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Ayer fui a una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se discutía el caso GUZMÁN ALBARRACÍN Y OTROS VERSUS ECUADOR.  De entrada esto parece súper aburrido, ¿de qué otra forma puede ser un recinto donde están 6 jueces de distintos lugares de América discutiendo cómo si o cómo no un estado protegió o no los derechos humanos de uno de sus habitantes?

La cosa es la siguiente, el caso está por resolverse y han pasado 18 años desde los hechos.  ¡¡18 años!! Imagine usted qué estaba haciendo en el 2002. Yo, a mis 25 estaba en San Vicente de Cagüán coordinando un Centro de convivencia ciudadana.  Mientras esto pasaba Paola del Rosario, una niña de 16 años llevaba 2 años de tener una relación con un señor 50 años mayor que ella, que casualmente era el vicerrector de su institución educativa, y ya se había realizado un aborto, que tuvo que pagar con favores sexuales al médico de su colegio.

Un día salió de su casa rumbo al colegio y se tomó muchas cápsulas de pólvora, lo que generó obviamente envenenamiento, pero, le contó a sus amigas en el bus escolar (10 de la mañana), a las 2 empezó a sentirse mal, las amigas contaron a los docentes quienes la llevaron a la enfermería donde le obligaron a rezar, pedir perdón por lo que había hecho y no hicieron absolutamente nada más por ella.  Las amigas llamaron a su mamá, quien fue por la niña al colegio y la llevó a un servicio médico público donde la tuvieron sin atender 3 horas más.  Pasadas 7 horas desde que la niña le contó a sus amigas la ingresaron a un establecimiento privado, donde al día siguiente falleció debido a que ya no se podía hacer nada por el avance del envenenamiento.

Esa familia, lleva 18 años luchando por un reconocimiento de la omisión por parte del estado de Ecuador que le falló a la niña por todo lado: Sufrió abuso sexual por al menos dos años por el vicerrector de la institución educativa pública a la que asistía, la comunidad estudiantil conocía el caso, al menos 43 niñas fueron encuestadas sobre este tema más adelante, fue abusada (nuevamente) por el médico escolar para que se pudiera practicar un aborto y en punto culmen los docentes y cuerpo administrativo no hicieron absolutamente nada frente a su inminente muerte por envenenamiento, un médico forense mostró supuestas partes del cuerpo de la hija recientemente fallecida a su madre  y posterior a su muerte  los medios de comunicación se refirieron a ella como una adolescente seductora durante años generando en su familia señalamientos y un duelo que no ha terminado.

Me sorprenden varias cosas, entre ellas, la entereza de la mamá de Paola por la memoria de su hija, porque estar 18 años en pie de lucha debe ser agotador, pero especialmente me sorprende la desidia del estado ecuatoriano frente a la vida y dignidad de las niñas.

Hoy vi como los abogados del estado Ecuatoriano trataron de desestimar el caso por forma: dicen ellos que no les habían copiado un correo electrónico (asunto ridículo); pero además las acciones de juzgamiento al violador se vencieron por términos, es decir dejaron volar al “vicerrector”, quien está completamente impune y puede dictar clases en cualquier establecimiento privado ecuatoriano.

Me pregunto: ¿quién resarce la memoria de Paola? ¿cómo resarcir el mensaje que se le ha dado a generaciones de niñas donde se les enseña que su cuerpo es un medio de transacción, que no hay lugares seguros para ellas, ni en la escuela, ni en los servicios médicos, y que su palabra no es válida ni siquiera para salvar su vida?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una oportunidad de lujo para orientar a todos los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos – OEA en el respeto de los derechos de las niñas, su validez en la sociedad y los recursos que los estados deberían invertir en el cumplimiento efectivo de la cobertura real de los derechos humanos para ellas, protegiéndolas del acoso sexual y el abuso sexual, no mirando para otro lado.

#JusticiaPorPaola