El proyecto pretende que el Poder Ejecutivo y las municipalidades puedan declarar prohibiciones absolutas cuando exista certeza científica que demuestre la incompatibilidad de los riesgos ambientales y sanitarios de una determinada actividad, obra o proyecto con el derecho a un ambiente sano y la salud pública. Y que puedan declararse moratorias ambientales con fundamento en el principio precautorio, que impliquen la suspensión temporal del otorgamiento de autorizaciones para el desarrollo de actividades, obras o proyectos, cuando haya suficientes evidencias de peligro de daño grave o irreversible para el ambiente o la salud de las personas.