Desde la tribuna de las redes sociales resulta sencillo emitir criterio y juzgar con severidad al “otro. Si una persona no conoce la diferencia entre aguas residuales y agua potable rápido le crucificamos por “estúpida”. Si cree que el termómetro que le colocan en la frente en el hospital le va a dañar su cerebro, también. El reduccionismo es más fácil, más sexy y más divertido. Pocas personas quieren ver la foto grande y poner la responsabilidad donde (en esta caso) corresponde: nuestra educación.

Nadie elige ser “mal educado”. Nadie. Cuando el ser humano “falla”, falla, por definición, el sistema. Lo estamos haciendo mal como colectivo, pero nos resulta más ameno y cómodo poner nuestras carencias colectivas en el individuo.

Lo irónico es que sea precisamente eso lo que estamos haciendo con el privilegio de haber accedido a una educación claramente más robusta. ¿Así nos enseñaron a pensar? ¿De forma simplista?¿De manera fanática?

Hablemos de esta palabra. Fanatismo (apasionamiento exagerado propio del fanático). Solemos asociarla con las “barras bravas” que siguen a los principales equipos de fútbol del país y, nuevamente, no tardamos mucho en reprochar el comportamiento en el que con frecuencia caen amparados en ese adjetivo. ¿Cómo no? Cuando ese comportamiento va asociado a la violencia es fiel reflejo de todo lo que aspiramos, como colectivo, a eliminar de la sociedad.

Pero, nosotros, los “no fanáticos”, los “cultos”, ¿somos tan distintos de aquellos a los que señalamos? Da para pensar. El fanático “defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás”. Si esa definición le generó cierto grado de incomodidad no es casualidad.

Nos gusta pensar que tenemos “la razón”. Nos obsesiona “tenerla” y de paso “imponerla”. Sabrán disculpar la solemnidad pero estamos atrapados en un era en la que todos estamos convencidos de la importancia de “educar a los demás” (¡ojalá en público para tener audiencia!) pero pocos estamos dispuestos a educarnos a nosotros mismos. Otro golpe de ironía, porque si tan educados fuéramos, nada nos costaría, por ejemplo, entablar una conversación en privado. Ya saben, aquel consejo básico para la formación de nuestras hijas e hijos: “felicita en público y corrige en privado”.

Recordemos un segundo al pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, reconocido como una de las principales voces de la pedagogía crítica cuya premisa fundamental es que el alumno adquiera una conciencia crítica para lograr un cambio social. ¿Tenemos esa conciencia crítica realmente desarrollada? “La educación es un acto de amor, nunca de dolor. Por tanto lo que necesitaremos es una buena dosis de valor”, dijo Freire. Claramente no le escuchamos lo suficiente.

Nos hace falta valor. El valor de escuchar, para empezar. Pero el pensamiento fanático, por definición, no escucha. Es panfletario, su objetivo es imponer, e, irónicamente (una vez más), violentar. Sin embargo, valga recordar, es más fácil pensar que los fanáticos son “los otros”, la Ultra, la 12, “esa gente”.

Así las cosas todos los tenemos que tenemos sobre la mesa en este momento están absolutamente asfixiados en la politiquería barata de los sospechosos usuales (por un lado) y en el pensamiento fanático de buena parte de la ciudadanía (por el otro). Es ahí donde se evidencia, precisamente, la carencia de esa conciencia crítica necesaria para lograr un cambio social.

Partimos de “absolutos” para emitir opiniones y criterios. No hay término medio, no hay matices, no hay territorio común, el razonamiento fanático opera al mejor estilo “my way or the highway”. Como si eso no representara ya de por sí, un enorme inconveniente para el progreso, el pensamiento fánatico, además, es proclive a alimentarse de aquello que valide su prejuicio o su pancarta ideológica, razón por la cual con facilidad acepta (o inventa) teorías de conspiración y con todavía más facilidad se deja seducir por argumentación falaz o ya de plano hechos no probados pero “sugeridos”. Para el pensamiento fanático la evidencia es un detalle innecesario a la hora de condenar.

Así, la mayoría de las verdades a las que se aferra el pensamiento fanático dependen de su punto de vista, no de las circunstancias, no de los hechos, mucho menos de la verdad. Al pensamiento fanático no le preocupa la verdad, le preocupa la defensa e imposición de su ideología, sea la que sea. Su agenda es su agenda y su agenda, repito, no escucha: impone.

UPAD

Ilustrar este editorial con ejemplos puntuales es sencillo. Esta semana sobraron. Para facilitar las cosas elijamos el más obvio: UPAD. La discusión se ha precarizado tanto que en torno a los cuestionamientos emitidos a la gestión de defensora de los Habitantes ha nacido la teoría de conspiración de que el Gobierno desea callarla para que no revele verdades pues fue ella quien destapó el Caso UPAD.

Primero, es prudente recordar que quien pide su salida no es el Gobierno, sino su “jefatura”, es decir, el Legislativo. Y (detalle fundamental) no solo el oficialismo, sino diputados de todas las fracciones (salvo Restauración). Es decir, incluso quienes la eligieron le han pedido la renuncia. Eso sin mencionar que su propio equipo de trabajo (los directores de la Defensoría) también le han pedido que se haga a un lado.

