La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, interpuso una querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal seguido contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; y el diputado Víctor Morales Mora, imputados por el caso UPAD.

Según un comunicado de la Abogacía del Estado, la gestión se entabló el 18 de febrero de 2022 en el expediente 22-000006-33-PE, el cual fue elevado por la Fiscalía General a la Sala Tercera para el antejuicio que le corresponde a ambos funcionarios debido a los fueros que tienen por el cargo que ostentan.

La Fiscalía acusó al Presidente y al diputado del delito de prevaricato al dictar el Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)”, el cual con probabilidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos; una conducta tipificada y sancionada en el Código Penal en el artículo 357.

La Procuraduría afirmó que la demanda civil pretende resarcir el daño social ocasionado, y que la suma "prudencial" es de 20 millones de colones, intereses y las costas del proceso. El siguiente paso en el proceso consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, lo cual se realizará en la Fiscalía General.

Este proceso por tratarse del Presidente y un diputado en ejercicio se tramita con el procedimiento especial para juzgar miembros de los Supremos Poderes, el cual requiere dentro del trámite a seguir que la Corte Suprema autorice la prosecución penal –si así lo estima pertinente- y remita el proceso a la Asamblea Legislativa, para que se realice el procedimiento de levantamiento de fuero de improcedibilidad conforme lo establece la Constitución  y el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Si se levanta el fuero, el procedimiento seguirá en la Sala de Casación Penal, que es la competente para tomar la declaración a los querellados, conferir audiencia para que las partes ofrezcan prueba y señalar fecha y hora para celebrar el juicio oral y público.

En caso de que se acabe el período constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria.

"No se ha cometido delito alguno"

La defensa del presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó horas después al anuncio de la Procuraduría de la Ética, afirmando que en el caso UPAD "no se ha cometido delito alguno" y que así se demostrará en el momento oportuno.

Tampoco existe ningún daño social que se haya causado y que justifique la querella y el absurdo monto de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría, que actuó con precipitación y sin ningún sustento probatorio.

Rodolfo Brenes y Roger Guevara, defensores de Alvarado, afirmaron en un comunicado de prensa que el Ministerio Público presentó una acusación precipitada, sin haber terminado la investigación ni revisado los celulares y computadoras que decomisó; y que ahora se une la Procuraduría, presentando una acción civil resarcitoria "actuando sin independencia de criterio y siguiendo automáticamente al Ministerio Público en su acción precipitada y falta de prueba".

Confiamos en los Tribunales de Justicia y sabemos que la verdad se establecerá eventualmente en el proceso. Eso sí, lamentamos la pérdida de tiempo y de recursos en acciones sin fundamento legal ni probatorio, que solamente causan gasto de valioso tiempo y de recursos que pagan todos los costarricenses.