El proyecto, que reforma el Código Procesal Contencioso-Administrativo para obligar al Tribunal a dictar en un máximo de un mes la sentencia de los procesos de puro derecho o sin prueba por evacuar después de que las partes formulen sus conclusiones, y frente al incumplimiento aplicar los mecanismos existentes por retardo de justicia y extender ese mismo plazo —con prioridad frente a asuntos nuevos— a los expedientes que ya estén pendientes de sentencia cuando entre en vigencia la reforma