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La tranquilidad que da saber que quincena a quincena se recibirá el salario completo, no importa qué, y que su empleo no corre riesgo, no importa qué, es probablemente la razón del porque no se conoce, ni se siente, la realidad. Debe ser difícil tomar decisiones que afectan al sector laboral y social más grande el país desde la comodidad y seguridad que puede tener el presidente de la República, diputados y sindicalistas, todo el aparato Estatal.

¿Cómo entender que las cargas tributarias se vuelven inviables, cuando ese es problema exclusivo del otro, del contribuyente? ¿Cómo entender que antes de la pandemia por COVID-19 el sector informal rozaba el 50% de la economía y el desempleo superaba el 12%? Entender que la precarización del empleo era hija de una economía en retroceso y de un sistema educativo público ineficiente pero millonario.

Simplemente no se puede cuando no se sufre, cuando es solo una historia ajena. Por ello, deben revisarse los datos, tanto para erradicar la absurda discusión de culpar al funcionario público de todos los males, así como la de acusar a todo empresario o profesional de evasor y explotador. Los datos están para tomar decisiones acertadas, pero no siempre ganan electores, y tal vez ahí ha radicado nuestro problema.

Alto costo del empleo formal

Contratar un colaborador representa hoy un costo adicional, solo en cargas sociales, de un 26% para el patrono, como lo muestra este ejemplo tomado directamente de la página de la CCSS, para un salario de ¢650,000.00:

Durante esta supuesta “larga noche neoliberal” (misma que creó más de 300 instituciones públicas) el Estado costarricense determinó cargar al patrono, por cada empleo creado, con pagos a favor del Banco Popular, la CCSS (SEM e IVM), Asignaciones Familiares, IMAS, INA, FCL, Fondo de pensión complementaria y el INS. Un salario de ¢650,000.00 tiene un costo total de ¢822,250.00 más las previsiones de cesantía, aguinaldo y vacaciones. A este respecto, la OCDE en su Informe Económico para Costa Rica señaló:

Las altas contribuciones a la seguridad social son un obstáculo para la formalidad en Costa Rica (Ramírez Alfaro, 2010; OIT, 2014; OCDE, 2017e; OCDE, 2017f). Estas contribuciones representan aproximadamente el 36,5% de los ingresos brutos, en comparación con el promedio de la OCDE del 27,2%. De ese 36,5%, 26,33 puntos porcentuales es pagado por el empleador, 9,34 puntos porcentuales por el empleado y el 0,82 puntos porcentuales por el gobierno (OCDE, 2017e; OCDE, 2017f). La gran porción que deben pagar los empleadores impulsa los costos laborales no salariales de Costa Rica hacia el tope de las calificaciones de la OCDE”.

Es por esa razón que ante la crisis que afronta el sector privado no se extraña que la CCSS esté altamente en riesgo, a menor empleo privado, menor ingreso. Y como se financia de una supuesta contribución tripartida, al ser el Estado el moroso más grande, el trío se convierte en solista. Por ello, por el bien de nuestra seguridad social como pilar de la paz social, debemos crear empleos formales y no incentivos perversos para la informalidad como sucede hoy en día. Tan grave es la situación y el peso desmedido de las contribuciones a la seguridad social, que la OCDE concluyó:

“La combinación de impuestos de Costa Rica difiere marcadamente de los promedios regionales de los países de la OCDE o de América Latina y el Caribe (LAC). El sistema impositivo depende en exceso de las contribuciones a la seguridad social, que representan más de un tercio de los ingresos totales, en comparación con el promedio de la OCDE del 26%, o el de LAC-5 de menos del 20%. Las altas contribuciones a la seguridad social generan distorsiones en el mercado laboral y ofrecen incentivos para que los trabajadores, en particular los de bajos ingresos, permanezcan en el sector informal y para que los empleadores contraten trabajadores informales, lo que reduce la base impositiva y genera desigualdades. Además, las contribuciones a la seguridad social se gravan a tasas fijas, pero con una base mínima de contribución, lo que resulta en una cuña fiscal que es altamente regresiva en los niveles más bajos de la distribución”. 

