Del contenido de las intervenciones en el Plenario durante este miércoles podemos concluir que algunos pretenden ausentarse a la última sesión de su periodo constitucional, la cual tendrá lugar el lunes 30 de abril.
Esa sesión, sin embargo, no iniciará a las 3:00 p.m. como normalmente ocurre, pues los congresistas acordaron hacerla de 10 a.m. a 1:00 p.m., con el propósito de que los departamentos de la Asamblea se preparen para la llegada de los nuevos diputados el 1 de mayo.
El único hecho relevante en el Pleno fue la moción aprobada para condenar las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega en contra de la ciudadanía, estudiantes y medios de comunicación de Nicaragua.
La iniciativa tuvo el apoyo de 36 congresistas presentes al momento de la votación y el negativo de otros 4: Ottón Solís (curul 1), Marvin Atencio (curul 5), Marco Vinicio Redondo (curul 34) y Ligia Fallas (curul 28).
Los tres primeros votaron en contra no porque respaldaran las acciones del régimen de Ortega, sino porque históricamente en este tipo de mociones han expresado su desacuerdo, al afirmar que son declaraciones que competen única y exclusivamente a la Cancillería, como institución encargada de llevar las relaciones internacionales de Costa Rica. Obviamente no podemos decir lo mismo de Ligia Fallas.
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En comisiones...
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera (conocida como el Miniplenario I) aprobó dos proyectos de Ley en primer debate: uno denominado "Justicia Restaurativa" y otro de reformas al Colegio de Psicólogos.
Los miniplenarios funcionan igual que el Plenario: pueden aprobar proyectos de Ley en primer y segundo debate, sin embargo, no pueden ser iniciativas que requieran para su aprobación mayoría calificada (al menos 38 votos), pues estas comisiones (existen tres de ellas) están conformadas por 19 diputados cada una.
El primer proyecto tiene por objeto establecer con carácter permanente y nacional la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y procesos de Justicia Restaurativa como un medio de resolución alterna de conflictos en conocimiento del Poder Judicial.
Ello implica la solución judicial de conflictos jurídico penales y penales juveniles con una mayor humanización, propiciando un abordaje integral que atienda las necesidades individuales y colectivas de las partes, y proporcione a la víctima un espacio para obtener una reparación o restitución del daño sufrido, con el fin de contribuir a la paz social, a la prevención general y especial de delitos y a mantener la seguridad ciudadana.
En otras palabras: dejar de meter a la cárcel a una señora que roba dos latas de atún para darle de comer a sus hijos.
La iniciativa establece la creación de tres programas: uno dirigido a personas mayores de edad en conflicto con la ley penal, uno para personas menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y otro para el tratamiento de drogas bajo supervisión Judicial, que estará destinado a las personas a las que se les imputa un delito y tienen asociado un consumo problemático de sustancias.
La otra iniciativa de Ley es una reforma a la Ley del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, la cual data de hace 40 años, de modo que su conformación ahora sea de profesionales con grado mínimo de licenciatura en psicología, graduados de las universidades del país debidamente autorizadas por los organismos competentes; y profesionales con grado mínimo de licenciatura en psicología, graduados en universidades extranjeras que hayan cumplido con el trámite de reconocimiento y/o la equiparación del título ante las autoridades correspondientes.
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La Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos emitió un informe -en votación 4 a 3- donde concluyó que la denuncia que interpuso la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica sobre la aparente exportación de piña orgánica falsa a Estados Unidos y Europa, podría haber revelado un fraude a la normativa orgánica y a los deberes de los diferentes operadores, auditores y servidores públicos involucrados.
Las empresas denunciadas son Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A., a quienes la Cámara de Agricultura Orgánica señaló de vender piña que en realidad no es orgánica.
El informe de la Comisión recomienda al Ministerio Público abrir una causa penal contra Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería; Ivannia Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería; Marco Vinicio Jiménez, director del Servicio Fitosanitario del Estado; entre otros, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
También recomienda abrir procesos judiciales por prevaricato, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y privados, perjurio y falso testimonio, contra distintos funcionarios y representantes de las empresas denunciadas.
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La Comisión Especial encargada de estudiar el Plan Fiscal acogió el texto sustitutivo impulsado por el Gobierno, en el que se subsanan algunos errores señalados en la redacción del texto original y además, impone un impuesto del 2% del IVA a los bienes y servicios que integran la Canasta Básica de Consumo, los cuales en la actualidad están exonerados de pagar el 13% de impuesto sobre las ventas.
