La Asamblea Legislativa aún no ha iniciado las gestiones para cobrarle a Jonathan Prendas Rodríguez los más de 8 millones de colones que recibió ilegalmente por concepto de cesantía tras pasar de asesor legislativo a diputado de la República.
Lo anterior porque el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, envió una nueva solicitud de criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) ante las dudas que tienen los departamentos de Recursos Humanos y Legal del Congreso sobre los efectos que tiene la imposibilidad de que un funcionario raso que pase a ser diputado pueda cobrar su auxilio de cesantía.
La nueva consulta se formuló luego que el 20 de junio anterior la Procuraduría indicara al Congreso que un oficio enviado siete días antes con dudas sobre la aplicación del dictamen C-158-2019 (que determinó la improcedencia de pagar la cesantía si el funcionario cesado va a pasar a ser diputado), no era la vía correcta para evacuar dichas interrogantes.
En una nota dirigida a Delfino.cr, Carlos Ricardo Benavides afirmó que el 25 de junio el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales solicitó al Departamento de Asesoría Legal emitir el criterio necesario para formular una nueva consulta a la Procuraduría. Dicho criterio legal fue remitido el 29 de julio y la nueva consulta se formuló al Abogado del Estado el 31 de julio, y se está a la espera de una respuesta.
"Siendo que, a criterio de los Directores de los Departamentos encargados de la aplicación de los alcances del criterio de la Procuraduría, es necesaria la evacuación de la consulta formulada, nos encontramos a la espera de la respuesta de ese órgano asesor", justificó Benavides.
Las "dudas" de la Asamblea
Freddy Camacho Ortiz, director a.i. del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa pidió que el criterio de la Procuraduría sea "reconsiderado" por esa institución al insistir que al no haber relación laboral con el Estado, es correcto que un funcionario reciba el auxilio de cesantía aunque pase a ser diputado.
Camacho formuló las siguientes interrogantes (con lo que a su criterio deben ser las respuestas), las cuales Carlos Ricardo Benavides solicitó a la Procuraduría responder:
- Si no se permite la cancelación inmediata del auxilio de cesantía a aquellos servidores que tienen derecho a recibir prestaciones, al terminar su relación laboral con el Estado, y que seguidamente inicien funciones como diputados popularmente electos: ¿cuándo se deben cancelar dichos extremos?
En caso de que lo que proceda sea una eventual posposición de la cancelación de dichos derechos laborales, se deberá contemplar la posibilidad de indexar tales montos para traerlos a valor presente al momento de su efectiva cancelación, porque, caso contrario, se pagarían dichos extremos devaluados, al ser calculados sobre los salarios recibidos por el servidor mientras duró su relación laboral, lo que excluiría los emolumentos que percibió durante el tiempo que fue diputado, ya que en ese período no mantuvo una relación de servicio con el Estado.
- Si la cancelación se debe realizar hasta la finalización de su período como representantes populares, en razón del principio de continuidad en el Estado que valida dicho dictamen: ¿se deben contemplar los cuatro años servidos como diputados para el cálculo correspondiente?
Es nuestro criterio que no existe fundamento jurídico para validar la posibilidad de contemplar los cuatro años que se desempeñan como diputados para el cálculo de cesantía que como empleado público le correspondía, al momento de finalizar su relación laboral con el Estado. No obstante, si dichos cálculos se realizan hasta la finalización de su período como representantes populares, se estima que los dineros a cancelar deberán ser al menos indexados, para traer a valor presente el monto que por cesantía le correspondía recibir al funcionario, al finalizar su relación laboral con el Estado, la cual feneció antes del inicio de su período como representante popular.
- Si se contemplan los cuatro años servidos como diputados: ¿se debe entender esto como parte de una relación laboral? De ser así, ¿a quiénes se les pagaría? ¿Sólo a aquellas personas que han sido servidores públicos, en razón del principio de continuidad o a todas las personas que sean elegidas durante esos cuatro años como diputados?
Es nuestro criterio, de acuerdo con lo indicado líneas atrás, que los cuatro años que se sirve como diputados de la República, no pueden ser tomados en cuenta como parte de una relación laboral, para el cálculo de los extremos laborales adquiridos con anterioridad por servidores públicos que renuncian para pasar a ejercer como representantes populares, o bien, que finalicen su nombramiento a plazo o por período determinado (funcionarios de confianza) previo al ejercicio de un cargo de representantes populares, según lo señalado en los artículos 682, 683 y 684 del Código de Trabajo y toda la jurisprudencia constitucional y administrativa mencionada en los apartados anteriores.