No tiene sentido aumentar y aumentar las cargas si cada vez son menos contribuyentes, siendo conveniente revisar los costos asociados al SEM (9.25%), Asignaciones Familiares (5%) y al Banco Popular (0.25%), dado que el resto de las contribuciones, como el FCL y el ROPC, han demostrado ser mecanismos eficientes de justicia social.

La seguridad social, tanto el seguro de salud como el régimen de pensiones, son vitales y claves en nuestro desarrollo, los cuales no podrán sobrevivir sin cotizantes: patronos y trabajadores. Si tanto amamos la CCSS, aboquémonos en crear empleo.

La recaudación fiscal como porcentaje del PIB

Durante mucho tiempo se ha dicho que la presión o carga fiscal con relación al PIB es del 13%, incluso el expresidente Luis Guillermo Solís señaló en una oportunidad que era comparable a los países africanos. Lo cierto del caso es que, según la propia OCDE, la recaudación fiscal como porcentaje del PIB es de casi el 24%.

Por su parte, comparemos las tarifas del impuesto sobre la renta a las empresas:

  • Costa Rica: la tarifa de renta para empresas con ingresos mayores de ¢109 millones es del 30%
  • USA es de 21%
  • El G7 tiene una tasa impositiva promedio de 27.65%
  • Los estados miembros de la OCDE tienen una tarifa promedio de 23.59%

Parece ser hora de pensar en ampliar la base más que en aumento de tarifas.

Ahora bien, aunado a la tarifa del 30%, cuando la sociedad decida decretar el pago de dividendos a sus accionistas, deberá aplicar otro impuesto sobre dicho dividendo, del 15% del monto total a pagar, con lo cual la tasa efectiva a nivel del accionista es del 40,5%. Es una tarifa alta, que implica trabajar casi 5 meses para el Estado durante un año para cobrar sobre 7 meses.

Aunado a ello, una empresa debe pagar el impuesto de licencia de patente a la Municipalidad donde se ubique, impuesto a los combustibles de su flotilla, impuesto sobre bienes inmuebles si es propietario, impuestos y aranceles al momento de importar y el resto de los más de 100 tributos que existen en Costa Rica que los afectarán en uno u otro momento.

Por su parte el asalariado, ya sufre con tarifas progresivas del impuesto sobre la renta al salario personal dependiente, llegando incluso a un 25% sobre el monto bruto sin descontar las cargas sociales, es decir, tributamos sobre un monto bruto que no recibimos, dado que un 10,5% se va en pagos a la seguridad social y hasta un cuestionable aporte mensual de un 1% a favor del Banco Popular, que se jinetea y devuelve prácticamente con pérdida al cabo de unos años al trabajador, dado que el rendimiento pagado es apenas la inflación.

Antes de pensar en más impuestos, deberían pensar en recortar el gasto que es recortable (juntas directivas), una ley de empleo público que ponga orden y de justicia salarial, reformar el aparato estatal en busca de eficiencia y no de despidos. El funcionario público es clave en el desarrollo social, avivar la lucha de sectores es absurdo cuando todos vivimos en el mismo lugar. Muchos funcionarios públicos que laboran en instituciones que han perdido utilidad pueden ser reubicados a otras instituciones que más bien están necesitando personal, como el Ministerio de Hacienda y su limitado cuerpo de auditores.

La crisis mundial está afectando gravemente a países que habían tomado mucho protagonismo en la atracción de inversión extranjera, como Perú, Colombia y Panamá. Si Costa Rica sortea la crisis sanitaria tan bien como parece lo hará, y da pasos correctos en creación de empleo y mejorar el clima de negocios, podremos retomar la delantera en atracción de inversión extranjera directa.

Si la propuesta del Ejecutivo es cargar al contribuyente con más impuestos, estará condenando el país al fracaso social y poniendo en grave riesgo la institucionalidad y bases democráticas. Apuesten por empleos, por una sana convivencia entre un sector público eficiente y objetivo, y un sector privado pujante con un clima de negocios favorable.

Nuestros gobernantes fueron elegidos para gobernar a la altura del momento, no para implementar las recetas empobrecedoras de siempre. La recaudación no aumentará con más impuestos, lo hará con más contribuyentes con mayores ingresos.