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Comisión rechaza permitir huelgas en servicios esenciales y en su lugar amplía lista de prohibiciones

En una maratónica sesión que concluyó al filo de que muchos sumáramos casi 13 horas continuas de trabajo, la Comisión Especial que estudia el expediente 21.049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre las Huelgas y sus Procedimientos terminó de discutir y votar 81 de las 222 mociones de fondo que fueron presentadas a la iniciativa liderada por el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides.

De las 81 mociones, seis fueron retiradas por sus proponentes antes de que fueran votadas, tres fueron aprobadas por unanimidad; siete fueron aprobadas con una mayoría de 6 contra 1; 30 fueron rechazadas por unanimidad; 28 fueron rechazadas con mayoría 6 contra 1; y otras 7 fueron rechazadas con mayoría 5 contra 2.

Debido al procedimiento especial que rige el trámite de este proyecto de ley, las mociones no se conocen según el orden de presentación, sino de forma ascendente según el articulado sobre el cual se está mocionando. De esta forma, la primera moción en conocerse fue el polémico texto sustitutivo impulsado por Franggi Nicolás y otros diputados, que pretendía legalizar la huelga en servicios esenciales a cambio de la prestación de "servicios mínimos", sin cobro retroactivo de salarios en caso de declaratoria de ilegalidad de la huelga, y sin actualizar el listado de servicios esenciales actualmente vigente desde 1943.

Nicolás se encuentra incapacitada y por ello no se presentó al Congreso este lunes. En su lugar, fue José María Villalta del Frente Amplio quien defendió la moción que él también firmó y que ha generado polémica en los últimos días, por ser un texto totalmente opuesto al que durante meses fue construido entre otros miembros de la comisión dictaminadora, sindicatos y con la ayuda técnica de la propia Organización Internacional del Trabajo.

El propio Villalta reconoció falencias en el texto sustitutivo, sin embargo, dijo que era una alternativa al "prohibicionismo" que caracterizaba el expediente en discusión y por ello lo votó a favor. Los restantes seis diputados votaron en contra y la moción se desechó... ¡por ahora! ya que los firmantes de la misma tienen la oportunidad de insistir en ella en el Plenario para que sean los 57 diputados quienes resuelvan en definitiva.

En lugar de permitir la huelga en servicios esenciales, los diputados ampliaron la lista de servicios que tendrán prohibición absoluta de usar esa medida de presión de la siguiente forma:

  • Moción 43: Declara servicio público esencial y prohíbe la huelga en el servicio de alimentación de pacientes en todos los niveles de atención de los servicios de salud (aprobada por unanimidad)
  • Moción 48: Declara servicio público esencial y prohíbe la huelga de los funcionarios de la Policía Judicial, es decir, Organismo de Investigación Judicial (aprobada por unanimidad)
  • Moción 59: Declara servicio público esencial y prohíbe la huelga de los funcionarios de RECOPE dedicados a las tareas de importación, almacenamiento, transporte, distribución y suministro de combustible, la atención de averías que afecten esos servicios y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales, mientras mantenga el monopolio (aprobada por mayoría 6 vs. 1 (José María Villalta))
  • Moción 60 (cae encima del texto reformado por la moción 59): Declara servicio esencial y prohíbe la huelga de todos los servicios indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, la atención de averías que afecten los servicios descritos y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales, sin importar si RECOPE mantiene o no el monopolio.
    • Esta moción recibió moción de revisión para repetir la votación, la cual fue rechazada por mayoría de 4 contra 3, quedando definitivamente aprobada la versión impuesta por la moción 60.
  • Moción 64: Declara servicio esencial y prohíbe la huelga en los servicios judiciales en materia laboral, derechos fundamentales, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia, el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios médico forense que impliquen atención urgente, incluyendo en todos los casos los servicios auxiliares necesarios para su efectiva prestación (aprobada por unanimidad).

Otra de las modificaciones aprobadas fue reducir de 6 meses a 30 días el plazo que tendrán los sindicatos para registrar ante el Ministerio de Trabajo una dirección de correo electrónico exclusiva para recibir notificaciones de procesos de calificación de huelgas, de modo que se pueda superar la notificación personal que ha demostrado ser complicada de realizar en las últimas huelgas.

Asimismo, se aprobó una moción del propio Carlos Ricardo Benavides para eliminar una de las propuestas más polémicas del proyecto: disolución de sindicatos si se les probara en juicio que organizaron o incitaron a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas o en el acceso a instalaciones públicas o de servicios públicos, así como a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.

En su lugar, la moción aprobada establece que en caso de que una autoridad judicial emita sentencia condenatoria contra el representante legal de un sindicato o contra alguno de los miembros de su órgano directivo por acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, por los delitos de lesiones culposas, omisión de auxilio, daño agravado, entorpecimiento de servicios públicos, obstrucción de la vía pública, abandono de servicio de transporte, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, tipificados respectivamente en los artículos 128, 144, 229, 263, 263 bis, 264, 339 y 340 del Código Penal, ya sea en calidad de autor, instigador o cómplice, se enviará copia de la sentencia al Ministerio de Trabajo para que allí se decida si procede o no la disolución del sindicato.

También se aprobó una moción que precisa que los trabajadores en huelga no deben ausentarse o separarse injustificadamente (esa fue la palabra adicionada) del movimiento para realizar actividades personales o familiares ajenas, pues de lo contrario el patrono contará con un mes después de terminada la huelga para aplicar las sanciones correspondientes luego del debido proceso fijado en el actual artículo 414 del Código de Trabajo.

