Por Kenneth Alexander Cubillo Vargas – Estudiante del Club de Debate de ULACIT
La vida y la muerte: sin duda, una dicotomía que a lo largo de la historia ha generado grandes discusiones. Son dos aspectos que se nos da al momento de nacer, ambas son nuestras, un derecho que se nos regala y, por tanto, cualquiera daría por hecho que podemos hacer uso de ellas según nuestros deseos y criterios, pero por múltiples razones –principalmente la ética y la moral— la dinámica de ambas no es así, mucho menos cuando de la muerte se trata. Las reglas que la sociedad ha puesto han generado unos lineamientos con los que debemos de cumplir por el paso de esta vida y esto permea también las decisiones que tomemos respecto a cómo deseamos morir (si es que se tiene el chance de poder tomar esta decisión planificada en caso de una enfermedad terminal).
Hacemos referencia a un acto de decisión propia cuando se tiene una enfermedad terminal o una situación de salud particular por la que deseamos poder tener control respecto de cómo deseamos pasar nuestros últimos días y sobre cómo queremos, paradójicamente, vivir esos últimos segundos antes de ponerles fin. En Costa Rica el tema de la eutanasia ha sido un aspecto muy discutido y, cada vez que se pone en la mesa, genera grandes debates y polariza al país, pasando por una discusión generada desde diversas aristas —siempre con un gran peso religioso—. La eutanasia pasiva voluntaria es aceptada en nuestro país sustentada en el artículo 46 del Código Civil (Vega, 2019) y, si bien es cierto el objetivo de este artículo no es describir los tipos de eutanasia existente, esta deja la decisión de cómo y cuándo deseo morir en alguien más. Para que este proceso sea un aspecto que recaiga en una toma de posición y decisión propia, debería ser voluntaria y activa, en la que yo como persona con plena capacidad jurídica, cuando pase por una enfermedad terminal o situación de salud que genere sufrimiento, pueda tener la capacidad de decidir la caracterización de mi muerte sin que esto genere consecuencias legales a la persona que colabore con esta decisión, tal cual es ya penado por la ley de nuestro sistema judicial y que esta establecido en el artículo 116 del Código Penal de Costa Rica (Mata y Valverde, 2017).
Costa Rica siempre ha pregonado la bandera de ser un país democrático y de derechos (Mata y Valverde, 2017) —en ocasiones, bajo ciertos parámetros, pareciera que es un título autoimpuesto y falso— y, por lo tanto, deberíamos redireccionar nuestros esfuerzos y luchas para que esto realmente sea así. Desde un aspecto bioético y de compasión por las demás personas, cada quien debería ser libre de poder tomar la decisión (bajo las condiciones que ya se mencionaron reglones arriba) de cómo, cuándo, dónde y quién va a intervenir en el momento de su muerte. De esta manera, podría cambiar la percepción de la conceptualización que se tiene de la eutanasia como un homicidio o un acto de suicidio asistido, como muchos de sus opositores lo llaman.
Pareciera ser que aún pesa más en nuestro país un conflicto que pasa por un tema político-religioso, de un peso mayor de contraposición de códigos éticos, por ejemplo, de los gremios del área de la salud, en donde prima la garantía y seguridad médica y se ve a la persona como un objeto médico y no tanto como un ser de derechos humanos que merece una muerte digna, que merece calidad de vida y que es autónomo con funciones ejecutivas que le permite la toma de decisiones; en especial cuando se habla de ponerle fin al sufrimiento y el dolor. Sin temor a equivocación, hoy la eutanasia en Costa Rica definitivamente sigue siendo una decisión ajena.
