Diría que nos sorprendió pero ¿de verdad lo hizo? No. Una mayoría de diputados dispuso rechazar el segundo debate del expediente 21.096 que pretendía incorporar en la Ley Fundamental de Educación la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las escuelas de Costa Rica, así como sus alcances y principios.
Como recordarán, el 13 de agosto anterior 35 diputados respaldaron el proyecto en primer debate y otros 15 se opusieron. El segundo debate se programó para este martes y en lo que constituyó la votación más cerrada en un segundo debate en el actual periodo constitucional, el expediente se aprobó con 23 votos a favor y 22 en contra, es decir, mayoría de uno.
¿Por qué se acortó la diferencia respecto al primer debate? Todo el PUSC, a excepción de María Vita Monge, se volcó en contra del proyecto. Lo mismo que dos de los tres diputados del PIN, dos de los diputados del PLN y uno del PRSC. Asimismo, la cantidad de ausentes pasó de 7 a 12 entre ambos debates.

Aunque el proyecto fue aprobado, se presentaron dos mociones de revisión para repetir la votación, una de parte de los opositores del proyecto y otra de quienes lo apoyaron. Aunque la votación se dio inmediatamente después del segundo debate inicial, el resultado se volcó: 26 a favor de repetirla, 22 en contra y 9 ausentes.
¿Qué cambió? Welmer Ramos del PAC votó a favor y tres diputados opositores al proyecto que estaban ausentes se reincorporaron al Plenario e hicieron mayoría.

Finalmente, la votación arrojó 22 a favor del proyecto y 26 en contra con 9 ausencias. En este caso se repitieron los votos en contra registrados en el segundo debate, se sumaron los tres que anteriormente no estaban (Pedro Muñoz, Giovanni Gómez y Carlos Avendaño) y el de Welmer Ramos quien cambió de bando.
Al haber más votos en contra que a favor, el proyecto se rechazó y fue enviado al archivo, de donde no podrá sacarse sino mediante la presentación de un nuevo expediente.

Discusión (y editorial)
No podemos reportar simplemente el archivo del expediente. Dos discursos llenos de falsedades fueron determinantes para volcar la votación, ambos emitidos por la tránsfuga Ivonne Acuña, quien paradójicamente era una de las co-proponentes del proyecto de ley, pero quien el día en que se dictaminó el mismo en la Comisión de Derechos Humanos estaba ausente.
En su primera intervención, Acuña dijo que cuando Jorge Luis Fonseca (PLN, principal proponente del proyecto) presentó la modificación al texto del proyecto para que, además de enseñar la Declaración Universal se estudiaran todos "sus alcances y principios", surgió en ella una gran preocupación porque el texto original de la Declaración fue "enviado" a "distintas comisiones", entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y "allí se realizaron interpretaciones"; de modo que enseñar "sus alcances y principios" implicaba que Costa Rica "aceptaría" todas las interpretaciones que se hubiesen hecho del texto original, en todos los países.
Acá detengámonos por un momento para señalar que lo dicho por Acuña es falso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se creó hasta el año 1959 en Santiago de Chile, es decir, 11 años después.
Naturalmente tal separación de tiempo ya hace de por sí imposible que la ONU le encargara a la CIDH "interpretar" la Declaración, pero aún peor es que se use tal argumento cuando la Declaración fue adoptada por la ONU y la CIDH fue creada como uno de los dos organismos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978.
En resumen para que los que son "estúpidos pero no idiotas" entiendan, la Declaración Universal fue adoptada por la ONU; la OEA creó la CIDH 11 años después y por ser organismos distintos, naturalmente no se le encargó a la segunda interpretar algo que no fue emitido por su organización "madre".
Pero supongamos por un momento que Acuña quiso decir que a la CIDH se le encargó interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (como ven, los nombres son un poco parecidos), pero en ello también habría mentido, ya que el artículo 64.1 de la Convención Americana (Pacto de San José) señala que esa responsabilidad es de la Corte Interamericana, no de la CIDH y no es de oficio, sino a petición de la CIDH o de un Estado parte.
Su divulgación de información falsa no quedó allí. Acuña dijo que si otros países habían interpretado de la Declaración Universal que existe el derecho al aborto libre, Costa Rica debía enseñarlo en las escuelas si se aprobaba el proyecto de ley porque el mismo decía que debían enseñarse sus "alcances y principios".
¿Pero existe algo en esa Declaración que, por atisbo, indique que se reconoce el derecho al aborto libre? El artículo 25 del documento es el que hace referencia a salud, maternidad e infancia en los siguientes términos:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Acuña luego insistió en que de aprobarse el texto a como estaba, Costa Rica adoptaría disposiciones de otros países que inclusive podrían contrariar el ordenamiento jurídico como en el caso del aborto. Lo que sucede es que la prohibición existente en la ley nacional se refiere al acto de abortar, no a la presunta enseñanza de que existe el derecho a hacerlo y para peores, pretende hacer creer que lo que "hayan dicho otros países" sobre aborto se aplicaría en Costa Rica, pese a que el proyecto hablaba de la enseñanza de una Declaración de Derechos, no del acogimiento de supuestas interpretaciones foráneas.
Para mayor profundidad sería interesante saber si algún país ha interpretado, a partir de la Declaración Universal, que existe el derecho al aborto; ya que aunque la diputada así lo dejó ver, no dio ejemplos concretos.
Pese a la tonelada de desinformación escupida por Acuña, Jorge Luis Fonseca del PLN no se atrevió a solicitar el uso de la palabra para defender el proyecto. En su lugar, Zoila Volio del PIN recalcó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó solo tres años después de la Segunda Guerra Mundial y que usar argumentos sobre aborto o religión en esta discusión era prostituir la Declaración, pues en esos años esos temas no eran ni siquiera discutidos.
El presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides afirmó que no era aceptable que en pleno Siglo XXI los diputados de Costa Rica usaran "pleitillos" con aspectos que no deberían producirse en el debate político, para tirar por la borda un esfuerzo para que los niños conocieran la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ana Karine Niño lamentó que el proyecto se usara para seguir polarizando a la sociedad costarricense, ya que la intención del mismo es muy clara en que "principios y alcances" se refiere al contenido de la Declaración, no a supuestas interpretaciones.
Este proyecto no tiene una intención macabra.
Luego, Oscar Mauricio Cascante del PUSC señaló que los educadores no necesitaban de una ley para enseñar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Argumento similar usó en Twitter el diputado del PAC, Welmer Ramos, quien usó un extracto del informe técnico-legal del proyecto que señala que la decisión de incorporar esa Declaración a los planes de estudio es una potestad del Consejo Superior de Educación.
Lo anterior es cierto, sin embargo, votar contra un proyecto que pretende dar rango de ley a algo que ya se viene haciendo es no entender que las personas en los puestos de decisión no son eternas, y por ende, esas políticas pueden ser modificadas y hasta descontinuadas. Inclusive, el Consejo Superior de Educación había dado su visto bueno al proyecto y hasta propuso mejoras en su redacción.
También es cierto que los diputados no han tenido problema alguno en aprobar otras iniciativas que otorgan rango de ley a políticas públicas que llevan desarrollándose desde hace tiempo. Por ejemplo, el programa Avancemos fue elevado a rango de ley y este mismo martes se aprobó en segundo debate una reforma al plan fiscal que literalmente no hace nada, pues reitera una redacción ya existente e interpretada sobre el financiamiento de las sedes regionales de las universidades públicas...
No contenta con haber propalado durante minutos información falsa sobre los alcances del proyecto, Acuña tomó la palabra de nuevo para hablar a favor de que se repitiera la votación y apeló a los diputados "pro vida" a analizar muy bien lo que se estaba aprobando y dijo que hay "países" que han interpretado de la Declaración aspectos de "ideología de género"...
Estamos acogiendo todas las interpretaciones que hagan los diferentes países. Apelo a los diputados pro vida, apelo a los diputados que se han levantado al voz a favor de la vida en este parlamento, porque cuando hablamos de defender la vida la debemos defender consecuentemente. Hablar de la interpretación de lo que hagan otros países sobre cuándo hay vida y cuándo no es muy peligroso. Me niego a que otros países decidan qué vamos a enseñar nosotros en nuestras aulas.
Paola Valladares acusó a los opositores al proyecto de estar mintiendo y manipulando información, así como de confundir a los costarricenses. "Deberíamos ser más responsables y estar a la altura de la curul que estamos ocupando", dijo.
Finalmente, la socialcristiana Shirley Díaz tuvo el tupé de quejarse por las palabras usadas por Valladares y dijo que quienes se oponen al proyecto lo hacen por estar contra la "ideologización" y que era una falta de respeto que cada vez que se antagonizara con otros diputados se externaran agravios.
Proyectos aprobados
Este martes se aprobó en segundo debate el expediente 20.853 "Ley para la Celebración del Día de la Cultura China e Incorporación de Actividades Educativas y Culturales". En total 44 diputados votaron a favor y solamente Zoila Volio del PIN se manifestó en contra.

