La entidad argumenta que la medida viola la Ley de Competencia y puede generar desabastecimiento y distorsiones en el mercado.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Estado con el fin de anular el Decreto Ejecutivo N°44863-MEIC, que establece un margen máximo de comercialización para todos los medicamentos registrados en el país.

Según explicó la entidad en un comunicado de prensa, la regulación impuesta por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es contraria a la libre competencia y podría generar efectos adversos en el mercado, afectando tanto a empresas como a consumidores.

La regulación, que entró en vigor el 18 de febrero de 2025 tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el 17 de enero, había sido previamente cuestionada por la Coprocom. En su Opinión N.º COPROCOM 015-2024, emitida el 21 de noviembre de 2024, la entidad recomendó no implementar la medida, al considerar que no cumplía con los requisitos de procedimiento, motivación y excepcionalidad que exige la legislación. A pesar de esto, el MEIC desestimó los señalamientos y procedió con la emisión del decreto sin consultar a la Autoridad Nacional de Competencia ni a los sectores involucrados.

En su demanda, la Coprocom solicitó que se declare la nulidad absoluta del decreto y argumenta que este presenta múltiples irregularidades. Entre ellas, menciona la restricción al derecho de libertad de comercio, posibles roces de inconstitucionalidad, falta de consulta previa y ausencia de un análisis adecuado sobre el impacto en el abastecimiento de medicamentos. También señala inconsistencias en la metodología utilizada para fijar los márgenes de comercialización y posibles violaciones a la normativa de competencia.

Desde la perspectiva de la Comisión, la implementación del decreto podría generar diversas distorsiones en el mercado farmacéutico y causar desabastecimiento, pues la regulación se aplica a todos los medicamentos, incluyendo los de venta libre y los de uso restringido, de modo que la fijación de márgenes podría hacer que la comercialización de ciertos productos deje de ser rentable, reduciendo la oferta y generando escasez.

Asimismo, Coprocom advirtió que la regulación de márgenes podría llevar a un incremento en el precio de otros productos relacionados, ya que las empresas buscarían compensar las pérdidas generadas por el decreto. Además, existe el riesgo de que los agentes del mercado ajusten sus precios al máximo permitido, elevando los costos para los consumidores.

Además, la entidad alegó que la medida podría propiciar acuerdos ilegales entre competidores, ya que obliga a droguerías y mayoristas a distribuir entre sí los márgenes de comercialización.

Por otro lado, la Comisión advirtió que la regulación de márgenes podría afectar especialmente a las pequeñas empresas, que podrían ver reducida su rentabilidad hasta el punto de verse obligadas a cerrar. Esto, a su vez, aumentaría la concentración del mercado en unas pocas empresas, reduciendo la competencia y limitando las opciones disponibles para los consumidores.

Viviana Blanco Barboza, presidenta del Órgano Superior de la Coprocom, advirtió sobre las posibles consecuencias de la regulación:

"De continuar con la regulación de márgenes, los agentes económicos podrían decidir no abastecerse más de ciertos productos, porque no les resulta rentable como política o estrategia comercial de su empresa, provocando un desabastecimiento de productos con las implicaciones para la salud pública y la vida de los pacientes. Además, esta regulación podría provocar efectos contraproducentes a otros niveles o eslabones de la cadena de comercialización más allá de las droguerías, como es la comercialización institucional, pudiendo afectar las adquisiciones que realiza la CCSS de los medicamentos".

La Comisión sustentó su posición en el Estudio de Mercado en el Sector Farmacéutico en Costa Rica, aprobado en diciembre de 2024. Dicho estudio identificó diversos riesgos para la competencia y propuso recomendaciones de política pública, las cuales fueron plasmadas en la Opinión N.º COPROCOM-01-2025 y notificadas al Gobierno en enero de 2025. Según la normativa vigente, si el Ejecutivo decide apartarse de la opinión de la Autoridad de Competencia, debe justificar su decisión en un plazo de 30 días, el cual vence el 27 de marzo.

Blanco Barboza subrayó que la normativa podría incentivar prácticas colusorias en el sector farmacéutico.

"El daño a los mercados de medicamentos a nivel nacional es evidente porque el decreto en cuestión de alguna forma incentiva la realización de prácticas colusorias como el intercambio de información estratégica o sensible entre competidores. El Estudio de Medicamentos en Costa Rica valoró que en el sector de medicamentos, tal como está configurado actualmente, existe un riesgo de coordinación tácita, lo cual con la vigencia del decreto se incrementa en el tanto el decreto insta a los agentes económicos a ponerse de acuerdo para distribuirse el margen máximo de comercialización".

Como parte de la demanda, la Coprocom también solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve el proceso judicial, al sostener que la normativa podría generar daños irreparables en el mercado si continúa en vigor, por lo que considera urgente su suspensión.

Contexto

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el entonces ministro de Economía, Francisco Gamboa Soto, firmaron el Decreto Ejecutivo N°44863-MEIC el 15 de enero de 2025, pese a las objeciones de la Coprocom. El mandatario justificó la medida señalando que los medicamentos en Costa Rica son hasta un 200% más caros en comparación con otros países.

El Ejecutivo estableció topes de entre un 11% y un 28% para las cadenas mayoristas, y de entre un 25% y un 43,5% para las minoristas. Su cumplimiento se verifica mediante inspecciones del Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, además de sistemas de factura digital controlados por el Ministerio de Hacienda.

Según Gamboa, los márgenes de comercialización definidos en el decreto estaban basados en experiencias internacionales y en un análisis de 50 países.