- Si en razón del principio de continuidad sólo se puede cancelar a quienes han tenido una relación de servicio previa con el Estado, ¿no podría considerarse esto una discriminación odiosa para quienes no han tenido una relación laboral, pero han servido durante cuatro años como representantes populares?
Nuestra opinión, reiteramos, es antagónica a lo planteado por el Órgano Procurador, por lo que, de mantenerse el criterio emitido en el dictamen de cita, la presente consulta resulta una duda razonable que se espera sea evacuada por dicho ente. No obstante lo anterior, lo que se puede indicar es que, se estima que si lo que se hace es posponer el pago de extremos laborales del servidor activo que pasa a fungir como diputado de la República, hasta la finalización de su período constitucional, no resultaría discriminatorio para aquellos diputados que nunca han tenido una relación de servicios con el Estado, pero sí afectaría los derechos de quien sí lo ha sido y se le ha pospuesto el pago correspondiente, si no se indexa y se trae a valor presente el monto a cancelar.
- ¿Se realizarían dichos cálculos con base en los ingresos obtenidos como diputados (asignaciones y gastos de representación) durante los últimos seis meses, de acuerdo con el inciso b) del artículo 30 del Código de Trabajo, que dispone que este extremo resulta del cálculo del promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses de servicio?
Reiteramos que de conformidad con los artículos 682 a 684 del Código de Trabajo, así como del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 4 del 28 de mayo de 1959 y de la jurisprudencia constitucional y administrativa emitida en torno a la representatividad de los funcionarios de elección popular, resulta improcedente considerar que los diputados tienen una relación de servicios con el Estado, por lo que los montos percibidos por éstos (asignaciones y gastos de representación), no pueden ser considerados para efectos del cálculo de los extremos laborales, aunque se trate de un servidor que renunció a su puesto o finalizó su contrato por plazo determinado (funcionarios de confianza) para fungir como diputado, cuyo cálculo y pago de dichos derechos le haya sido pospuesto en razón del principio de continuidad.
- Si no procede contabilizar dicho período, por contravenir lo dispuesto en el artículo 683 del Código de Trabajo, sino únicamente lo relativo al lapso en que se desempeñó como empleado público, y su pago se pospone hasta la finalización de su periodo como diputados: ¿se debe pagar dichos montos con base en un cálculo realizado sobre los últimos salarios devengados durante su relación laboral con el Estado, es decir, previo a su condición de diputados? ¿Debe dicho cálculo ser indexado para traerlos a valor presente? o ¿procede el reconocimiento de los intereses legales correspondientes?
Es criterio de esta Asesoría Legal que no procede el reconocimiento de intereses, porque éstos aplican como indemnización por eventuales demoras en el pago, siendo que de conformidad con el principio de continuidad que fundamenta el criterio del Órgano Procurador, su relación de servicio con el Estado no habría terminado, por lo que no se estaría en presencia de una tardanza en su reconocimiento.
- Si dicho pago se pospone hasta la finalización de su período constitucional como diputados, ¿se valida el principio de continuidad resaltado en el dictamen C-158-2019 para efectos de contabilizar el plazo de un año dispuesto por el artículo 413 del Código de Trabajo para efectuar el reclamo correspondiente, suspendiendo la prescripción ahí establecida? En otras palabras, ¿ese plazo de un año corre a partir de la finalización de su relación constitucional de representante popular?
Insistimos que nuestro criterio se basa en la procedencia de pagar de manera inmediata, los derechos laborales de los servidores al momento en que renuncian o que finaliza su contrato por tiempo determinado o definido (funcionario de confianza) y no hasta la finalización del período constitucional por el que fueron electos diputados. No obstante, si tenemos como cierta y procedente la posición de la PGR, el pago de dichos extremos laborales no se podría realizar hasta la finalización de toda relación con el Estado, sea esta laboral o derivada de un mandato representativo.
Así las cosas, para que opere el plazo de prescripción de un año, dispuesto en el artículo 413 del Código de Trabajo, se debe cumplir la condición necesaria para el inicio de la contabilidad del plazo de prescripción, que en el caso que nos ocupa es justamente desde la fecha de finalización de la relación laboral. Si partimos que dichos servidores mantienen una relación del servicio con la Institución, debido al principio de continuidad, el plazo de un año correría a partir de que finaliza el período constitucional por el que fue electo diputado. Reiteramos que, desde nuestra perspectiva, esta situación resulta frágil, especialmente si se tiene presente que el artículo 684 de reiterada cita expresamente dispone la improcedencia de aplicar la normativa del Código de Trabajo a los diputados y diputadas.
Pese a que las dudas de los departamentos legislativos no tienen nada que ver sobre la recuperación de las sumas pagadas de forma ilegal, aún el Congreso no inicia la gestión de cobro a Prendas.







