Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Diputados desafían CorteIDH y Sala IV: Presentan reforma para que matrimonio sea entre hombre y mujer

Diputados desafían CorteIDH y Sala IV: Presentan reforma para que matrimonio sea entre hombre y mujer

El bloque de diputados conservadores se niega a dejar el tema de matrimonio igualitario pese a que nada evitará que sea legal en Costa Rica a partir del año 2020.

Ahora, disidentes de Restauración Nacional, integrantes de Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y Unidad Social Cristiana pretenden impulsar una reforma (in)constitucional para que el numeral 52 de la Carta Fundamental diga, expresamente, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

El proyecto fue impulsado por Alexandra Loría, la persona que suplió a Fabricio Alvarado cuando renunció a su curul para ser candidato presidencial en las elecciones del 2018.

Loría presentó unas cajas con supuestas firmas de personas que apoyan el proyecto, ya que su intención original era presentar la reforma mediante el mecanismo de iniciativa popular, el cual demanda 5% de las firmas del padrón electoral. Finalmente, dijo que aunque hizo la recolecta desde el 2013 y sumó unas 150 mil, le fue imposible continuar por problemas de salud. Actualmente el 5% del padrón supera las 166 mil firmas.

La reforma fue presentada entonces ante el Departamento de Iniciativa Popular, donde cualquier ciudadano puede plantear propuestas de ley sin el 5% del padrón requerido como respaldo. Si algún diputado se interesa en una propuesta, retira el proyecto y lo acoge como suyo.

Desgraciadamente, la exdiputada Loría evidenció que durante el tiempo en el que estuvo en el Congreso no aprendió que las reformas parciales a la Constitución Política solo se pueden presentar en el periodo de sesiones ordinarias. Esto lo advertimos inmediatamente, vía Twitter, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la que se presentaba ese proyecto.

El periodista de Noticias Repretel, Oscar Segura, consultó a los diputados sobre ese aspecto y Loría en micrófonos insistió en que sí se podía presentar. Jonathan Prendas tuvo que solicitarle le cediera el uso de la palabra para confirmar que, efectivamente, el proyecto no puede presentarse en sesiones extraordinarias, las cuales finalizarán en el mes de mayo...

Prendas dijo entonces que el propósito de hacer la conferencia de prensa ahora y no en mayo era anunciar a la ciudadanía que aprueba la exclusividad del matrimonio entre hombre y mujer que había un proyecto para hacerlo realidad.

Sin embargo, cuatro fuentes distintas confirmaron a Delfino.cr que los diputados pretendían presentar e inscribir el proyecto este mismo miércoles, sin embargo, la Secretaría del Directorio —donde se presentan los textos— les recordó que por encontrarse el Congreso en sesiones extraordinarias no era posible admitir el proyecto y que por ese motivo, optaron por la oficina de iniciativa popular.

https://youtu.be/pvkgrunLhyE

Por otro lado, Loría dijo que su proyecto se sustenta en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en su momento dijo —según ella— que el matrimonio entre personas del mismo sexo no era un derecho. Lo que omitió decir es que esos tribunales no tienen jurisdicción en Costa Rica, lo que sí ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo pronunciamiento dijo "respeto, pero no lo comparto".

El primer caso que citó fue Chapin y Charpentier vs. Francia. En ese el Tribunal rechazó un reclamo de una pareja de hombres que se casó por un ayuntamiento pese a que en ese entonces el Código Civil de Francia solo admitía el matrimonio entre hombre y mujer. Por ello, el Estado logró la nulidad del matrimonio.

Los magistrados señalaron que en el caso concreto no había una lesión, pues la Convención Europea de Derechos Humanos establece que "a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen el derecho de casarse y de fundar una familia según las leyes nacionales que regulan el ejercicio de ese derecho". Un factor determinante, además, es que Francia en ese entonces aunque no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí tenía otras figuras jurídicas que otorgaban los mismos derechos que un matrimonio, cosa que en Costa Rica nunca se dio.

La exdiputada también citó el caso Schalk y Kopf vs. Austria, sin percatarse que ese caso fue el que marcó el cambio jurisprudencial del Tribunal Europeo al señalar que el avance de los tiempos hacía imposible seguir sosteniendo la tesis de que el matrimonio es únicamente exclusivo entre hombre y mujer, y que efectivamente una pareja homosexual constituye una forma de familia.

Loría pretendió hacer un comparativo entre las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ambas tienen jurisdicciones distintas y se basan en convenciones que aunque similares en lo que tutelan, tienen distinta redacción.

