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 “Quien lucre debe pagar impuesto de renta, sin importar quién sea” expresaron con toda la razón congresistas del PUSC para pedir que se graven las ganancias de las grandes cooperativas. Quiero “un proyecto que grave a los que más tienen”, expresó Carlos Alvarado. El Gobierno y los diputados clamaron desde el inicio del debate sobre la reforma fiscal que querían hacer una reforma justa. Dejaba pensar que la reforma iba a ser progresiva, es decir que las empresas y los hogares más ricos no solamente iban a pagar un monto superior, sino que iban a pagar una proporción más importante de sus ingresos que el resto de la población.

En resumen, se apropiaba el mantra del impuesto progresivo que es: “exonerar lo necesario y gravar el superfluo”. Esta posición tenía sentido en un país como Costa Rica, donde más del 20% de la población vive por debajo de la línea de pobreza (¢108.000 por persona en la zona urbana y ¢83.000 en la zona rural), donde los 20% de los hogares más ricos ganan en promedio 18 veces más que los 20% más pobres por persona, y donde la fiscalidad es tan débil que ni siquiera permite reducir esas desigualdades de ingreso.

En este contexto, ¿cómo explicar que los mismos diputados que piden que quien lucre pague impuesto de renta, sin importar quien sea, defiendan y promuevan el régimen de las zonas francas? Un régimen que sirve precisamente a exonerar del impuesto de renta, y cuya exoneración representa un 0,9% del PIB. Aún más que la reforma del IVA (0,6% del PIB) y sumamente mayor que la exoneración de las grandes cooperativas (menos de 0,1%). En un momento de crisis tan aguda para las financias públicas, si los diputados realmente piensan que quien lucre tiene que pagar sin importar quien sea, ¿cómo explicar que las empresas de las zonas francas no participen, ni un poco, en el esfuerzo nacional?

El único argumento es que estas empresas crean empleos y riquezas. 6,2 colones por cada colón de exoneración repiten sus defensores. No voy a extenderme sobre las limitaciones metodológicas y teóricas del cálculo, que no dice nada de la eficiencia de las exoneraciones como tal, y mezcla un poco todo para llegar a un numerito bonito. En realidad, esta cifra es un instrumento de propaganda política más que un instrumento de medidas económicas.

Pero más allá, el argumento se podría resumir a: “estamos haciendo plata, entonces no nos graven”. El problema es que, como lo dijeron sus propios defensores en el debate sobre las grandes cooperativas, es justamente lo contrario: el principio del impuesto es gravar a los que lucren. Sobre todo —en este caso en particular— porque estamos hablando de empresas grandes (más de 200 empleados en promedio solo en la zona) que se instalan en zonas ya desarrolladas. No es lo mismo que en Francia, por ejemplo, donde el régimen de las zonas francas se aplica solamente a las pequeñas empresas que se instalan en las zonas más pobres del país. En Costa Rica, estamos hablando de grandes empresas de alto valor agregado que aprovechan de las infraestructuras del país y sobre todo del buen nivel educativo de una parte de la población. Es decir, lucran gracias a los resultados de la política educativa del país (MEP y universidades públicas). Y está bien, pero, justifica aún menos el hecho de no contribuir al esfuerzo nacional.

La reforma fiscal y la crisis fiscal van a tener consecuencias duras para una buena parte de la población. El IVA va a costar un 1,9% de sus ingresos a los 10% de los hogares más pobres. La regla fiscal es una bomba de tiempo que impedirá al Gobierno incrementar por costo de la vida los salarios bases cuando la deuda sobrepasará los 60%. Los miles de interinos que permiten a la CCSS y a las universidades públicas funcionar ven su futuro comprometido por los congelamientos de plazas. Mientras tanto, los empresarios de las zonas francas piden y obtienen el “mantenimiento de la seguridad jurídica” (es decir de las exoneraciones). Pero ¿dónde está la seguridad para el resto de la población?