El proyecto propone aumentar a 50 años la edad mínima requerida para aspirar a un cargo en una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y elevar a 15 años el mínimo de experiencia profesional. Además, establece que las personas solo podrán ejercer un máximo de tres periodos de ocho años y que, por vía de ley, se deberán regular procedimientos públicos, transparentes y objetivos para garantizar la paridad de género y valorar la idoneidad, la excelencia profesional, la producción académica, la igualdad y la no discriminación de las personas candidatas.