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Desde 1980 Costa Rica ha acarreado un síntoma de enfermedad detectable que no ha sido percibido por sus ciudadanos ni por sus actores políticos. Nuestro país viene atravesando décadas de malos hábitos y practicas con respecto a su salud financiera por falta de información. El gobierno central ha diseñado una infraestructura fiscal rígida, propensa a ineficiencias y no sujeta a chequeos médicos por ausencia de herramientas de medición. Hemos experimentado más de doscientos años de democracia junto a un gobierno central con desconocimiento de que labora bajo un contrato social de servicio público, y con ello, de estabilidad macroeconómica para sus ciudadanos.

Las finanzas públicas son el eje central de lo que define a un gobierno, lo que diferencia derecha de izquierda, arriba de abajo. Tienen como función caracterizar las prioridades de su pueblo a través de actos discrecionales destinados a solventar fallas de mercado y mejorar el bienestar general. Con finanzas públicas sanas un país se permite a debatir sobre los temas que más le importa y accede el paso a las políticas públicas representativas de quienes las invocan. Sin embargo, si se encuentran enfermas, el debate pierde podio y la ciudadanía su voz.

La situación fiscal del gobierno central es deplorablemente peligrosa para la estabilidad macroeconómica del país. Bien es sabido que el déficit convencional se encuentra en un 6.2% y la deuda pública en un 49.2%, ambos como proporción del PIB a diciembre 2017. No obstante, durante décadas se ha leído de forma incompleta el diagnostico medico porque el Ministerio de Hacienda carece de una simple herramienta de medición. El déficit fiscal convencional debe ser leído junto a su hermano el déficit fiscal estructural. Un balance estructural es la resta de los ingresos estructurales menos los gastos estructurales que eliminan los efectos del ciclo económico y permiten ver los fundamentales de la economía.

Un balance fiscal estructural es por definición el dictamen sobre cuán sanas o enfermas están las finanzas públicas de un país, si y solo si, se consideran los factores internos o endógenos del mismo. Un balance fiscal convencional realiza el mismo dictamen médico pero considerando todos los factores externos o exógenos que afectan a la economía nacional. Estos incluyen pero no se limitan a: la economía mundial, la salud económica de los principales socios comerciales, el precio de materias primas, etc. Dado que se complementan es muy valioso y necesario analizar ambos indicadores paralelamente.

Entiéndase mejor así: cuando hay un auge económico mundial, hay más dinero disponible, más consumo y por ende mayor recaudación de impuestos. Por el contrario, si hay una recesión mundial, hay menos dinero, menos consumo y menos acopio de impuestos. Los gobiernos centrales están inmiscuidos en esta coyuntura, y sus finanzas también. Es decir, de encontrarse en un apogeo económico mundial como el del 2007, el balance fiscal estructural hubiese mostrado que la recaudación de impuestos normal del país no era tan alta como parecía; era circunstancial. Hubiese dado a entender que la subida de dinero era pasajera, que no fue generada endógenamente y que debió imperar la mesura en el gasto público.

Dado mi propio cálculo de un balance fiscal estructural para Costa Rica de 1991 al 2017, me he dado cuenta que sufrimos de poseer el déficit convencional casi equivalente al déficit estructural. Esto implica que el problema ha sido generado por un diseño restrictivo de hace décadas y no solo del contexto de los últimos años. Específicamente, es evidente que ha sido una complicación provocada por los gastos debido a que los estructurales corresponden el 95% de los convencionales. El inconveniente ha pasado desapercibido por falta de información. Así, esto ha afectado las decisiones gubernamentales durante mucho tiempo, tal es el ejemplo del Plan Escudo de la administración Arias Sánchez en donde se gastó de forma desmedida y con ataduras legales; allí ameritaba ser cauto. Lo mismo se puede decir de Chinchilla Miranda y Solís Rivera donde se intentó solucionar el problema a través de contención mínima del gasto y aumentos significativos a los impuestos de los ciudadanos.

Es por eso que es inexcusable no realizar análisis de política fiscal mediante la utilización de indicadores estructurales. Estos indicadores sobrepasan a los convencionales porque exponen la verdadera situación fiscal producto de las decisiones discrecionales del gobierno. Para mi caso, los cálculos correspondientes arrojan que el déficit fiscal es de naturaleza estructural y ha sido así desde 1991. Esta herramienta analítica permitiría al gobierno tomar medidas correctivas de carácter estructural necesarias en aras de mejorar la salud de las finanzas públicas, situación que hoy no se aprecia mediante el cálculo de indicadores convencionales.

Ahora vivimos en un momento en donde las décadas de falta de información cobran su peso y los errores ciegos acortan el espacio de maniobra fiscal de nuestros próximos actores políticos; desde Zapote hasta Cuesta de Moras. Reitero, ameritan medidas correctivas estructurales y estas no son ni han sido negociables desde 1991. Cualquier medida pusilánime de corto plazo como mera contención del gasto o aumento pertinaz de impuestos va a sanar momentáneamente la situación, pero no va a solucionar el problema de fondo. Como he dicho anteriormente, el síntoma es fácilmente detectable pero sigue sin ser percibido públicamente por las autoridades económicas. Es cuestión de medir estructuralmente el balance final del gobierno central.

Teniendo presente lo discutido, me parece que hemos desperdiciado una campaña política al no discutir profundamente cuales cambios estructurales queremos como país. Era completamente factible haber debatido el dónde, cómo y en cuánto recortar gastos estructurales; al igual que argumentar en cuánto y sobre quiénes aumentar las tasas impositiva. Dejamos desaprovechar la plataforma para dialogar técnicamente sobre lo que apreciamos y la importancia de mejorarlo; sea el caso de salud, educación, infraestructura, seguridad y ambiente. Perdimos la oportunidad de conversar inteligentemente sobre una solución nacional acerca de cuáles gastos delegar al sector privado y evolucionar como república. Hemos perdido la oportunidad de rediseñar nuestro gobierno, y eso, nos deja ciegos en medio de tuertos.