La última moción aprobada de la noche dispuso que las coaliciones temporales de trabajadores deban entregar el "aviso de huelga" e incluir en él, necesariamente, una dirección de correo electrónico donde atender notificaciones, pues de lo contrario las resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas de forma automática.

Por el contrario ¿qué mociones fueron rechazadas, además del texto sustitutivo? Aquellas que pretendían:

  • Eliminar la obligación de los sindicatos de registrar un correo para notificaciones judiciales.
  • Incluir como causal de disolución de sindicatos el incitar u organizar a otros gremios o estudiantes a bloquear vías o a cometer otros delitos.
  • Dejar en la impunidad absoluta la comisión de delitos por parte de sindicatos, sus afiliados o altos mandos.
  • Legalizar, vía excepción, las huelgas contra políticas públicas por causas como "la corrupción".
  • Permitir huelgas contra políticas públicas de hasta 48 horas, sin posibilidad de repetirse, y sin necesidad de haber ido a la conciliación antes de la huelga.
  • Permitir todas las huelgas políticas o contra políticas públicas
  • Otorgar fuero especial contra despido al trabajador en huelga que se hubiese ausentado o abandonado el movimiento, mientras el patrono realiza el debido proceso para sancionarlo según la gravedad de la falta.
  • Recortar la lista de servicios esenciales, particularmente en el sector salud permitiendo la huelga, por ejemplo, en el servicio de consulta externa.
  • Prohibir absolutamente la huelga en el servicio de cuido de instalaciones privadas
  • Prohibir absolutamente la huelga en todos los servicios de los aeropuertos, aduanas, puertos y puestos fronterizos
  • Prohibir absolutamente la huelga en los servicios de transporte público
  • Prohibir absolutamente la huelga en los servicios de aseo, higiene, recolección de residuos y alumbrado público
  • Prohibir absolutamente la huelga en los servicios de educación, incluyendo las instituciones de educación pre-escolar, las escuelas, los colegios de secundaria y universidades.
  • Eliminar el requisito de entregar un aviso de huelga al patrono.

Así las cosas, la Comisión volverá a sesionar a la 1 pm de este martes y luego cinco minutos después de que termine el Plenario de la tarde.

Les recordamos que en Barra de Prensa hacemos el esfuerzo de transparentar el quehacer legislativo y por ende, puede seguir en tiempo real el trámite de las mociones, sus proponentes e intención en el Excel que hemos preparado al respecto, así como ver el texto actualizado conforme se aprueban enmiendas en este otro enlace.

Aprobada en primer debate importante reforma antimonopolios

El Plenario aprobó en primer debate el expediente 21.303 denominado Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, uno de los requisitos para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El visto bueno fue unánime de los 52 presentes al momento de la votación, luego que durante varias horas se discutieran y votaran mociones de reiteración presentadas por diputados que, habiendo presentado mociones de fondo en comisión, las mismas les fueron rechazadas.

Aunque no ha sido de mucho "ruido" en la prensa, la importancia que reviste el proyecto se evidencia al ver que en total se presentaron 324 mociones de fondo, de las cuales solo 32 fueron aprobadas por la Comisión. Por ello, más de un centenar de mociones fueron reiteradas en Plenario pero gracias a acuerdos entre las fracciones, solo tres se aprobaron y la mayoría restante fueron retiradas por sus proponentes.

¿En qué consiste este proyecto? Pues en darle las herramientas necesarias a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) para que verdaderamente cumpla su función de promover la competencia y combatir los monopolios en el país.

Para ello, se le otorga personalidad jurídica instrumental, independencia administrativa y presupuestaria, potestad de contraer actividad contractual, administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas nacionales o internacionales.

Para financiar las nuevas responsabilidades otorgadas, COPROCOM tendrá un presupuesto constituido por un nuevo destino específico que saldrá del Presupuesto Nacional: no menos de 2368 millones de colones por año.

Otra de las novedades es que la COPROCOM podrá imponer fuertes multas a empresas que incurran en prácticas desleales, las cuales serían de hasta el 10% de su volumen anual de negocios; de modo que sea una sanción disuasoria mas no confiscatoria.

De igual forma, se dividen las faltas en leves, graves y muy graves, con la respectiva multa para cada una.

Entre las leves se tipifica brindar información incompleta o sin justificación a las autoridades; notificar de operaciones de concentración económica de forma tardía, o entorpecer las investigaciones que se permiten con la ley. Ello será castigado con multa de entre 0,1% al 3% del volumen de negocios. 

Entre las faltas graves se encuentra negarse a dar información a las autoridades competentes sin razón justa, o darla falseada, alterada o de forma engañosa; así como impedir investigaciones o inspecciones por parte de las autoridades de competencia. Se castigará con multa de entre 0,1% al 5% del volumen de negocios.

Finalmente, las faltas muy graves incluyen prácticas monopolísticas relativas y absolutas, incumplir resoluciones de las autoridades de competencia, incumplir medidas cautelares, entre otras. La multa será de hasta el 10% de su volumen de negocios.

Otra posible sanción es la inhabilitación para contratar con el Estado en el caso de personas jurídicas, o multas de hasta 288 millones de colones para personas físicas.

Breves

— El Plenario tuvo sesión extraordinaria por la mañana para iniciar el conocimiento de las mociones de fondo presentadas al proyecto de modernización de Japdeva, aka el proyecto de Ley para liquidar a al menos el 80% de la planilla de la institución. Otra sesión extraordinaria para continuar el trámite tendrá lugar este martes por la mañana y la siguiente es el miércoles.

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