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— La mayoría de los costarricenses vive sin armas en sus hogares, según reveló el informe final del estudio Percepción de tenencia y portación de armas que la Fundación Arias para la paz hizo público este jueves. El documento señala que solo el 6,2% de la población tiene algún tipo de armamento de fuego en su hogar y que solo el 21% de esa cifra, lo utiliza.
— El estudio fue realizado a partir de 1000 entrevistas cara a cara, realizadas por la Fundación entre el 6 de abril y el 4 de mayo pasado, en las 7 provincias de nuestro país. El objetivo fue definir qué piensa la población costarricense sobre la tenencia de las armas de fuego.
— Como recordarán desde el año pasado la Asamblea Legislativa ha estado trabajando dos proyectos de ley ligados al control de armas. Ambos presentan reformas a la Ley de Armas y Explosivos y el primero (20.508) ya fue aprobado, firmado y puesto en marcha. Como resultado se aumentó de 4 a 8 años la pena de cárcel a quien adquiera o comercialice armas prohibidas y de 3 a 5 años para quien tenga un arma de forma ilegítima en su poder o para quien no la haya inscrito debidamente. El proyecto, además, estableció sanciones económicas a las personas o comercios que no denuncien el extravío o robo de sus armas o municiones, a fin de tener un mayor control del tema en el país.
— El segundo proyecto en la materia es el 20.509, que busca reducir la cantidad de armas que se permite tener por persona (en este momento son 3 y con este proyecto se pasaría a 2), además de endurecer los requisitos que el Estado pide a quienes quieran poseer una. Este proyecto ya recibió visto bueno en primer debate y está a la espera del segundo, ahora que ya recibió luz verde de la Sala Constitucional, después de que algunos diputados plantearan la consulta de si es inconstitucional o no que el Estado le limite a uno la cantidad de armas que puede tener. Resumen: no lo es.
— Justo este punto fue uno de los que también tocó la Fundación Arias en su estudio. El 64% de los entrevistados aseguró que tener armamento no es un derecho, mientras que 7 de cada 10 aseguraron que el Gobierno sí debe tener autoridad para decidir quién puede o no tener un arma. También el 70% indicó que el Estado sí debería incidir sobre cuántas armas puede tener cada persona (a Gustavo Viales no le gusta esto).
— ¿Qué podría motivar estos datos? Bueno, cuando uno avanza en el documento se da cuenta de que la percepción que tienen los ticos sobre las armas y su uso y tenencia en general, es poco feliz: casi el 60% de la población asocia un arma con un peligro y solo un 36% la asocia con seguridad. Además, 6 de cada 10 entrevistados considera que las armas se utilizan "para atacar a personas" y solo el 26% cree que se usan para "defensa", a lo que hay que agregarle que el 57% considera que hay intereses económicos detrás de la lucha por no aumentar los controles de armas en el país.
— Según Ana Yancy Espinoza, directora de investigación en Arias para la paz, el dato del 6,2% resulta excepcional respecto al resto de los países donde el nivel de tenencia de armas de fuego ronda el 10%. El informe también revela que son los hombres los que mayoritariamente afirmaron tener y usar armas. El grupo etario que más tiene armas en su casa es el de entre 45 y 54 años y el grado académico de los principales portadores es aquel en el que hay estudios universitarios.
— Los datos de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública señalan que al 2018, en Costa Rica había 246.669 armas legales; 107.882 de estas están inscritas por personas físicas y 83.053 por personas jurídicas, por lo que a la fecha, el Estado conoce quiénes son los propietarios de aproximadamente 190 mil de estos dispositivos. Hay unas 55.700 restantes que corresponden a las armas cuyo permiso de portación se otorgó antes de 1989 (cuando entró a regir la actual regulación en la materia) y, por lo tanto, se desconoce si pertenecen a personas o empresas.
— Dicho todo esto parece ser que la imagen de país desarmado que le vendemos al mundo, sí es de recibo. Habrá que seguirle el paso a la segunda reforma de la ley en el Congreso para ver si esa reticencia al armamento de fuego se refleja también en la toma de decisiones de los legisladores.
