El Plenario de la Asamblea Legislativa sesionó el jueves por la mañana, de forma extraordinaria, y por la tarde, de forma ordinaria, para conocer varios proyectos de ley en la agenda que estaban listos para su votación final.
Inicialmente se aprobó una moción para dispensar de todos los trámites el proyecto 20.966, "Ley de Vigencia Transitoria para Procedimientos de Familia", el cual establece que se mantendrá la vigencia del Código Procesal Civil para la tramitación exclusiva de los procesos en materia de familia, hasta que no entre en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia.
¿Por qué es necesario ese proyecto? La promulgación del Código Procesal de Familia se ha retrasado en el Congreso, por lo que existe peligro de que el Código Procesal Civil --que entrará en vigencia el 8 de octubre próximo--, pase a ser la ley con la que deberán resolverse los asuntos de familia.
Ello originaría un caos humano, jurídico y de requerimientos presupuestarios no deseado ni deseable, pues a la fecha la Corte Suprema no se ha preparado para esa eventualidad.
La dispensa de trámites (de modo que el proyecto pasa a conocimiento directo del Plenario) recibió el voto afirmativo de 43 legisladores y no tuvo objeciones.
De seguido, los diputados fueron puestos al tanto de tres resoluciones de la Sala Constitucional emitidas para tres convenios internacionales que están en trámite en el Congreso.
El primero de ellos es el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República de Costa Rica para el intercambio de Información en Materia Tributaria que se tramita en el expediente 20.456. La Sala determinó que no se observan vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite legislativo y en cuanto al fondo, no infringe el derecho de la Constitución.
Situación distinta ocurrió con el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Turquía, pues los magistrados determinaron que el artículo 23, inciso 4), del proyecto es contrario a lo preceptuado en los artículos 124, inciso 4), y 140, inciso 10) de la Constitución Política.
De igual forma, en el proyecto de ley de Aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América sobre Cooperación Ambiental", tramitado en el expediente 17.930, la Sala concluyó que se cometió un vicio esencial en el procedimiento legislativo, pues al proyecto se le venció su plazo de vida de 4 años, sin que el Plenario hubiese prorrogado el plazo de forma oportuna.
Los dos expedientes con problemas constitucionales pasarán un tiempo en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde se determinará que hacer con ellos.
CINCO NUEVAS LEYES
En ambas sesiones de Plenario los diputados aprobaron en segundo debate cinco proyectos de ley, los cuales serán enviados a Casa Presidencial para su respectiva firma.
En la mañana se votó el expediente 20.456 "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de Costa Rica para el intercambio de información en materia tributaria", el cual por ser un convenio internacional requería una mayoría calificada (38 votos) para ser aprobado.
El proyecto recibió 38 votos a favor y 7 en contra, pertenecientes a la bancada de la Unidad Social Cristiana, así como el ex-PIN, Erick Rodríguez Steller.
Los socialcristianos dijeron a Delfino.cr --a través de sus asesores-- que votaron en contra del proyecto para defender el derecho al secreto bancario... Si se hubiese dado otro voto en contra o si algún diputado de los que votó a favor se hubiese ausentado, el proyecto habría sido rechazado.
Esa misma mañana se votó en segundo debate el proyecto 20.465, el cual modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, para construir un embalse que abastezca de agua a las comunidades de la cuenca del Río Tempisque.
Únicamente se pronunciaron en contra José María Villalta del Frente Amplio y Wálter Muñoz de Integración Nacional.
Con 43 votos se aprobó el primer presupuesto extraordinario 2018, el cual tiene la autorización legislativa para pagar los bonos de deuda a cortísimo plazo que fueron colocados en la administración Solís Rivera, pese a que no se había presupuestado la cantidad de dinero necesaria para poder pagarlos posteriormente.
Desde ya se sabe que Hacienda enviará en las próximas semanas otro presupuesto extraordinario por más de 200 mil millones de colones, pues hubo menos recaudación de impuestos de la esperada --debido a la desaceleración de la economía--, por lo que será necesario financiar más gasto con deuda.
Por la tarde los diputados votaron otras dos iniciativas, incluyendo el Código Procesal Agrario, el cual fue presentado a la corriente legislativa ¡desde hace 13 años!
La iniciativa --presentada en mayo del 2005-- establece un modelo procesal prioritariamente oral, que facilitará el acceso real a la justicia y agilizará la respuesta de los tribunales a favor de los particulares en las materias que se relacionan o inciden sobre las actividades agrarias y agroambientales.
Finalmente, se aprobó el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ampliará los derechos de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos e hijas a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
Sus disposiciones se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otras personas integrantes de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén.
De igual forma, al ser un convenio internacional, se necesitaban 38 votos como mínimo para su aprobación, pero en este caso hubo 43 afirmativos y ninguna oposición.
