El Ministerio de Hacienda está intentando zafarse de una obligación por ₡965.790 millones que ha arrastrado por varios años con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El tema es de larga data ya que el origen de la deuda nos remonta al tramo 1986-2009 cuando Hacienda estaba en la obligación legal de transferirle a Fodesaf —vía la CCSS que fungía como recaudador del Fondo— el 20% de la recaudación del impuesto de ventas, cosa que en la práctica nunca se cumplía a cabalidad, por lo que los pagos pendientes se fueron acumulando.
En 2009 se aprobó la Ley 8783, que cambio el cálculo de los recursos que Hacienda debía transferir al Fondo y lo fijó en 593.000 salarios base. Con el cambio, el Ministerio empezó a cumplir con sus obligaciones, pero nunca resolvió lo adeudado. En setiembre del 2013 la entonces Contadora Nacional, Irene Espinoza Alvarado, confirmó en el oficio DCN-1224-2013 el monto adeudado y desde esa fecha así aparecía en los libros contables de Hacienda.
Sin embargo, en julio del año pasado Fodesaf inició el cobro de esos montos adeudados, pero el Ministerio de Hacienda decidió dar esa deuda por “prescrita” y la eliminó por completo de sus libros contables y del calculo de la deuda del Estado.
La movida no pasó desapercibida, ya que la Contraloría General de la República la identificó en el informe DFOE-SAF-IF-00007-2019 y ordenó a la ministra de Hacienda y al director general de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) “conciliar los registros de la cuenta por cobrar del Fodesaf al Ministerio de Hacienda con la cuenta por pagar del Ministerio de Hacienda al Fodesaf”.
El tema es que la posición desde el Ministerio de Hacienda es que esa conciliación se reduce a que Fodesaf elimine ese cobro pendiente y dé los ₡965.790 millones por perdidos, mientras que desde la Desaf —que administra el fondo— mantienen su esperanza en el cobro administrativo y en llegar a un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda.
La nueva ministra de Trabajo, Giannina Dinarte Romero, confirmó a La Nación que, a pesar de la interpretación de Hacienda, el Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de cobro administrativo y que: "La deuda existe y aparece consignada en los estados financieros por parte del Ministerio de Hacienda desde 2013, por lo que no parece posible eliminarla de los estados financieros".
Para Hacienda, no deja de ser una posición —llamémosle— incomoda, ya que la semana pasada se evidenció que el Ministerio les exige a todos que la ley se cumpla al pie de la letra, pero tiende a fallar cuando le corresponde y ahora resulta que a todos les cobra, pero no a todos les paga...
