El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, asistió este lunes al Plenario de la Asamblea Legislativa para ser interpelado por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual desató una gran crisis en el Poder Ejecutivo, al punto que la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial.
Morales fue interpelado a doble sesión: tres horas por la mañana y tres en la tarde-noche. Durante todo ese tiempo las fracciones legislativas fueron dejando claro cuáles son sus líneas de investigación, las cuales desarrollarán con mayor amplitud mediante el trabajo que realizará la Comisión Especial Investigadora que se conformó y que iniciará labores este mismo martes.
La bancada que mejor aprovechó el espacio para hacer una verdadera interpelación fue Liberación Nacional. Silvia Hernández, Roberto Thompson, María José Corrales y Ana Lucía Delgado hicieron preguntas (en su mayoría puntuales) para intentar esclarecer aspectos que, hasta el momento, se desconocen sobre el origen y forma de funcionamiento de la UPAD.
Por ejemplo, la diputada Hernández preguntó puntualmente a partir de cuál fecha se creó la UPAD. Morales respondió que "rigurosamente hablando", la Unidad únicamente existió entre el 17 de febrero (fecha en que se publicó el Decreto) y el 21 de febrero, fecha en la cual se derogó el mismo. Antes de eso, los funcionarios eran "un equipo de procesamiento de datos".
De seguido, Hernández cuestionó a Morales el por qué firmó el decreto si no había una autorización de reorganización estructural del Ministerio de Planificación (Mideplan).
El ministro respondió que el fin del decreto era "institucionalizar" el trabajo que venía realizando ese "equipo de procesamiento de datos" y que ante ello se planteó el decreto, el cual tenía respaldo y fue planteado por el Grupo de Asesoría Legal (GAL) de la Presidencia de la República, por lo cual el procedió a firmarlo.
También se cuestionó cuál fue la participación de la Unidad de Leyes y Decretos en esa asesoría, ya que lo normal es que esa unidad revise todas las leyes y decretos antes que el Presidente de la República estampe su firma. Morales alegó que esa oficina no participó, porque la misma no es un requisito de validez de los decretos; luego confirmó que la elaboración del decreto estuvo a cargo del GAL, específicamente de Luis Salazar, quien dejó su cargo el fin de semana y anunció una demanda contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Hernández preguntó luego a Morales si él entendía los alcances de la UPAD, los excesos y posibles repercusiones que podían ocurrir producto de la forma en que se redactó el artículo siete del mismo, el cual autorizaba el acceso a "información confidencial".
Con toda transparencia, el lunes pasado precisamente ante una pregunta similar de un periodista yo dije que tenía que reconocer que de mi parte hubo una omisión de lectura reposada y reflexión de los alcances políticos del contenido de ese artículo, porque si lo hubiera hecho, obviamente y posiblemente no estaríamos en la discusión que estamos, porque habría advertido las eventuales interpretaciones a las que se habría llegado porque no era ese el fin buscado.
La jefa del PLN insistió en preguntar si se siguieron los lineamientos del Mideplan para la creación de unidades administrativas y reorganizaciones, tal y como se establece en una directriz de acatamiento obligatorio, sin embargo, Morales se salió por la tangente afirmando que el proceso que siguió la creación de la UPAD antecede a su llegada al Ministerio de la Presidencia.
"En ese proceso [previo a su llegada] se hicieron consultas al Mideplan y hubo opiniones de carácter técnico, se presentaron observaciones y reservas a su creación. No obstante, la información que tengo es que esas opiniones no eran de acatamiento obligatorio por parte de los jerarcas del Ministerio, para efectos de su validez, por lo tanto, el decreto lleva la firma del ministro interino de Planificación, en el entendido que su firma de acuerdo a nuestro marco legal, podría darse no obstante consideraciones de carácter técnico. No era requisito de validez que el jerarca de Mideplan, tuviera que acatar o cumplir los criterios técnicos de su ministerio", alegó Morales.
Sin embargo, Hernández lo contradijo y señaló que ella al haber sido viceministra de Planificación sabía que los lineamientos para cualquier reorganización o restructuración son de acatamiento obligatorio. De este modo, el decreto no debía ser el paso para la reestructuran autorizada, sino una consecuencia de este, por lo que el orden de los pasos se invirtió.
Una fuente de Delfino.cr en el Ministerio de Planificación sostuvo que lo dicho por la diputada no es cierto y enlazó al artículo 303 de la Ley General de la Administración Pública, el cual señala que los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley.
El diputado Roberto Thompson preguntó sobre los protocolos para cumplir con la protección de datos personales, sin embargo, Morales se limitó a responder que si él hubiese tenido conocimiento, duda o sospecha de que se estaba actuando de manera alejada o distinta a lo que la legislación plantea, habría hecho la llamada de atención, instruido medidas correctivas, sentaría responsabilidades y nadie habría firmado ese documento.
