La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en su sede de Guanacaste, finalizó la comunicación a las partes de la acusación contra el alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez Muñoz, por un total de 21 delitos.

Tras conocer la pieza acusatoria, los afectados, incluida la Procuraduría General de la República en su condición de abogada del Estado, cuentan con tres días para decidir si presentan una acción civil resarcitoria para cobrar una indemnización por los daños sufridos, o si se constituyen en querellantes, para presentar una acusación particular.

Jiménez, quien cumple medidas cautelares a raíz de la investigación en su contra, fue acusado, entre otros, por seis delitos de prevaricato en relación con el nombramiento de una persona en una plaza vacante; tres abusos sexuales en apariencia cometidos contra una funcionaria municipal, y dos delitos de abuso de autoridad por clausurar ilegalmente una construcción del Ministerio de Justicia en el cantón.

Además de él, la Fiscalía acusó a un hombre de apellidos Montero Quirós, quien al momento de los hechos era funcionario del MINAE, por un delito de concusión y uno de peculado de uso.

También acusó a un funcionario del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad, de apellidos Guillén Brenes, por falsedad ideológica agravada.

Asimismo, la acusación incluye a una mujer de apellidos Briceño Cárdenas, perito evaluador de la Municipalidad, por falsedad ideológica agravada; y a otra de apellidos Mora Benavides, una abogada particular, por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.

Hace exactamente un año, el 13 de junio del 2017, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en la mencionada Municipalidad, tras los cuales logró reunir evidencia relevante y detener a Jiménez, contra quien solicitó las medidas cautelares de suspensión del cargo, no ingresar al edificio municipal y no acercarse ni perturbar a testigos del proceso; ayer, estas fueron prorrogadas por dos meses más a petición del Ministerio Público.

Los delitos por los que se acusó al funcionario son:

  • Un delito de legislación en provecho propio.
  • Un delito de peculado de uso.
  • Un delito de concusión.
  • Tres delitos de abuso sexual agravado en contra de persona mayor de edad.
  • Un delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
  • Dos delitos de abuso de autoridad.
  • Dos delitos de incumplimiento de deberes.
  • Cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.
  • Seis delitos de prevaricato.