Por Pedro Mora y Mauricio Blanco – Estudiante del Club de Debate de ULACIT
En el año 1956, Costa Rica fue el segundo país latinoamericano en introducir el financiamiento estatal de los partidos políticos, decisión que surgió con el fin de eliminar la influencia política de los grupos de poder económico y para garantizar la equidad del proceso electoral (Sobrado, 2009). Sin embargo, existen diferencias entre los mecanismos de financiamiento para partidos de diferentes escalas (por ejemplo, los nacionales, los provinciales y los cantonales). Entonces, cabe aquí preguntarse si el objetivo de la equidad de este financiamiento se está logrando consolidar en la realidad de estas agrupaciones.
Esta contribución plasmada en el artículo 96 constitucional (Asamblea Constitucional, 1949), podría leerse como un subsidio. ¿Un subsidio a qué? Puede ser un subsidio a la organización en partidos políticos, a utilizar tiempo en la política o a participar en las elecciones. Eso sí, esta contribución no es equitativa debido a varias razones. La primera consiste en el piso de votos necesario para acceder a esta contribución. No todos los partidos, a pesar de haber superado todos los requisitos legales para inscribirse, tendrán derecho a este financiamiento.
Sin embargo, hay desigualdades aún más importantes. La deuda política en campañas municipales no está garantizada a nivel constitucional, sino legal. Esta disposición omite la posibilidad de acceder a los rubros de capacitación y organización, a pesar de tener las mismas necesidades (en diferente escala) que un partido nacional o provincial. En adición a lo anterior, a la fecha, es imposible la emisión de bonos para financiar campañas municipales, permitiendo este mecanismo únicamente a unos partidos sí y a otros no, clara violación a la equidad que debería existir. Pero el problema es aún más estructural que los supra indicados, puesto que el financiamiento partidario se da posterior a los comicios electorales y únicamente en función de los gastos efectuados.
Así las cosas, se sigue dependiendo de financistas privados para poder ejecutar las campañas, pues no existe financiamiento a priori. Entonces, los partidos que más dinero recaudan de fuentes privadas tienen campañas mejor construidas, liquidan más fondos y tienen la posibilidad de conseguir más votos a partir de su propaganda y alcance. Además, el lograr este inicio temprano les permite a estos partidos posicionarse alto en las encuestas de intención de voto, lo cual inevitablemente les abre puertas a más recursos, mientras se las cierra a aquellos que no tuvieron esta ventaja.
Por otra parte, existen otras desigualdades más difíciles de atacar, pero que acentúan esta problemática. Una de ellas es el uso de propaganda a nivel nacional a menor costo y mayor alcance, lo cual agrava la desventaja de aquellos que participan a nivel local únicamente. Esto genera un ciclo en el que únicamente los partidos con participaciones fuertes anteriores (o acceso a financiamientos privados importantes) pueden acceder a este mecanismo que más bien pretendía garantizar la equidad en los procesos electorales y propiciar la creación y participación de todos los modelos de partidos políticos en el tanto no existirían caso contrario.
Los más afectados por esta dinámica son, precisamente, los partidos cantonales. Existe un ciclo que naturalmente les excluye en función de su financiamiento (imposibilidad de liquidar gastos de organización y capacitación, participación menos frecuente e imposibilidad de emisión de bonos), esto aunado al período de enfriamiento del doble de largo en su organización entre elecciones. Esto provoca una desigualdad importante entre partidos inscritos a distintas escalas que influye en los resultados de los comicios municipales, donde históricamente los partidos nacionales, ventajosos en la repartición de deuda política, han acaparado la mayoría de alcaldías a nivel nacional.