BANCRÉDITO DEBERÁ ESPERAR
Aunque se tenía previsto que se aprobara también en segundo debate el proyecto que cierra Bancrédito y decreta su fusión con el Banco de Costa Rica, algunos de los 54 diputados que se hicieron presentes al Plenario el jueves por la tarde se fueron retirando conforme pasaban las horas...
La iniciativa requiera también 38 votos positivos como mínimo para ser aprobada y a las 6:00 p.m. solo habían 38 diputados en el salón de sesiones.
¿Entonces por qué no votaron? Un diputado, Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional, anunció que él no daría su voto para cerrar el banco que le dio crédito a los agricultores cartagineses durante 100 años.
Bastaba con la oposición de él para que el proyecto fracasara, por lo que la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, acogió una solicitud que hiciera Carlos Avendaño de Restauración Nacional para levantar la sesión.
El proyecto seguirá en agenda el próximo lunes y veremos si tiene más suerte para poder ser aprobado...
GUERRA POR EL DESENGANCHE MÉDICO
Esta sección fue inicialmente publicada en el reporte Delfino del 7 de septiembre del 2018.
El famoso "enganche médico" continuó dando de qué hablar el jueves en el Congreso, al punto que se dio una tensa discusión entre varios diputados en el Plenario.
Como recordarán, la Comisión Especial que estudia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (más conocido popularmente como el plan fiscal) echó atrás con una moción previamente aprobada, con la cual se modificaban dos artículos de la Ley de Incentivos de los Profesionales en Ciencias Médicas.
La primer modificación consistía en eliminar el "enganche", que es una norma que permite a las personas profesionales en Ciencias Médicas con grado de licenciatura o superior obtener, como mínimo, un aumento igual al porcentaje en que aumente el salario promedio de otros empleados o funcionarios públicos. El otro cambio era liberar al sector privado de tener que cumplir con la mencionada ley, de modo que patronos y médicos se tendrían que poner de acuerdo sobre las condiciones en las cuales se daría la prestación de servicios.
La polémica empezó porque, tras haber respaldado la moción junto a diputados del PUSC y el PLN en la comisión, Welmer Ramos echó para atrás a la hora de repetir la votación y al unirse al Frente Amplio, Restauración e Integración Nacional, la propuesta quedó eliminada del plan fiscal.
Ramos alegó que la moción era inconexa en su segunda modificación, pues se metía en temas de empleo privado cuando el proyecto trata sobre finanzas y empleo público.
Lo anterior fue confirmado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en un criterio que entregó a los diputados en horas de la tarde de ayer. En él dice que la moción de Muñoz es inconexa en cuanto al segundo cambio que contiene, pero que de todas maneras podía mantenerse en el texto pues si eventualmente la Sala Constitucional se pronuncia al respecto, únicamente anularía lo relacionado a la modificación de las contrataciones en el sector privado.
Aunque el socialcristiano hizo ver ese último aspecto al Plenario al hacer mención al informe, Ramos señaló que Servicios Técnicos suele equivocarse y la historia le da la razón.
En ese informe el asesor legal de los congresistas afirma que la moción aunque es inconexa, pretende eliminar un "privilegio inconstitucional", a pesar de que al consultar la jurisprudencia del máximo tribunal de la República, encontramos que los magistrados han fallado en ¡siete ocasiones distintas! que esa norma no violenta el derecho de la Constitución.
No hace falta recordar que los últimos planes fiscales fracasaron en la Sala IV por asuntos de procedimiento en el Congreso, y no por temas de fondo. Pretender mantener una moción que ya es reconocida como inconexa (y por ende, inconstitucional) en un proyecto tan delicado y urgente como el de la cuestión, no sería más que un acto de irresponsabilidad política.
El tema escaló aún más cuando Muñoz le reprochó al diputado oficialista su cambio de bando ante el resto de sus compañeros. "La palabra vale, no podemos ceder a las presiones. Yo sé que hay muchas presiones, lo dijo la diputada Yorleni (León, PLN) en la radio: ¡ahí estaban los médicos presionando! Los médicos son un gremio poderoso que ha estado presionando".
https://www.youtube.com/watch?v=TtDywCRZ4Hs&feature=youtu.be
De seguido, el socialcristiano retó a los diputados a revelar si tenían familiares médicos y cuánto ganan, e hizo especial énfasis en los congresistas que se desempeñan en el campo de la salud: Walter Muñoz, Luis Antonio Aiza (a quien llamó 'Don Titi') y Xiomara Rodríguez.
La primer respuesta provino de Ramos, quien le dijo a Muñoz que sus intervenciones en el Plenario rayaban en el teatro y que su moción metía temas que no son del orden de lo fiscal. "Usted se metió a regular salarios en el sector privado (...) Usted con esa moción estaría metiendo incertidumbre en un proyecto que no debe llevar ninguna incertidumbre dada la situación dificil de las finanzas públicas. Su forma de hablar a veces molesta en lo personal. Lo lamento por los compañeros que tienen que estar escuchando estas diatribas".
