El proyecto establece que no podrá nombrarse como miembro del Consejo Directivo del ICE ni como asesoría de ningún miembro de este Consejo a ninguna persona que durante los últimos tres años previos al momento de la juramentación, que ocupase algún puesto, funciones o actividades en empresas privadas cuyo negocio esté directamente relacionado con las funciones y responsabilidades del Consejo Directivo o que representen, un conflicto de interés. La prohibición se extiende a la persona o sus parientes de primer, segundo o hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Además, establece que todas las personas que conformen el Consejo Directivo deberán declarar ante la Procuraduría de la Ética Pública todas las actividades profesionales que han ejercido durante los tres años anteriores a ocupar el puesto para el que han sido nombradas o juramentadas en un plazo improrrogable de un mes desde que asumen el cargo.