En Europa los países tienen cierto margen de permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues su Convención establece que el derecho a casarse y fundar una familia está sujeto a las regulaciones que fije cada país mediante sus leyes internas.

Por el contrario, la Convención Americana establece que "se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta Convención".

Como se nota, la diferencia entre ambos textos es obvia y explica la diferencia de pronunciamientos entre ambas cortes.

Otra cosa que Loría "respeta", pero no comparte es la resolución de la Sala Constitucional que dio 18 meses al Congreso para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, bajo pena de que si no lo hace, la prohibición quedará anulada y se aplicará lo que dijo la Corte IDH en su opinión consultiva.

Prendas dijo que el proyecto tiene "sustento legal, sustento jurídico y a partir de ahí podemos zanjar vacíos que pueden haber llevado a malas interpretaciones o fallos específicos en otras instancias, los cuales respetamos pero no compartimos".

Loría señaló que la Sala no tocó la Constitución, sino un inciso del Código de Familia.

Lo que ignora la exdiputada y abogada es que la Constitución en su redacción actual no establece que el matrimonio sea exclusivamente entre hombre y mujer. La reforma que pretende sí haría esa delimitación y por ende, le eliminaría un derecho a una población que acaba de ganarlo en la vía judicial interamericana y nacional.

Acá se presenta otro problema para la abogada: La Sala Constitucional ha dicho que el Congreso solo puede reformar la Constitución Política de 1949 para ampliar derechos, no para limitarlos. Para ello se requiere una Asamblea Nacional Constituyente que, expresamente, promulgue una nueva Carta Fundamental con esa limitación.

A ese respecto, la Sala Constitucional ha recordado que el constituyente quiso mantener que las dimensiones de derechos fundamentales, sistema político y sistema económico solo puedan modificarse por una Asamblea Constituyente convocada expresamente para ello.

Estos derechos pueden ser objeto de reforma parcial, únicamente cuando se trate de modificaciones positivas, que son aquellas que amplían los contenidos de los derechos ciudadanos, -particularmente el de libertad- por la Asamblea Legislativa, sin embargo, las negativas, que son aquellas que reducen los contenidos de los derechos ciudadanos, únicamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente

—Sala Constitucional, voto 2771-2003 reiterado en el voto 2288-2006

Fue por lo anterior que la reforma constitucional que prohibía la reelección presidencial fue anulada: el constituyente de 1949 no plasmó la prohibición de reelección. Por ende, la limitación del derecho a la participación política solo podía ser limitado por otra Constituyente.

¿Cuál es el sentido de esa limitación? La rigidez de la Constitución no admite que tales disposiciones sufran detrimento por actividad legislativa o de gobierno, porque si ello fuera admisible, podría suponerse que el Poder Legislativo o Ejecutivo tienen competencia para emitir normas en contra de la Constitución.

La Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial que afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas fundamentales, por el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política

Y por si esos pronunciamientos de la Sala Constitucional no fueran suficientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva vinculante para Costa Rica señaló que el artículo 1.1 de la Convención Americana tiene dos vertientes:

Por una parte, se encuentra la obligación de respeto que implica que los Estados se deben de abstener de cometer actos que conculquen los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Convención, por la otra, se encuentran las obligaciones de garantía de los Estados, que implican el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Dado que la Corte determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo está protegido por el derecho a la protección de la vida privada, así como el derecho a la protección de la familia (artículos 11.2 y 17 de la Convención), no puede Costa Rica —sin incurrir en flagrantes violaciones a normativa internacional— cometer acciones que eliminen ese derecho.

Recapitulando tenemos las siguientes circunstancias:

  1. La intención de presentar un proyecto de reforma constitucional en sesiones extraordinarias, en contravención del artículo 195 de la Constitución.
  2. El rechazo del proyecto por parte de la Secretaría del Directorio, por estar en sesiones extraordinarias
  3. Presentar el proyecto ante la oficina de iniciativa popular con firmas de respaldo, que no eran necesarias.
  4. Presentar un proyecto de reforma constitucional que limita derechos fundamentales, pese a que solo puede hacerse por Asamblea Constituyente.
  5. Basar ese proyecto en resoluciones de tribunales cuya jurisdicción no aplica a Costa Rica y por el contrario, desconocer las de los tribunales que sí la tienen.

¿Cúmulo de coincidencias, ignorancia o estrategia para mantener vivo en las elecciones municipales un tema que ya fue decidido?