Por Jennifer Arce Canessa - Estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental
“Más vale caer con honor que ganar con fraude” así lo indica Sófocles, un poeta trágico de la Antigua Grecia. Esta frase tan antigua establece que está mal ganar a costa de realizar actos que vayan en contra de lo justo. De acuerdo con la Real Academia Española (2014), el fraude es una “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Actualmente, en el mundo laboral existen muchos factores que tienden a generar en diversos profesionales una conducta fraudulenta. Según el criminólogo Donald R. Cressey (1961), estos “surgen cuando una persona tiene altos estándares de moralidad, probablemente tiene dificultad de cuestionamiento moral cuando está cometiendo un fraude”. Además indica que no tienen principios, se excusan y se justifican con ellos mismos pensando que no hacen nada malo (López y Sánchez, 2012). De esta forma, se puede asumir que los profesionales que realizan fraudes solo buscan su interés personal y dejan de lado el bien común, ya que moralmente consideran que no están realizando actos que puedan generar daños o perjuicios, ya sea legales, emocionales u otros, por su falta de principios.
Ahora bien, el Código de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (2003), establece que todos los miembros incorporados al Colegio están al servicio de la sociedad. Asimismo, el Código indica que tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, ser honestos, imparciales, servir con fidelidad, entre otros. Todos los profesionales que utilicen una conducta que tiende a eludir al Estado, ya sea para evadir impuestos, posicionarse en un cargo, certificarse, cumplir auditorías, entre otros, están incumpliendo con su propia ética juramentada. Por ende, todas las conductas que perjudiquen a la sociedad con el fin del beneficio propio dentro del gremio profesional son inaceptables, ya que el mismo Gobierno estableció reglas que cada uno debe seguir para llevar a cabo las correctas acciones éticas dentro de su lugar de trabajo.
No obstante, muchas personas consideran que el comportamiento de los profesionales fraudulentos se debe al modelo creado por Cressey llamado el triángulo del fraude. El modelo explica que existen tres factores vitales que están presentes en este tipo de personas, los cuales son el poder, la oportunidad y la racionalización o actitud (López y Sánchez, 2012). Estos factores siempre están presentes al momento en que la persona decide realizar algo que va en contra de su ética profesional. Cabe recalcar que en muchos lugares de trabajo, la corrupción y el tráfico de información llega a ser la mayor preocupación de la alta gerencia, además de que muchas jefaturas persuaden a los rangos más bajos para que realicen actos poco éticos (Gonzáles, 2013). Es así como varios profesionales defienden su posición moral, ya que consideran que fueron persuadidos u obligados y no actuaron por su dificultad en tomar decisiones morales o por su falta de principios.
Si bien en su libro Doing Ethics: Moral Reasoning and Contemporary Issues Vaughn (2016) establece que la moralidad es subjetiva e individual, ya que las opiniones o posiciones de cada persona se consideran correctas, en este caso discrepa indicando que, cuando las personas buscan su propio beneficio antes que el de otros, se considera egoísmo ético. A pesar de que exista un modelo que respalda las acciones de las personas fraudulentas, estos individuos consciente e intencionalmente deciden hacerles daño a terceros. Es así como los profesionales fraudulentos, al provocarle un daño a la sociedad, indican que moralmente toman decisiones basadas en su egoísmo.
