El defensor del pueblo Brörán denuncia que la asociación pretende desconocer sus derechos sobre una finca de 10 hectáreas destinada a la conservación ambiental. La audiencia está prevista para este martes 10 de noviembre.
El dirigente indígena Brörán y defensor de derechos humanos Pablo Sibar Sibar enfrentará este martes 10 de noviembre un proceso judicial agrario contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, por una disputa sobre los derechos de posesión de una finca de aproximadamente 10 hectáreas ubicada en el territorio indígena, en Buenos Aires de Puntarenas.
Según informó la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional (IDELA-UNA), la audiencia está programada para las 8:00 a. m. y se realizará en la propiedad en disputa, donde Sibar desarrolla actividades de regeneración natural, reforestación y conservación del agua.
El dirigente sostiene que adquirió los derechos sobre el terreno hace más de 13 años mediante un acuerdo con otra persona indígena. Sin embargo, denunció que el 10 de agosto de 2025 dos personas no indígenas ingresaron a la finca y alegaron contar con el respaldo de la ADI de Térraba, mediante una certificación emitida por la asociación tres días antes.
Sibar cuestiona que la junta directiva de la ADI desconozca sus derechos sobre la propiedad y sostiene que sus actuaciones favorecen a personas no indígenas. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia del dirigente y serán objeto de discusión en el proceso judicial.
En declaraciones divulgadas por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA, el defensor rechazó los señalamientos contra quienes participan en los procesos de recuperación de tierras indígenas:
No somos, como se dice, peleones, agresivos o violentadores de derechos. Somos personas que defendemos derechos indígenas y que luchamos por una causa que está establecida en leyes, en decretos, en convenios y en un sinnúmero de jurisprudencia donde tenemos todos los derechos".
Antecedentes de amenazas y agresiones
El conflicto ocurre en un contexto de amenazas contra Sibar, quien forma parte de los pueblos indígenas beneficiarios de la medida cautelar MC 321/12, otorgada en abril de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida y la integridad de integrantes de los pueblos Brörán y Bribri.
En agosto de 2025, Sibar solicitó a la CIDH reforzar su protección después de denunciar la ocupación de la finca y un incendio que atribuyó a personas no identificadas.
Organizaciones internacionales también documentaron antecedentes de violencia contra el defensor. En marzo de 2020, Front Line Defenders denunció incendios y amenazas de muerte contra Sibar, mientras que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) alertó ese mismo año sobre intimidaciones dirigidas contra él y otros líderes indígenas.
En junio de 2021, Front Line Defenders volvió a denunciar amenazas de muerte contra Sibar, difundidas mediante mensajes de audio en redes sociales.
Estos antecedentes se inscriben en los conflictos por la recuperación de tierras indígenas en la zona sur del país, donde fueron asesinados los dirigentes Sergio Rojas Ortiz, en marzo de 2019, y Jehry Rivera Rivera, en febrero de 2020.