Walter Muñoz se defendió diciendo que él ha trabajado gratis en la CCSS y que no se desempeña en el sector privado. "Le firmé a don Welmer Ramos el proyecto de ley para que vean que no tengo conflictos de interés (...) No vengan aquí tratando de enlodar algo porque pierden una moción que no tiene conexidad con el proyecto de ley, no sé si don Pedro Muñoz tiene algún trauma con algún médico privado que le hizo algo y ahora viene a ver si trae al Plenario nuevamente esa moción".
Siguió el diputado Luis Antonio Aiza de Liberación Nacional, quien lo primero que le dijo a Muñoz es que "Titi Aiza" le dicen solo sus amigos: "Yo soy el Doctor Luis Antonio Aiza Campos ¿ok?"
"Yo laboro para la CCSS, siempre he trabajado para la CCSS; nunca he estado en ninguna institución privada", agregó.
Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional señaló por su parte que contrario a la moción de Pedro Muñoz, el salario de los médicos en el sector privado debería estar regulado. "Los médicos recién graduados se prostituyen en el sector privado para poder pagar las deudas que contrajo para estudiar. No es posible que a un médico de empresa se la paguen a 3000 colones la hora porque no hay regulación. Es necesaria una reforma al salario del médico".
Finalmente, Pablo Heriberto Abarca mostró el proyecto de ley que presentó junto a Muñoz, para derogar en su totalidad la Ley de Incentivos Médicos. "No estamos para pagar privilegios, hay que ser consecuentes. Si la preocupación aquí es que tenemos que nivelar, poner reglas y que todos nos sacrifiquemos, y el Gobierno dice que estamos en crisis, ¡entonces soquémonos la faja todos! Si el cuento es que la moción no es conexa pues aquí está, hagámosle un trámite rápido (al proyecto de ley)".
Aunque se presentaron el mismo día, el proyecto de Welmer Ramos y el de Pedro Muñoz son muy diferentes. El primero solo elimina el enganche médico y mantiene la norma que obliga al sector privado a cumplir con esa normativa; mientras que el segundo deroga la ley en su totalidad.
Lo anterior implica que además de eliminar los privilegios establecidos en esa norma para las nuevas contrataciones, las condiciones en las que se firmen los contratos de los médicos en el sector privado se definirían por mutuo acuerdo.
A este tema se le sumó otra arista: Wálter Muñoz del PIN podría estar en problemas al haber votado en contra de la moción para eliminar el enganche en la Comisión Fiscal, pues al ser un profesional en Ciencias Médicas --con plaza en un centro médico de la Caja del Seguro Social--, se ve directamente beneficiado con que el privilegio se mantenga.
Por lo anterior, los representantes de la bancada de Liberación Nacional en la Comisión Fiscal, Yorleni León, Gustavo Viales y Silvia Hernández, pidieron al Departamento de Servicios Técnicos informar si el legislador incurrió en una falta ética y en caso de ser así, si la votación negativa sobre la moción podría ser anulada.
Si la respuesta es afirmativa en ambas situaciones, el tres veces excandidato presidencial del PIN podría afrontar una investigación en la Procuraduría de la Ética Pública y hasta perder su escaño, dado que a finales del mes pasado entró a regir la reforma constitucional para destituir diputados que incurran en faltas éticas. Además, la moción volvería a quedar aprobada y por ende, incorporada al plan fiscal.
Anteriormente Servicios Técnicos ha dicho que los diputados están obligados a inhibirse de casos donde tengan conflictos de interés y lo mismo lo ha reiterado en múltiples ocasiones la Procuraduría General de la República.
“(…) no es lo mismo la presencia de un interés directo, que la obtención de un beneficio directo. En efecto, la presencia de un interés personal y directo del funcionario sobre determinado asunto que le corresponde conocer en el ejercicio de sus atribuciones, debe originar su separación de éste, a efectos de no poner en riesgo su deber de imparcialidad, y tutelar así de forma óptima la transparencia y credibilidad en la función pública"
--Dictámenes C-181-2009, C-118-2013 y° C-133-2011 de la Procuraduría
Al ser consultado por La Nación sobre este tema, Muñoz respondió con evasivas sobre el beneficio que percibiría al mantenerse el enganche salarial y solo se enfocó en decir que lo relacionado con el cambio a las contrataciones en el sector privado no le beneficiaría a él, al no desempeñarse en ese sector.
"Aclaro que no tengo nada que ver con el sector privado, no tengo interés desde el punto de vista salarial para que los médicos del sector privado ganen menos, más bien estoy con todo el derecho de poder opinar, como médico que ha trabajado toda la vida en la Caja", dijo.














