Costa Rica ha dedicado varios años a fortalecer su marco de responsabilidad fiscal. La regla fiscal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la gestión activa de la deuda y el seguimiento periódico de las cifras fiscales forman parte de ese esfuerzo y han contribuido a ordenar la discusión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la experiencia comparada sugiere que una institucionalidad fiscal robusta no se sostiene únicamente en reglas y proyecciones: también requiere instancias capaces de examinar supuestos, advertir riesgos y enriquecer el debate público con criterio técnico independiente.
Es precisamente en ese punto donde la figura del Consejo Fiscal cobra especial relevancia.
En términos generales, un consejo fiscal es una instancia técnica e independiente encargada de evaluar la política fiscal, las proyecciones presupuestarias, el cumplimiento de las reglas fiscales y los riesgos que podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su valor no reside en sustituir la decisión política del Ministerio de Hacienda, sino en elevar la calidad del análisis que la precede y la acompaña.
La experiencia internacional muestra que estos órganos resultan particularmente útiles cuando cuentan con independencia, acceso a información, capacidad técnica y una práctica regular de publicación de sus análisis. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la fortaleza de la política fiscal depende, entre otros factores, de instituciones capaces de mejorar la supervisión y dar seguimiento a los riesgos asociados a altos niveles de deuda y mayor incertidumbre. En la misma línea, la OCDE destaca que las instituciones fiscales independientes contribuyen a elevar la calidad del debate presupuestario, fortalecer la transparencia y favorecer una mayor rendición de cuentas.
Las experiencias de Chile y España ilustran bien este punto. En Chile, el Consejo Fiscal Autónomo publica informes programados, análisis metodológicos y opiniones vinculadas al proceso fiscal, lo que le ha permitido consolidarse como un apoyo técnico estable para la discusión presupuestaria. En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emite informes sobre previsiones macroeconómicas y seguimiento del ciclo presupuestario, reforzando la consistencia entre los supuestos económicos y las decisiones fiscales. No se trata de modelos para copiar mecánicamente, sino de referencias útiles para recordar que la efectividad de estas instituciones depende de la regularidad de sus productos, la claridad de su mandato y la solidez técnica de sus análisis.
Costa Rica no parte de cero. El país ya cuenta con una base normativa para esta figura. El Decreto Ejecutivo N.º 41937-H define al Consejo Fiscal como una instancia técnica e independiente que emite criterios no vinculantes mediante informes, y le asigna un ámbito que incluye la política fiscal, la regla fiscal, las contingencias, los riesgos fiscales y sus planes de mitigación.
La normativa también le atribuye funciones concretas: pronunciarse sobre las proyecciones fiscales del Ministerio de Hacienda, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, las variables macroeconómicas que sustentan el presupuesto, los cambios en supuestos y metodologías, el impacto fiscal de proyectos de ley, los riesgos fiscales y los informes de cumplimiento de la regla fiscal. En otras palabras, el país ya dispone del marco institucional necesario para que este órgano opere como apoyo técnico del análisis fiscal.
La discusión adquiere mayor densidad a la luz de la coyuntura reciente. Al primer trimestre de 2026, las cifras fiscales muestran señales que ameritan un seguimiento técnico cuidadoso. Los ingresos tributarios registraron una caída interanual de 4,4%, mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, publicado en abril, proyecta un menor dinamismo de la carga tributaria en los próximos años. Aunque la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB ha mejorado respecto de periodos previos, la sostenibilidad fiscal no depende solo del nivel observado, sino de la capacidad de sostener superávits primarios, preservar ingresos estructurales, gestionar vencimientos y valorar oportunamente los efectos de decisiones con incidencia fiscal.
En ese contexto, un Consejo Fiscal activo podría aportar un valor adicional nada menor: ofrecer una lectura técnica e independiente de la coyuntura y de los supuestos que sostienen la programación fiscal. Podría, por ejemplo, examinar si la caída de los ingresos responde a factores transitorios o estructurales, si las proyecciones son consistentes con el escenario macroeconómico y si los riesgos fiscales identificados cuentan con estrategias de mitigación suficientemente desarrolladas. Su aporte sería, en esencia, ampliar la base técnica de la deliberación y reforzar la trazabilidad de los supuestos utilizados.
Visto así, el principal desafío no parece estar en la ausencia de base normativa, sino en la consolidación de un funcionamiento regular, visible y con productos técnicamente trazables. La revisión de fuentes públicas permite ubicar la normativa aplicable y documentos fiscales relevantes del Ministerio de Hacienda, como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, informes de riesgos macrofiscales e informes periódicos de cifras fiscales; sin embargo, no se aprecia con claridad un repositorio sistemático de informes, opiniones o pronunciamientos recientes del Consejo Fiscal sobre el MFMP 2026-2031, el proyecto de presupuesto, el cumplimiento de la regla fiscal o la evolución de los ingresos y balances fiscales. Esa limitada evidencia pública no necesariamente implica ausencia de trabajo técnico, pero sí restringe su aporte a la transparencia, la rendición de cuentas y la formación de expectativas fiscales.
Esta debilidad también contrasta con las buenas prácticas internacionales. La evaluación PEFA de Costa Rica 2022 señaló que las proyecciones macroeconómicas y fiscales no eran examinadas formalmente por una entidad independiente, como un Consejo Fiscal. Ese señalamiento es relevante porque la utilidad de una institución de este tipo depende de que sus análisis sean oportunos, públicos y reconocibles dentro del ciclo fiscal, especialmente cuando se trata de revisar los supuestos que sustentan el presupuesto, las proyecciones plurianuales y la trayectoria de deuda.
Por eso, la discusión no debería centrarse en crear nuevas entidades ni en ampliar innecesariamente la estructura institucional, sino en activar con mayor regularidad una figura que el ordenamiento ya prevé. Si el Consejo Fiscal quiere convertirse en un instrumento realmente útil para la gobernanza fiscal, debería contar con una agenda mínima de productos públicos: una opinión anual sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo; un criterio sobre el proyecto de presupuesto y su consistencia con la regla fiscal; una valoración del cumplimiento de la regla fiscal; un informe sobre riesgos fiscales y pasivos contingentes; y opiniones técnicas sobre proyectos de ley con impacto significativo en ingresos, gasto, deuda o sostenibilidad fiscal. Todo ello debería publicarse con calendario definido, metodología explícita y trazabilidad de recomendaciones.
Desde luego, un Consejo Fiscal activo no eliminaría los dilemas propios de la política fiscal. Costa Rica seguirá enfrentando decisiones complejas en materia de consolidación, inversión pública, financiamiento de infraestructura, calidad del gasto y sostenibilidad de los ingresos. Sin embargo, su funcionamiento efectivo podría contribuir a que esas decisiones se adopten con mejor información, mayor consistencia metodológica y una base institucional más sólida.
La sostenibilidad fiscal no se resguarda únicamente mediante normas. También requiere instituciones capaces de monitorear, explicar y aportar insumos técnicos al debate público. En ese sentido, las reglas fiscales alcanzan mayor efectividad cuando se acompañan de mecanismos complementarios de seguimiento y evaluación independiente.
Costa Rica ya dispone de la figura del Consejo Fiscal. Lo que falta no es norma, sino presencia institucional efectiva. Consolidar su funcionamiento como un mecanismo visible, regular y técnicamente reconocido de apoyo a la gobernanza fiscal podría convertirse en una mejora institucional de alto valor: no para reemplazar las decisiones difíciles, sino para asegurar que se tomen con mejor información, mayor consistencia metodológica y una deliberación pública más exigente.