El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada notificó este martes al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, que la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) fue levantada para cuatro instituciones que están en la atención de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.

Se trata del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Con el levantamiento de la regla fiscal, ahora esas instituciones podrán flexibilizar su gasto corriente para cubrir la demanda adicional de recursos que se requiera para enfrentar la crisis.

"La crisis originada por el COVID-19 es grave porque simultáneamente impacta la salud de las personas, la sociedad y la economía. Por eso, para atender a las personas más vulnerables el Gobierno, como establece la ley, flexibiliza la regla fiscal únicamente a las instituciones que se encuentran en primera línea de atención. Nuestro compromiso con la ciudadanía implica acciones para aliviar la emergencia, en el marco de la responsabilidad con el futuro de nuestra sostenibilidad fiscal", señaló en un comunicado el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en la primera etapa de atención de la emergencia por COVID-19, el gasto corriente de las instituciones de atención primaria será de ₡227.509 millones, que representa el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el doble de lo que la Ley 9635 establece como mínimo para poder desaplicar la regla fiscal (0,3% del PIB).

La CNE señaló que la inversión del gasto para enfrentar el COVID-19 la realizarán las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que desarrollará pago de subsidios por vulnerabilidad laboral a personas que han perdido su trabajo o han visto disminuidas sus jornadas laborales.
  • Instituto Mixto de Ayuda Social, que ejecutará el pago de subsidios de emergencia a los beneficiarios del SINERUBE.
  • Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, para inversión en reactivos y equipo de laboratorio.
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos, para el fortalecimiento de su operación durante la emergencia.

“El levantamiento de la regla es una medida que, ante el brote de COVID-19, tiene como fin proveer recursos para atender con prioridad las necesidades de las personas más vulnerables y potenciar la recuperación económica a la brevedad posible y dentro de un marco de responsabilidad macroeconómica”, señaló María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Equipo Económico del Gobierno.

Complementario al levantamiento de la regla fiscal, el Ejecutivo anunció que impulsará un conjunto de proyectos de ley que permitan financiar el grueso de estos recursos, de manera que el impacto en el incremento de la deuda sea lo menor posible.

Entre esas iniciativas se incluye el recorte de gastos del Gobierno Central e instituciones autónomas por ₡100.000 millones; proyecto de ley que permitiría al Instituto Nacional de Seguros trasladar ₡75.000 millones para la atención de emergencias y el proyecto de ley para aprovechar el diferencial en el precio de combustibles para financiar la atención de la emergencia.