El presidente de la República, Carlos Alvarado instruyó a la embajadora de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Montserrat Solano Carboni informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas Ortiz, víctima de múltiples impactos de bala en su casa ubicada en el sector de Yeri del territorio indígena Salitre, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.
En una conferencia de prensa desde la Casa Presidencial, Alvarado leyó una declaración a los medios nacionales e internacionales que acudieron para escuchar la reacción del Ejecutivo ante el asesinato de Rojas, quien era beneficiario de medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el año 2015 debido a la crítica situación que se presenta en ese territorio, por el enfrentamiento entre indígenas y usurpadores de tierras.
"Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena. Este es un día trágico para el pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos", dijo el mandatario.
Alvarado dijo haber instruido comunicar a la CIDH lo sucedido y ponerse a disposición de dicho organismo, y que durante el transcurso del día se mantendrían reuniones con las personas que solicitaron las medidas cautelares ante ese organismo del sistema interamericano, Defensoría de los Habitantes, representación de Naciones Unidas en Costa Rica, Asamblea Legislativa y organizaciones de derechos humanos.
"Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al OIJ y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad. Además, he pedido la presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Diálogo en la zona", agregó el mandatario.
Alvarado defendió la actuación de las autoridades y dijo que, en el marco de la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, tras la alerta en el 911 el Ministerio de Seguridad activó el protocolo acordado con la comunidad y el personal de Fuerza Pública se desplazó inmediatamente para atenderla.
"El Gobierno de la República reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pondremos todo nuestro recurso y esfuerzo para respaldar las acciones que den con los responsables de este hecho y para que se haga justicia", concluyó Alvarado.