Ante la nueva consulta de si él tuvo acceso a esos protocolos para cumplir con la protección de datos, o si tomó alguna acción tendiente a asegurar que esos protocolos de protección se cumplieran, el Ministro afirmó que él firmó los contratos de confidencialidad que eran necesarios como parte del convenio que daba acceso a la información del Sistema Unico de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Aparte de la firma del decreto, y alguna solicitud de información general que se remitió al INEC, esos fueron los contactos formales que tuve con la iniciativa.
Thompson le preguntó que si él autorizó las solicitudes de información que se enviaron a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o a otras instituciones y respondió negativamente. Ante la repregunta de si no lo autorizó porque tenía la convicción de que todo estaba funcionando bien, dijo que el giro normal de trabajo de ese equipo no estaba asociado de manera inmediata y directa a su actividad institucional.
Cuando correspondió preguntar a la diputada María José Corrales del PLN, Morales se reservó la respuesta a la mayoría de interrogantes. Por ejemplo, cuando consultó sobre el perfil de las personas que fueron o serían contratadas para la UPAD dijo que él no podía responder eso porque cuando eso ocurría, él estaba sentado en su curul de diputado.
Cuando le preguntaron a quién le rendía cuentas la UPAD, Morales insistió en que no tenía conocimiento de temas tan particulares y operativos; y que ni el equipo de trabajo ni la unidad dependían del Ministerio de la Presidencia desde su origen.
Corrales preguntó si el considerando 7 del Decreto (Mideplan aprobó la reorganización administrativa integral dentro de la estructura organizacional de la Presidencia de la República, cumpliendo por lo tanto con lo establecido en los lineamientos y normativa vigente) era falso; y él se limitó a responder cuando se le presentó el decreto el mismo ya traía la firma del ministro interino de Planificación, Luis Daniel Soto Castro; por lo que él no tenía por qué cuestionarlo.
Yo asumí que tenía el aval.
Cuando la diputada socialcristiana, María Inés Solís le pidió una línea de tiempo sobre la UPAD, tampoco la sabía. Cuando Pablo Heriberto Abarca volvió a preguntar sobre a quién respondían los funcionarios, dijo desconocerlo, pero ante la insistencia de la pregunta, finalmente dijo que antes de la publicación del decreto, los funcionarios respondían a la jefa de despacho del Presidente, y una vez publicado, al Presidente mismo.
El diputado José María Villalta le preguntó que a cuáles otras instituciones la UPAD pidió información sensible, y si concretamente se le pidió al ICD y a la Sugef. Morales dijo que no lo sabía.
Ante la pregunta de si existía relación entre la destitución de los jerarcas del Instituto Costarricense sobre Drogas y posibles solicitudes de información de la UPAD que fueron denegadas, Morales dijo que "creía" que no existía ninguna relación, esto a pesar de que él forma parte del Consejo Directivo de esa institución.
Villalta también preguntó si el equipo solicitó información sobre iglesias, dado que uno de los asesores publicó en su Tableu personal un cruce de datos entre iglesias en cantones y el apoyo electoral al PAC. El ministro dijo que esas dos informaciones cruzadas eran públicas y que el Gobierno no tenía ningún interés en una investigación entre temas religiosos y simpatías partidiarias.
La publicación puede haber respondido a un interés personal de funcionario
Luego se le consultó sobre si existió un estudio técnico que justificara crear la UPAD. Morales inicialmente esquivó la pregunta repitiendo que las autoridades de Mideplan no estaban obligadas a acatar ni a seguir el lineamiento técnico, sin embargo, Villalta precisó a la tercera vez que él se refería al estudio técnico que Casa Presidencial debía hacer y presentar al Mideplan. Allí, Morales dijo sí existió y que le haría llegar una copia al diputado.
El diputado Pedro Muñoz le preguntó si el Ministerio de Seguridad había compartido información con la UPAD. Morales dijo que, hasta donde tenía información, no. Muñoz respondió que, hasta donde él tenía información, sí: el MSP compartió información con la UPAD después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartiera información con el MSP, que, previamente, el OIJ se había negado a darle a la UPAD.
Más adelante, Villalta preguntó que quién propuso incluir lo de "información confidencial" en el artículo 7 del Decreto. Morales dijo que no sabía un nombre concreto. Cuando le preguntaron si se accedió a información sensible desde computadoras personales, dijo que lo desconocía.
Una prueba, traspapelada desde octubre de 2019
El 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en el norte de la isla española de Tenerife, 583 personas perdieron la vida en el peor accidente aéreo en la historia de la aviación, originado por una combinación increíble de circunstancias. Con una de ellas que no se hubiese presentado, la catástrofe no habría ocurrido.
Conforme más información sale sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), todo apunta a que Costa Rica es el vivo ejemplo de la Ley de Murphy y que hasta en la más delicada de las discusiones nunca falta que aflore uno o varios elementos surrealistas. Pero vayamos al grano.
