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Informe minoritario da por 'probados' 11 hechos irregulares cometidos por Catalina Crespo

El informe de minoría presentado por la Comisión Especial Investigadora de las denuncias presentadas contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, dio por "probado" que la jerarca incurrió en 11 hechos irregulares que ameritan su remoción del cargo.

Según el informe aún confidencial, pero del cual Delfino.cr tiene copia, Crespo es responsable de 11 de los 14 hechos que se le imputaron ante la Asamblea Legislativa a través de diversas denuncias y que llevaron a Eduardo Cruickshank a integrar el foro encargado de analizar en primera instancia los reproches formulados.

Este medio hace público el informe de minoría por cuanto no le alcanza la confidencialidad del proceso; porque dicha confidencialidad es además cuestionable, y porque el informe de mayoría ya ha circulado desde hace varios días en las redes sociales.

Como primero hecho probado, los diputados Otto Roberto Vargas Víquez y Nielsen Pérez Pérez, quienes suscriben el informe de minoría, afirman que en el periodo en que ha estado vigente su nombramiento, Catalina Crespo ha deteriorado la magistratura de influencia mediante la cual actúa la Defensoría de los Habitantes en beneficio de los derechos de la población costarricense, coartando la credibilidad ante la ciudadanía, rompiendo relaciones con organizaciones de sociedad civil y fallando en el ejercicio básico de sus funciones.

Para probar ello, los diputados recuerdan que cuando Catalina Crespo acudió al Plenario a presentar su informe de labores, recibió sendas solicitudes de renuncia de todas las fracciones políticas (excepto Restauración Nacional), debido al mal desempeño en el cargo y otros cuestionamientos.

Se cita como prueba, además, el testimonio de Jeannette Carrillo Madrigal en una de las sesiones privadas de la Comisión Especial, en la que señaló que Crespo tiene un "comportamiento permanente precipitado, poco transparente, de falta de cuidado en su gestión, y en muchas de las ocasiones, con roces de legalidad, debilitando el ambiente de control, y poniendo en riesgo el control interno y por supuesto, la credibilidad de la institución". Sobre este hecho probado recaen además seis pruebas documentales y cuatro pruebas testimoniales.

El segundo hecho probado es que entre el 3 y 10 de agosto Catalina Crespo realizó cambios arbitrarios, indebidos y sin rigor técnico del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes con el fin de cambiar la naturaleza y suprimir técnicamente el Consejo de Directoras y Directores, como respuesta a la solicitud de renuncia realizada en el seno de dicho órgano. Este señalamiento lo respaldan seis pruebas testimoniales y cinco pruebas documentales.

La tercera acusación que se considera probada es que tras el nombramiento de una funcionaria de la Dirección de Niñez y Adolescencia como Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Crespo emitió una orden para limitar la comunicación entre la Dirección y dicha funcionaria, aludiendo conflictos de interés sin fundamento técnico, legal ni procedimental, evidenciando desconocimiento de la Ley 8292 e impericia en su accionar. Esto lo respaldan cinco pruebas documentales aportadas al expediente.

Le sigue el hecho probado número cuatro con tres pruebas testimoniales y siete pruebas documentales que señalan que, desde el 10 de marzo, ha habido un intento orquestado desde el Despacho de la Defensora de los Habitantes por nombrar de manera irregular a la señora Tirza Cháves Valdivia, conocida de la Defensora y esposa del exdefensor y exdiputado, José Manuel Echandi, en un puesto a lo interno de la institución, el cual se logra materializar posteriormente en un puesto de la Dirección de Admisibilidad tras desconocer informes de la Auditoría Interna.

Como quinto hecho probado se señala con dos pruebas testimoniales y una documental que Catalina Crespo, en ejercicio de sus potestades como jerarca, desarrolló una serie de acciones con el fin de tomar control sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, excediendo sus potestades e incurriendo en una obstaculización de las funciones que ejerce dicho órgano, relacionadas directamente con la protección de los derechos de las personas en el Sistema Penitenciario.

De seguido, se señala como sexto hecho probado sustentado en dos fuentes testimoniales y tres documentales que, en contraposición a la naturaleza de la Defensoría de los Habitantes, la gestión de Catalina Crespo ha estado marcada por un desinterés por la promoción y defensa de los derechos humanos.

Por ejemplo, se cita que a pesar de que hay un compromiso a nivel internacional en cuanto a ser el Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a pesar de que Crespo tiene casi dos años de haber sido elegida, ese mecanismo no ha sido integrado y las plazas están a punto de perderse por motivos de recorte presupuestario. También se señala que la Defensoría, por orden de Crespo, puso en marcha campañas publicitarias sin criterio técnico que tuvieron reacciones adversas pues, por ejemplo, instaban a "contar hasta 10" ante situaciones de violencia, algo contrario a las disposiciones, recomendaciones internacionales y locales en este campo.