El impuesto, sin embargo, no entraría a regir de golpe, pues la idea según el futuro jefe de fracción del PUSC, Erwen Masís, es que durante el primer año en que entra a regir la Ley se mantenga la exoneración del pago y a partir del segundo, tercer y cuarto año el tributo sea del 1%, para finalmente subir al 2% a partir del año quinto.
El texto que fue acogido por la Comisión establece que la maquinaria, el equipo agrícola y los productos veterinarios (hoy exentos) también pagarían un 2% de IVA, al igual que las importaciones de trigo, soya y maíz.
Entretanto, los medicamentos, reactivos, maquinaria y equipo para producir medicamentos serían gravados con un IVA del 4%, mientras que las primas de seguros personales, riesgos de trabajo, agropecuarias y de viviendas de interés social pagarían un 2%.
El proyecto tiene más de 1500 mociones presentadas, lo que cierra toda ventana de oportunidad para que sean los actuales diputados los que puedan darle el primer debate.
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La Comisión Investigadora de Créditos Bancarios emitió un nuevo informe donde revela detalles de las irregularidades en las que se incurrieron al otorgar líneas de crédito a Yanber, Hidrotárcoles, Las Brisas y el proceso que llevó al cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
El caso de Hidrotárcoles se refiere a un crédito de $117,5 millones otorgado por el Banco Nacional de Costa Rica a esa empresa para la construcción de una planta hidroeléctrica en San Pablo de Turrubares que sería puesta en marcha bajo el modelo BOT (built-operate-transfer, construir, operar y transferir).
Los diputados concluyeron que el Banco Nacional otorgó el crédito a pesar de que el Banco de Costa Rica previamente se había negado dado el alto riesgo que existía; y que contrario a lo que decía la empresa, el ICE nunca aceptó una prórroga a la fecha de entrada en operación de la planta, por lo que los constantes atrasos fueron la causa por la que se decidió romper el contrato.
El caso Las Brisas hace referencia al otorgamiento de un crédito por $23,7 millones por parte de Banco de Costa Rica a la Compañía Inversionista Las Brisas, con el objetivo de cancelar pasivos por el desarrollo del Parque Industrial y Zona Franca Hacienda San Rafael, ubicado en Desamparados, pero quien en su lugar usó los dineros para pagar deudas con bancos privados y proveedores.
El BCR le otorgó a la empresa una segunda línea de crédito por $30,8 millones, destinada a refinanciar el saldo del primer crédito, cumplir compromisos con proveedores y realizar inversiones por un monto de $2 millones, a pesar de que para ese momento se encontraba en mora con sus obligaciones, hecho que la Comisión reprocha en su informe y recomienda, a raíz de esto, que la Fiscalía investigue a los funcionarios del Banco para determinar si cometieron algún delito.
En el caso Yanber, la Comisión concluyó que Samuel Yankelewitz, Andrés Yankelewitz, Ronald Soto y Allan Paniagua, en su momento altos mandos de la compañía, ejercieron acciones que llevaron a la empresa a una grave situación financiera y operativa, que llegó a ser insostenible para el año 2015; además que se les relaciona con los delitos de quiebra fraudulenta o fraude de simulación, estafa al Estado y evasión fiscal.
Los diputados tuvieron por probado que existía vinculación entre Yanber, Samuel Yankelewitz e Interplastic Industries Corporation. Ésta última, aunque no tiene operaciones reales facturaba a Yanber, por lo que la Comisión afirma que la relación entre ambas compañías fue utilizada con la intención de engañar al Estado y encubrir la situación real de Yanber.
El informe señala, además, que el auditor Albán Alberto Ugarte Brenes faltó al cumplimiento de sus responsabilidades, encubriendo la situación financiera real de Yanber, lo que facilitó así que la empresa pudiera estafar a la banca pública y privada.
Por otro lado, aunque los bancos afirmaron que Yanber les presentó estados financieros falsos, los diputados identificaron irregularidades que según ellos requieren una indagación judicial para determinar las responsabilidades administrativas y penales: Bancrédito le dio un crédito a la empresa sin garantías reales y el Banco Nacional renovó y aumentó la línea de crédito que había sido rechazada previamente.
Finalmente, la Comisión recomendó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) despojar de la presidencia honoraria y de la membresía a Samuel Yankelewitz, así como quitar su retrato de los salones de la organización.
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Para este jueves los diputados tienen una extensa lista de proyectos de Ley "chayotes" que deben votar en segundo debate, entre ellos autorizaciones de donación de terrenos, segregación de calles y condonaciones tributarias de municipalidades. Serán los últimos proyectos aprobados por un Plenario, que como señalamos en reportes previos, fue de los más ineficientes de las últimas administraciones.