La diputada Laura Guido abordó un tema que ha sido mencionado varias veces en los últimos días: el equipo de análisis de datos, ahora UPAD, estaba señalado en la exposición de motivos del Presupuesto Nacional 2020, específicamente en la página 113 de la siguiente forma:
Creación de una oficina para la atención de solicitudes del señor Presidente. Consiste en realizar análisis específicos en temas de política pública con diferentes bases de datos de distintas instituciones, para la toma de decisiones del Presidente y del despacho del señor Presidente. Se presupuesta un monto de ¢70 millones
La frase "creación de una oficina" levantó suspicacias en la Comisión de Hacendarios en ese entonces. Morales se apersonó el 10 de septiembre a hacer la defensa del presupuesto de Presidencia y, según consta en las actas, dijo:
En cuanto al tema los 70 millones. En realidad, es una suma destinada a actualizar equipo; sabemos que cada cinco años hay que estar renovando los equipos informáticos, hay un tema de obsolescencia, y la última compra en Casa Presidencial de equipo informático data del 2009, 2010. Entonces, en realidad no es la creación, digámoslo así, de una oficina, es la actualización del equipo informático necesario para apoyar las labores que realiza el despacho del Presidente, en términos de seguimiento, de atención, de materiales, de documentos, de información que se recibe. Es el trabajo propio de la oficina del señor Presidente
La respuesta no fue convincente, por lo que le solicitaron al ministro que ampliara por la vía escrita. Pasó el tiempo y la Comisión concluyó que Morales nunca remitió la documentación. Sin embargo, pasó todo lo contrario.
Según reveló la diputada Guido el ministro sí respondió, y lo hizo mediante el oficio DM-578-2019 del 9 de octubre del 2019 en el que remitía, a su vez, seis documentos más. En dos de ellos, de manera específica, se hace alusión al trabajo del equipo de análisis de datos.
En el documento "Justificación de Partida 5- Bienes Duraderos 201- Presidencia de la República" se señala dentro de las necesidades de compra algunas "licencias que permiten el análisis y procesamiento de datos, ya que facilitan la toma de decisiones de las y los señores Jerarcas de la Institución".
En la misma página, en el apartado de "Impacto negativo para la institución si no se realiza la compra" se detalla que la no renovación de los equipos de cómputo podía "desencadenar en pérdidas de información del usuario, la no atención de trabajos especializados solicitados en ciertas áreas que demandan el uso de paquetes ofimáticos, estadísticos y de inteligencia de negocios los cuales no pueden ser ejecutados en los equipos actuales, demoras en las labores cotidianas por parte del usuario toda vez que se deba proceder con el mantenimiento por parte de soporte técnico para dichos equipos".
Asimismo, en el apartado "Hacia donde van dirigidos los equipos" se dice expresamente que irán a los funcionarios de la Presidencia que directa e indirectamente están relacionados con el quehacer y responsables de solicitudes del Presidente de la República.
Finalmente, en el documento denominado "Detalle del uso del presupuesto en las partidas de equipo de cómputo y bienes intangibles (licencias) en la Presidencia de la República y la DGSC" se indica al Congreso que se requieren "licencias de SPSS, Tableau y Rserver para el procesamiento y análisis de datos estadísticos que ayuden a fortalecer la toma de decisiones fundamentada en evidencia".
La diputada Guido aportó, además, un comprobante de correo electrónico que muestra que esa documentación se le remitió a la presidenta del foro legislativo, Ana Lucía Delgado, a su correo oficial. Sin embargo, la documentación no se aportó al expediente del presupuesto nacional, ni tampoco se le remitió al resto de integrantes de la Comisión como sí ocurre con el resto de la correspondencia.
¿La tormenta perfecta? Ana Lucía Delgado se defendió afirmando que ella no es la secretaria técnica de la Comisión de Hacendarios, a quien se le debe remitir la documentación relacionada con los proyectos en conocimiento del foro. La secretaria técnica es una plaza administrativa.
Yo no sabía ahora también soy la secretaria técnica de la Comisión. Hay canales oficiales.
Delgado agregó que ella solicitó a la secretaría técnica de la Comisión que le enviara el comprobante de recibido de ese informe, sin embargo, el mismo no existe.
Guido le respondió que si no encontraban los oficios era porque estaban en el correo electrónico de Delgado, y mostró nuevamente el comprobante. Además, calificó de grave lo ocurrido porque, según ella, la correspondencia siempre va dirigida a quien ostenta la presidencia del órgano en cuestión.
¿La tormenta perfecta, de nuevo? Delfino.cr detectó que el oficio principal de Morales dirigido a Delgado también señalaba que iría con copia a la secretaria de la Comisión, Maria Vita Monge del PUSC. Sin embargo, la asistente del despacho de Morales solo lo envió al correo de Delgado. La oficina de Monge confirmó a este medio que a su correo nunca llegó la documentación.
Y así, lo que parecía un engaño de Casa Presidencial al Congreso para pedir 70 millones encubiertos a la UPAD, y lo que pudo ser el elemento de prueba más fuerte del Gobierno para sostener que la unidad no era clandestina, terminó traspapelado en el correo de la presidenta de Hacendarios...










