El viernes de la semana anterior el Ministerio Público solicitó una condena de 21 años contra el alcalde y contendiente municipal de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, por los presuntos delitos de distracción de fondos públicos y daño al patrimonio municipal que pesan en su contra, así como por la acusación de haber recibido más de 280 millones de colones por concepto de salario y de dedicaciones exclusivas que no le correspondían.
Así lo informó el medio regional de la Zona Norte, La Región, y fue confirmado a Delfino.cr por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que, vía correo electrónico, detalló que contra Córdoba se está solicitando una pena de 90 días multa por cada uno de los cinco delitos de nombramiento ilegal que pesan en su contra; seis años de prisión por los dos delitos de tráfico de influencias que se le imputan; cuatro años más por dos delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales; otros seis por dos delitos de prevaricato en su contra y siete años por el delito de peculado para un total de 21 años de pena.
Además, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación de Córdoba para ejercer cargos públicos y de elección popular durante los próximos 10 años. Esa misma inhabilitación se solicitó, a su vez, contra el gerente de la municipalidad sancarleña, Wilbur Rojas Cordero, contra quien también se solicitaron 11 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado que se procesan en la causa que comparte con Córdoba.
Recordemos que el juicio contra Córdoba y contra Rojas arrancó el pasado lunes 2 de setiembre en el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José y en él se les acusa a ambos funcionarios de un supuesto pago de pluses salariales de más de 100 millones de colones provocados por el presunto nombramiento desleal que realizó la administración municipal en el año 2002.
La causa, que se tramita bajo el expediente 15000083-0621-PE, cuestiona el puesto que se le otorgó a Rojas Cordero como gerente del municipio a pesar de no contar con los requisitos técnicos para el cargo y en detrimento de las personas que tenían ese puesto al momento del nombramiento (han pasado 15 años y Rojas, por cierto, se mantiene en el cargo).
El caso lo llevó a la Contraloría General de República el entonces exregidor, Carlos Corella Chaves, quien en una conversación que sostuvo con Delfino.cr al inicio del proceso, aseguró que realizó la denuncia debido a que "el Concejo Municipal de San Carlos otorgó el cargo sin tener la competencias para hacerlo solicitó y aprobó a través de una moción que se le equipare la experiencia a Rojas como profesional y se le pagué un 25% de dedicación exclusiva".
Ese criterio fue justo el que compartió la Procuraduría de la Ética Pública cuando, en sus conclusiones de la semana pasada, solicitó una condena civil por 20 millones de colones contra los dos imputados al considerar que "las pruebas son contundentes en la ilegalidad del nombramiento, pues se nombró por presiones sin tener los títulos según el reglamento y de forma caprichosa se le pone un 25% de dedicación exclusiva a pesar de los criterios dados por el Servicio Civil".
Como sabemos, Córdoba está lejos de ser el único alcalde con causas abiertas ante la Fiscalía pero esta también está lejos de ser la única causa que se tramita en su contra. Según detalló el medio San Carlos Digital, contra el alcalde se investigan cuatro causas más por los aparentes delitos de administración en provecho propio (Expediente 17-001337-306-PE), pago irregular de contrato administrativo (Expediente 16-0018-62-306-PE) y otras dos por sustracción de bienes de dominio público (Expedientes 16-001464-306-PE y 16-000475-306-PE).
Estos casos ya están en la etapa de investigación preliminar pero además, a la administración municipal se le cuestiona el uso de 1.300 millones de colones que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación les había transferido para las obras de la pista atlética en la Ciudad Deportiva de San Carlos y que cuyos trabajos quedaron inconclusos y sin mantenimiento. a pesar de los recursos girados. Por ello es que desde el 2016 el ICODER solicitó a la Fiscalía de San Carlos que elevase el caso a instancias judiciales y ese proceso por su parte, también continúa.
El juicio contra Córdoba, que tiene más de 18 años a la cabeza del municipio sancarleño y más de un cuarto de siglo de ser funcionario municipal, continuará el próximo 25 de octubre con las conclusiones de la defensa de los imputados.
Sin embargo, y como desgraciadamente es tan común que por cada piedra que uno levante en las alcaldías de este país, surjan múltiples denuncias, no está de más esperar el proceso recordando la importancia de no quedarnos sin valorar todas las acusaciones que recaen contra nuestros representantes municipales antes de ir a las urnas el próximo 2 de febrero.
