El día de hoy el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados del III Informe del Estado de la Justicia, los resultados fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia por parte de Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora general de investigación, y Jorge Vargas Cullel, director del PEN.
El informe presenta cuatro "mensajes claves", que resumen los hallazgos:
- La crisis política de la Corte Suprema no frenó el impulso reformista “desde arriba” en el Poder Judicial.
- El gobierno judicial ha sido excluido sistemáticamente del impulso reformista.
- Las reformas procesales en jurisdicciones específicas exhiben resultados mixtos, pero no impactan de manera positiva los indicadores de gestión macro del Poder Judicial.
- La innovación en la generación y análisis de datos puede ser una estrategia efectiva para mejorar el desempeño del Poder Judicial.
El primer mensaje destaca que en las primeras dos décadas de este siglo el Poder Judicial ha visto una expansión de sus responsabilidades, lo cuál se refleja también en indicadores presupuestarios como que en ese periodo duplicó su planilla (pasando de 6.180 personas a inicios de siglo a 12.579 al 2018), aumentó la inversión en justicia de $32,2 a $168 per cápita, se crearon nuevas jurisdicciones y se abrieron nuevas oficinas para un total de 846 despachos a lo largo del país.
El informe también hizo un estudio de casos de algunas de las reformas que avanzaron recientemente (reforma penal, contencioso administrativa y laboral), en las cuales se destaca un impulso que nombraron “magistrado-céntrico”, que se caracteriza por el liderazgo de un integrante de Corte Plena o un grupo pequeño de magistrados y magistradas, que “adoptan” el proyecto, lo cual se ve como necesario para que la reforma avance, pero durante el proceso de elaboración se comparte mínimamente con otras dependencias, por lo que genera un desconexión que hace que los niveles técnicos y burocráticos se incorporan hasta el final del proceso o hasta que la reforma ya está aprobada.
Dato D+: En los últimos 30 años se han identificado 1034 nuevas competencias que se aprobaron al Poder Judicial, y según señaló el PEN una gran mayoría se aprobó sin que se incluyera la fuente de financiamiento directa.
Sin embargo, a pesar de las amplias reformas en jurisdicción, el segundo mensaje del informe destaca que existen otros ámbitos que no han sido modificados en varias décadas, especialmente los que tienen que ver con el sistema de nombramientos de magistrados y la concentración de funciones administrativas en el seno de la Corte Plena, lo que se señala cómo un “cuello de botella” cuyos efectos se magnifican en tiempos de crisis.
Por otro lado, también se destacó que las múltiples reformas procesales han dado resultados diversos, pero hay una dificultad por cuantificar su impacto en los indicadores de gestión del Poder Judicial.
Dato D+: El informe destaca que, según los datos de casos cerrados al 2017, uno de los ámbitos en los cuáles no se han logrado obtener resultados es los casos de corrupción, pues se encontró que en promedio los casos de corrupción duran 25 meses en tramitarse, pero en un 12% de los casos la resolución duró casi 7 años. Adicionalmente, 9 de cada 10 casos terminó en la desestimación o sobreseimiento.
En su último mensaje clave el PEN señaló que todavía existen limitaciones en las estadísticas judiciales, pero para la elaboración del informe se trabajó con una herramienta de Inteligencia Artificial que les permitió clasificar todas las sentencias de la Sala Constitucional desde 1989. Este tipo de herramientas podría ser implementada por el Poder Judicial para ayudar a la gestión judicial.
Villareal destacó en su cierre:
El Tercer Informe documenta una situación en la que convergen: un escenario de restricción fiscal, un escándalo inconcluso, nuevas y antiguas demandas insatisfechas, una tendencia a la confianza ciudadana, desempeños que no mejoran en el largo plazo, un modelo de gestión vertical y un bloqueo a reformas sustantivas a la institución. Algunos de estos riesgos son internos, otros son externos, y hay un enorme peligro de desatenderlos, porque puede fracturar el sistema de justicia y con él, el Estado de Derecho del país. Esto es lo que denomina el informe el escenario multirriesgo para el Poder Judicial.
Adicionalmente, Villareal destacó que el Estado de la Justicia reconoce la capacidad de resiliencia del Poder Judicial, su capacidad reformista y sus capacidades humanas, financieras y logísticas desplegadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, la crisis por la pandemia de COVID-19, adelantó el escenario multirriesgo, por lo que se vuelve indispensable realizar un cambio profundo en la gestión del gobierno judicial, así como echar mano de la innovación y herramientas de tecnologías de la comunicación y la información.
Respuesta de los magistrados
Algunos magistrados se manifestaron con relación a la presentación del informe. Álvaro Burgos Mata señaló que el informe tiene un “sesgo etario” dado que se hace un corte en el análisis de los datos al 2018 y que “algunos de nosotros ni siquiera estábamos sentados aquí” y aseguró que muchas cosas ya han cambiado desde entonces. Adicionalmente, Burgos criticó el uso del término “magistrado-céntricas” como impulsores de reformas, dado que para él estas en realidad si bien son lideradas por magistrados, responde a las necesidades de los diversos grupos dentro de la institución.
Por su parte, Roxana Chacón Artavia señaló que el informe “está desfazado” porque analiza la situación que se dio en la crisis del Poder Judicial, pero no entra a evaluar lo que ha hecho la Corte desde el 2018 a la fecha, y adicionalmente recalcó la importancia de las comisiones del Poder Judicial y los productos que estas han presentado.
Vargas Cullel respondió a las críticas de los magistrados recordando que, si bien hay cosas que pueden haber cambiado, el Poder Judicial tiene un problema de diseño estructural en el hecho de que la Corte Plena opera simultáneamente como Junta Directiva y Gerencia del Poder Judicial, además de sus labores judiciales como magistrados. Señaló que eso va más allá de las personas que estén sentadas en Corte Plena, “es algo que no ha sido modificado y es un problema por resolver”.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, agradeció la información presentada y señaló que las críticas les dan una oportunidad de hacer una actividad con toda la sociedad civil en la que “todos defenderemos lo que creemos que está más del informe, y les demostraremos a los autores del informe en qué están desfazados o no están acertados”.
