El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 20.263 "Modificación parcial a la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Ley 9078, del 26 de octubre de 2012 y sus reformas" con el que se impondrán sanciones severas a los conductores que choquen contra el tren o alguno de sus dispositivos de seguridad como agujas o semáforos, así como a quienes invadan el derecho de vía de las unidades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).
La iniciativa impone una multa tipo B (actualmente de 215.536,65 colones) a quien por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, dañe de cualquier forma los dispositivos colocados como sistema de alerta y prevención ante el paso del tren, como lo son semáforos o las más recientemente instaladas agujas.
De seguido, se impone una multa tipo C (actualmente 107.768,32 colones) a quien circule evadiendo el control o la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, así como a quien estacione u obstruya con cualquier tipo de vehículo ese derecho de vía.
La tercer sanción severa irá dirigida a los puntos de la licencia del conductor, pues acumulará seis puntos quien por incurrir en las siguientes faltas, irrespete la señal de alto del derecho de vía ferroviario y se estrelle contra el tren o alguno de sus vagones:
- Quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas
- Quien circule a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora
- Quien conduzca con licencia que haya sido suspendida por infracciones a la presente ley.
- Quien adelante en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho.
- Quien invada el carril adjunto que se encuentre separado por una línea de barrera de trazo continuo, a excepción de lo establecido en el artículo 100.
- Quien infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal.
En esos casos además de la rebaja de puntos se aplicará la multa correspondiente por faltas tipo A (actualmente 318.950,69 colones).
El proyecto fue apoyado por los 42 congresistas presentes al momento de la votación y no tuvo objeciones. Su segundo debate se fijó para el próximo 2 de abril.
Cabe resaltar que los diputados acogieron las observaciones de la Procuraduría respecto a la proporcionalidad de las sanciones, pues inicialmente se pretendía imponer una acumulación de 12 puntos por la licencia, lo que habría acarreado la pérdida de la licencia para los conductores, ya que a quienes se les hubiese entregado una con vigencia de 6 años solo tienen permitido acumular 12 puntos durante ese periodo; los conductores con licencia de cuatro años solo pueden acumular ocho puntos durante ese periodo y las licencias de tres años de vigencia solo pueden acumular seis puntos durante ese periodo.
De este modo, solo los conductores con licencias cuya vigencia sea de tres años perderán automáticamente el permiso si chocan contra el tren en alguna de las condiciones anteriormente señaladas, además de ser multados con 318.950,69 colones.
Otro proyecto que avanzó en la agenda del Plenario fue el expediente 20.947, "Ley de reforma a los artículos 4 y 5 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, N° 7586" que fortalecerá las medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica y garantizará que las armas de fuego decomisadas a una persona denunciada por violencia doméstica permanezcan a la orden de la autoridad autoridad judicial hasta la resolución final, en la que se dispondrá lo pertinente a su devolución o destrucción.
La iniciativa estaba lista para el primer debate, pero se envió a consultar a la Corte Suprema de Justicia por lo que permanecerá congelada durante algunos días más.
Proyectos dictaminados
La Comisión de Ambiente dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para declarar a Costa Rica país libre de explotación y exploración de petróleo y gas natural.
El visto bueno a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se dio pese a que el excoordinador del programa de energías limpias del TEC, Carlos Roldán, pidió a los diputados no seguir adelante con el proyecto. Roldán es quien impulsa ante el Tribunal Supremo de Elecciones un referéndum para que en Costa Rica se pueda explotar petróleo, pasándole por encima al decreto presidencial que actualmente lo prohíbe.
El proyecto pasa ahora al Plenario para la etapa de mociones de reiteración (insistir en mociones de fondo que fueron rechazadas en comisión) y luego podrá discutirse y votarse en sus dos debates.
Los efectos de esta iniciativa son tres:
- Permitir a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) investigar, producir, industrializar, transportar y comercializar biocombustibles, hidrógeno y otros combustibles renovables.
- Declarar a Costa Rica como territorio continental y marino, libre de exploración y explotación de hidrocarburos, al tenor de los artículos 6 y 121 inciso 14 de la Constitución Política que establecen que el Estado tiene el dominio absoluto de las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional y que, sobre este, ejerce soberanía completa y exclusiva.