Los hechos son los hechos son los hechos. No hay campo a “interpretación”. Que tengamos opiniones en torno a si es prudente o no pedirle la salida es otra cosa. Y ahí cada quien opinará lo que desee, pero de nueva cuenta: amparándose en los hechos.

Segundo, no fue la defensora quien destapó el caso UPAD. Fue CR Hoy (o bien los ciudadanos que encontraron el decreto y dieron alerta de su contenido, pero fue el medio el que lo dio a conocer). Ella fue a Casa Presidencial a investigar (irónicamente invitada por el propio Gobierno). En ese proceso la Defensoría claramente y a todas luces metió las patas y es por ese motivo que se ha generado esta polémica.

No podemos escapar a la verdad cuando está frente a nuestros ojos: precisamente lo que le cobran es que la investigación a la que se le tenía tanta fe terminó siendo un desastre. La oposición es la principal interesada en establecer qué fue lo que realmente pasó en Casa Presidencial. De ahí nace su descontento con Crespo, de que la investigación en vez de aportar claridad aportó ruido, confusión y en efecto, distracciones que en nada ayudan a resolver el tema principal.

Ahora bien, esto no descalifica cualquier información relevante que haya obtenido la Defensoría: es igualmente valiosa y lo será para el debido proceso que enfrentan el presidente y las demás personas denunciadas. Más bien el malestar parte de que, precisamente, una parte muy importante de la investigación (el respaldo de la entrevista con Alvarado Quesada) se perdió.

Adicionalmente: si la señora defensora tiene conocimiento relevante para una eventual condenatoria de los denunciados sigue y seguirá siendo relevante más allá del puesto o cargo que ella ostente. El Gobierno no puede “callarla”. Los denunciados no tienen cómo escapar del debido proceso o de la denuncia. Una eventual salida de Crespo Sancho no entorpece ni dificulta ni encarece el trabajo del Ministerio Público que sigue adelante.

En otras palabras: aquí no se trata de martirizar a la funcionaria (eso más bien sería condescendiente e irrespetuoso con ella) sino de entender que lo que le están cobrando sus jerarcas y subalternos no es ser “incómoda” a los intereses del Ejecutivo, sino... incompetente en su capacidad de liderar una investigación tan importante y delicada (entre otra serie de cosas, pero hoy estamos hablando de UPAD).

Chacón Monge

La gasolina para el razonamiento “embarremos la cancha” la ponen figuras como el diputado Luis Fernando Chacón Monge, de Liberación Nacional. El jueves pasado escribió:

El tema de la #UPAD está bajo investigación la Fiscalía y en esta @asambleacr. No se vale que los Diputados oficialistas quieran desviar la atención en el marco del informe de la Defensoría”.

La primera afirmación es cierta. Tanto el Congreso como la Fiscalía están investigando el caso: nuestra institucionalidad funciona. Tanto, que la Fiscalía le decomisó los teléfonos al presidente de la República sin pestañear. Esa es una buena noticia y habla de la fortaleza de nuestra democracia y de la separación de los poderes.

La segunda afirmación, como ya explicamos es falsa. El “reclamo” es absurdo. Este señor habla del “oficialismo” cuando su propio partido también está solicitando la renuncia de la defensora (¡plop!). Lo alucinante, sin embargo, es que su afirmación insinúa que cuestionar el trabajo de la defensora en un espacio en el que es precisamente eso lo que hay que hacer (¡es una audiencia de de rendición de cuentas!) es un intento de “desviar la atención”. ¡Doble plop!

Si la Defensoría hizo un mal trabajo en su investigación del caso UPAD tal negligencia perjudica a todo el país. No solo le hace daño a la imagen de la Defensoría, afecta el interés legítimo que tiene la ciudadanía de que este caso sea llevado hasta la última de las consecuencias en absoluto respeto del debido proceso. Si se desaparece un audio con declaraciones del presidente obviamente vamos a sentir indignación y obviamente vamos a pedir explicaciones.

Que las diputadas y los diputados hayan hecho su trabajo (precisamente, preguntar qué pasó con ese relajo) no implica de ninguna manera “distraer” las otras dos investigaciones. Quien quiera sugerir lo contrario está siendo absolutamente irresponsable, porque lo que hace es solicitar que en un espacio de rendición de cuentas... ¡no se pidan cuentas!

Lo último que necesitamos en este proceso tan serio es “cabos sueltos” sospechosos que golpeen su legitimidad. Nadie lo ilustra mejor que la propia fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio. Cuando se dio cuenta de una posible irregularidad inaceptable (que la Sala III hubiera resuelto de previo y a favor de ella las actividades procesales defectuosas presentadas por la defensa) levantó la voz, reclamó enérgicamente y solicitó recusar a todo el tribunal. Eso es integridad. Eso es defender el debido proceso. Eso es defender la institucionalidad. Eso es defender el país.

Las implicaciones del caso UPAD son serias. Toda la institucionalidad tiene que responder a la altura. Eso incluye al Poder Legislativo (incluyendo a la Defensoría...) y al Poder Judicial (incluyendo a la Sala Constitucional...). Está claro que el Ejecutivo falló y está por determinarse qué tanto. Como ciudadanía tenemos que llamarles a cuentas. Pero no solo al Ejecutivo. A los tres poderes y a todos sus funcionarios. Hoy y siempre. No solo cuando nos conviene.