firma, dirección y fecha del voto.

Según la transcripción de la audiencia, la Corte le preguntó a Goldstein si estaba alegando fraude electoral, pues en la demanda interpuesta no se hacía alusión a ese término en ningún momento o lugar. Nuevamente, el abogado del magnate respondió con una evasiva:

Señoría, acusar a la gente de fraude es un gran tema. Y es raro que llame a alguien mentiroso, y no estoy llamando mentirosa a la Junta del [Comité Nacional Demócrata, DNC] o a cualquier otra persona involucrada en esto. Todo el mundo está a aquí de buena fe.  Creemos que [contar los votos] fue un error, un error fatal, y esas papeletas no deben contarse.

Nuevamente, el Tribunal le indicó al abogado que estaban haciendo una pregunta específica, para la cual se debía dar una respuesta específica.

—EL TRIBUNAL: Le estoy haciendo una pregunta específica y estoy buscando una respuesta específica. ¿Afirma que existe algún fraude en relación con estas 592 papeletas en disputa?
—GOLDSTEIN: Hasta donde yo sé, no.
—EL TRIBUNAL: ¿Está alegando que existe alguna influencia indebida o inapropiada sobre el elector con respecto a estas 592 papeletas?
—GOLDSTEIN: Hasta donde yo sé, no.

Expertos en ética legal y activistas en favor de la democracia citados por Associated Press señalaron que los abogados deben caminar sobre una delgada línea entre defender a su cliente y cumplir con su juramento profesional, pues de lo contrario, se exponen a sanciones que incluyen el perder su permiso para ejercer la profesión.

“Este podría ser un intento por tranquilizar el ego del presidente, pero tiene consecuencias para el mundo real y para personas de verdad”, dijo a la AP el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Loyola, Justin Levitt, un exfuncionario electoral del Departamento de Justicia.

Su señalamiento de acoger los señalamientos infundados de Trump para alimentar su ego se refuerza por el hecho de que, en este caso, se pretendían impugnar solo 592 votos en un condado donde Joe Biden tiene una ventaja superior a los 130 mil.

Otra derrota legal viralizada en redes sociales para hacer mofa tuvo lugar en Detroit, donde la campaña de Trump pidió suspender el conteo de votos afirmando que un fiscal de los republicanos había dicho que una persona no identificada le dijo que votos por correo que llegaron después del día de la elección estaban siendo estampados con fecha del 3 de noviembre.

La jueza Cynthia Stephens le señaló reiteradamente al abogado de Trump que lo que estaba diciendo era un testimonio de oídas o rumor (hearsay en Inglés), sin embargo, el representante del presidente, Thor Hearne, trató de argumentar que no lo era.

—STEPHENS: Así que quiero asegurarme de entender. La declarante no es la persona que tenía conocimiento de esto. ¿Es eso correcto?
—HEARNE: La declarante tuvo conocimiento directo de primera mano de la comunicación [de otra persona] con el inspector electoral.
—STEPHENS: De acuerdo, lo que generalmente se conoce como rumor, ¿verdad?
—HEARNE: No creo que sea un rumor, señoría. Ese es el conocimiento personal de primera mano por parte de la declarante de lo que observó físicamente.
—STEPHENS: Todavía estoy tratando de entender por qué esto no es un rumor.
—HEARNE: Bueno, es, es, yo...
—STEPHENS: Entiendo absolutamente lo que dice la declarante, que escuchó que alguien le decía. Pero aparte de eso, no sé cuál es su relevancia.
—HEARNE: Correcto. Yo diría, Señoría, esta es una declaración fáctica de primera mano hecha por la Sra. Connarn [la declarante], y ella ha hecho esa declaración basada en su propia evidencia física y conocimiento de primera mano.
—STEPHENS: "Escuché a alguien decir algo". Dime por qué eso no es un rumor. Venga hombre.
—HEARNE: Bueno, es una declaración de primera mano de...
—STEPHENS: Es una declaración extrajudicial. Usted pretende que yo encuentre un atisbo de verdad en algo que a ella le dijeron.

Finalmente, el abogado republicano dijo que lo que estaban solicitando era que los fiscales de la campaña de Trump tuvieran acceso cercano a las mesas donde se contaban los votos.

En una sentencia escrita posterior, la jueza Stephens calificó el argumento de la campaña de Trump como "un inadmisible rumor dentro de un rumor", desestimando la petición. Aunque los republicanos apelaron, el Tribunal de Apelaciones de Michigan reprendió al abogado de Trump y rechazó su solicitud al señalarle que no había presentado documentación mínima requerida. “Lamento informarle que su apelación es defectuosa”, escribió el tribunal.

Otra derrota legal se registró en Georgia. En el condado de Chatham, al igual que en Michigan, la campaña de Trump alegó que a 53 votos por correo se les estampó una fecha previa a la que fueron entregados para que pudieran ser contabilizados. En Georgia la ventaja de Joe Biden sobre Trump supera los 14 mil votos.

A la hora de la audiencia, los dos testigos aportados por los republicanos declararon bajo juramento que no podían afirmar que esos votos hubiesen entrado después de la fecha límite, mientras que los dos miembros de la Junta Electoral local declararon que, de hecho, fueron recibidos a tiempo.

El juez James Bass desestimó el caso en una sentencia de una oración compuesta por ocho palabras: "Estoy denegando la solicitud y desestimando la petición", y levantó abruptamente la audiencia.

En una sentencia escrita posterior, el juez amplió a: “la Corte determina que no hay evidencia de que las boletas a las que se hace referencia en la petición hayan sido recibidas después de las 7:00 p.m. del día de las elecciones, invalidando esas papeletas. Además, no hay evidencia de que la Junta de Elecciones del Condado de Chatham o la Junta de Registradores del Condado de Chatham hayan incumplido la ley".

A nivel nacional la estrategia legal de Trump está en manos de su abogado personal Rudy Giuliani; el operador político David Bossie, quien no es abogado de profesión; y Jay Sekulow, un abogado y presentador de programas de entrevistas de radio.

El experto en derecho electoral, Rick Hasen, dijo a la AP que si Trump tuviera un caso sólido, esperaría ver la participación de reconocidos litigantes ante la Corte Suprema, como los exfiscales generales Paul Clement o Theodore Olson.

“Hay algunos nombres de abogados reconocidos que le indican a la Corte Suprema que algo es serio”, dijo Hasen, profesor en la Universidad de California.