- Prohibir el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio costarricense.
El único que votó en contra fue el presidente de la comisión, el socialcristiano Erwen Masís y esta fue la explicación que dio:
https://www.facebook.com/Delfinocrc/videos/418654558891988/?__xts__%5B0%5D=68.ARBIDr492_0WD3a3Z1TAwRWpK1uBkxMeHXyTWlBaIUQwgjmIk7cPPXXvFAlz9EiXRZuTgd36gSxZHQjAwzPCRhx22j2UWN-D7UKprBgM3Z6kSD1VlUI9-6rCZvDtDdooxA6IwgKSd2M-vyNWuiRyPOqXMTIdu71E18bMOcOG74TTaurFndI80l0LuIiCS65yqmJ_mH2dZlpOCLYZXRC_Q8g_QweMpUSxNemX0W9eSvr3ace_eUvtMC9wmN6Fj5a9MM3yi4FK4dGJR7O3jNgyxV-XwAKl47QiH282m0LYwlj1WYVePfGi2PYSE925t08EfjMXRqqHneI6wJKLluj214Amco_C8hVXLdo&__tn__=-R
Por otro lado, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó afirmativamente el proyecto para declarar los comedores escolares como un servicio público esencial donde la huelga estará prohibida.
El proyecto acoge lo dicho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el caso número 2037, en el que indica que se considera servicio esencial el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares, pues su suspensión podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de los alumnos.
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.006 pasa ahora al Plenario para la etapa de mociones de reiteración y luego su votación en primer debate.
Audiencia a exautoridades del ICE
La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público recibió este jueves a Julieta Bejarano, exdirectora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como a Luis Pacheco, exdirector del Área de Electricidad del ICE y los exasesores Randalla Rentana y Harold Cordero, para referirse a la investigación abierta en ese órgano legislativo respecto a las finanzas de la empresa estatal.
Los diputados cuestionaron a Bejarano por el pago de cesantía a trabajadores de la División de Gobierno Digital del ICE que fueron trasladados a Radiográfica Costarricense y que la Contraloría determinó como ilegal, así como la eliminación de la figura de la gerencia general.
En el primero de los temas, la exdirectora jurídica del ICE defendió que el pago se dio porque el traslado de lugar de trabajo constituyó un ius variandi (facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo) abusivo, al disminuirse su remuneración y cambiar el lugar de trabajo de los funcionarios.
Diputados como Paola Vega refutaron tal afirmación recordando que el ius variandi abusivo se presenta cuando se hace un traslado de lugar de trabajo geográfico de relevancia (de San José a Guanacaste, por ejemplo) y que bajo el principio de Estado=patrono único, los funcionarios no debían percibir cesantía si iban a volver a ser integrados a trabajar a otra institución del Estado.
Aunque la Procuraduría declinó referirse a la legalidad de lo actuado por el ICE, la Contraloría sí ordenó a la institución recuperar esos montos pagados y de acuerdo con la auditoría de la empresa estatal, ello ya se encuentra en curso.
Por otro lado, la diputada Franggi Nicolás increpó a Bejarano por la eliminación de la figura de la gerencia general del ICE, acto declarado ilegal por la Procuraduría General de la República.
Según la liberacionista, Bejarano debió advertir a los directores del ICE que lo que estaban haciendo estaba alejado de la legalidad, sin embargo, no lo hizo pese a que estuvo presente en la sesión del Consejo Directivo donde se tomó la decisión.
"Usted [Bejarano] es abogada y yo también. La ley 8660 de apertura en telecomunicaciones sí facultó modificar la estructura del ICE, pero era la estructura en telecomunicaciones. La ley marco que rige al ICE y fija las competencias del gerente general es la ley 449”, explicó Nicolás.
La diputada dijo que trasladará a la fiscalía el detalle de la presencia de Bejarano en esa sesión del Consejo Directivo para que valoren posibles responsabilidades contra la exfuncionaria.