También se da por probado, con cinco pruebas documentales y dos testimoniales, que la Defensora de los Habitantes promulgó una reforma al macroproceso de defensa de los derechos e intereses de los habitantes que incluyó elementos sin el aval y conocimiento de la Comisión revisora, atribuyéndose funciones que no le corresponden y debilitando el componente de ambiente de control del Sistema de Control Interno de la Defensoría.

La octava acusación probada es que Catalina Crespo, de manera contraria al principio de publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas, declaró confidencial numerosa documentación emitida de manera interna sin contar con resoluciones técnicas que le respalden.

En el tema de la transparencia, déjeme decir, que con gran preocupación hemos visto el uso del sistema de registro de información que no se acostumbra en la Defensoría, de manera unilateral declarando confidenciales documentos que no lo son, documentos por ejemplo, como la consulta que se hizo a la dirección jurídica que ustedes tienen el expediente, para —no puedo decirlo de otra manera — intentar evadir el control de la Asamblea Legislativa sobre su persona. Ese documento, nos dimos cuenta hasta el final, porque fue identificado en el sistema como confidencial.
—Jeannette Carrillo Madrigal

Como hecho probado nueve figura que Catalina Crespo violentó la privacidad de los expedientes personales y datos sensibles de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes autorizando, sin acto administrativo que autorice ni justifique, al asesor Fabricio Chavarría a realizar estudio de los mismos sin brindar justificación.

Nos llegaron una serie de denuncias de que este asesor Francisco Chavarria estaba utilizando los expedientes personales de algunas personas sin que existiera algún acto que autorizara estar revisando esa información. Ahí hay información sumamente confidencial, privada, y digamos, cuando hicimos las consultas lo único que nos dijo la Defensora de los Habitantes era que ella había dado la autorización y de esa forma llegaron a recursos humanos indicando únicamente que ella había dado la autorización y no constó en ningún expediente alguna autorización por escrito.
—David Walsh JIménez

El décimo hecho probado es que Crespo Sancho realizó un manejo negligente e imperaz del informe de la investigación sobre la UPAD, recomendando la eliminación de recomendaciones en el informe investigación, y violando el ordenamiento jurídico mediante un encubrimiento a Rodolfo Piza Rocafort a través de la eliminación de su nombre del informe final.

Como parte de las pruebas se cita el testimonio de Hazel Díaz Meléndez, quien afirmó que Crespo denominó la investigación como “Investigación de oficio, preliminar y expedita”, algo que desde el punto de vista del macroproceso no existe: son tres investigaciones en una y se cambió esa categoría en menos de una semana.

Además, la funcionaria afirmó que el informe que redactaron no estaba dirigido a ser una relación de hechos, pero Crespo le dio esa denominación: "La Defensoría lo que hizo fue, renunciar a ejercer su responsabilidad administrativa, al trasladarle esto a la Fiscalía, y prueba de ello es que, a este momento, la gestión de datos en este país sigue igual de mal o peor que como estaba el 24 de febrero de este año".

Finalmente, el hecho probado número 11 es que Crespo hizo un manejo negligente e imperaz de la investigación interna realizada tras la pérdida del audio de la reunión que sostuvo con el Presidente de la República por el caso UPAD, lo cual ha provocado que no se logren concretar los procesos para investigar y determinar a las personas responsables.

Se cita como prueba, entre otras, la declaración de la contralora general, Marta Acosta, quien afirmó que la defensora le pidió personal de su institución para hacer una investigación preliminar, algo a lo que ella debió negarse porque "evidentemente la potestad disciplinaria sancionatoria es responsabilidad de cada jerarca".

El diputado Jorge Luis Fonseca, presidente en ejercicio de la Asamblea, anunció que el próximo miércoles 16 de septiembre se dará la discusión de ambos informes presentados por la Comisión. Para quitar a Crespo del cargo se requerirá mayoría absoluta de los diputados que estén presentes.

Breves

— Con 35 votos en contra y 5 a favor, se rechazó darle un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.100 impulsado por el Frente Amplio, denominado Ley de impuesto a las ganancias excesivas de los bancos e incentivo para el rebajo de intereses a las personas.

— Con 40 votos a favor y ninguno en contra se aprobó dispensar de trámite el expediente 22.173 que pretende derogar las Leyes 322 y 840 promulgadas por la Junta Fundadora de la Segunda República, con las cuales se declaró traidor de la Patria a Rafael Ángel Calderón Guardia.

— Con 41 votos a favor y ninguno en contra, se rechazó la liquidación del Presupuesto Nacional 2019 presentada por el Ejecutivo. Este rechazo es una mera formalidad y a pesar de los motivos del rechazo, la acción legislativa no tiene efectos tangibles.

— Finalmente, con 41 votos a favor y ninguno en contra se aprobó una moción para que la Asamblea suspenda las sesiones del 7 al 16 de octubre, para poner en marcha la logística necesaria para el traslado al nuevo edificio. La primer sesión de Plenario en el nuevo edificio tendrá lugar el 19 de octubre.