Luego de que llegara la sentencia completa de la Sala Constitucional donde se descartaban vicios de fondo en el proyecto, 43 diputados a favor y 3 en contra dieron votación final al expediente 20.509 "Reforma parcial de Ley de Armas y Explosivos N.° 7530 y sus reformas, del 10 de julio de 1995; artículos 7, 20, 23 y 51".
Esta iniciativa es la que dispone un rebajo en la cantidad de armas permitidas por persona de 3 a 2, así como la obligación de renovar la matrícula de las mismas cada seis años. Votaron en contra Zoila Volio del PIN, María Inés Solís del PUSC y Dragos Dolanescu del PRSC.

De igual forma, 45 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.277 "Reforma del Artículo 24, “Asignación Presupuestaria”, del Título IV, “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de Diciembre de 2018" que, según sus proponentes, tiene el propósito de que la Dirección de Presupuesto Nacional realice la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios establecidos en el artículo 23 de la ley de cita. Dicha asignación no podrá ser inferior a la asignada en el presupuesto vigente, incluyendo los destinos específicos derogados en esa ley.
Actualmente el artículo reformado se lee así:
ARTÍCULO 24- Asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley.
Y ahora se leerá así:
ARTÍCULO 24- Asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley; incluyendo los destinos específicos derogados en esta ley.
Esta reforma es innecesaria por cuanto la Sala Constitucional en su sentencia sobre el plan fiscal señaló que ya el artículo 24 a como estaba redactado disponía que los destinos específicos a sedes regionales de universidades públicas que fueron derogados se mantendrían en un monto no inferior al que se tenía para el 2018...

Finalmente, se le dio primer debate al expediente 20.894 "Reforma de los Artículos 85 Ter, 90 Bis, 134, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 172 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998".
El proyecto propone corregir el Código Municipal, debido que Ley 9542, Ley de Fortalecimiento a la Policía Municipal introdujo en dicho marco jurídico un nuevo capítulo que plantea los lineamientos y criterios de homogeneidad que debe cumplir cualquier municipio si desea crear o mantener una policía municipal, lo que provocó que la numeración de los artículos se corriera a partir del artículo 61.









