El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger de manera integral el derecho fundamental a la intimidad y la autodeterminación informativa de la ciudadanía frente a la creciente crisis de ciberseguridad que amenaza al país, transformando el deber estatal de custodia de la información ciudadana sensible de una pauta programática a una exigencia técnica y jurídica ineludible; para ello, se establece un estándar obligatorio de protección de datos y se instaura un régimen efectivo de transparencia, notificación perentoria y rendición de cuentas que ponga fin a la impunidad ante la exposición o negligencia en el manejo de los registros de datos los habitantes.