Hay noticias que una madre activista y sexóloga educadora aprende a leer dos veces. La primera, con la esperanza intacta, como quien abre una carta que lleva años esperando. La segunda, despacio, buscando dónde está lo que de verdad nos toca. Eso me pasó este martes, cuando escuché a la presidenta hablar de un hito fundamental para las personas con discapacidad.
Busqué el decreto. Es el N.° 3827 y es de 1974. Su función es declarar la segunda semana de noviembre como Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, se firmó con bombos y platillos la actualización del decreto que crea la misma semana que se estaba inaugurando.
No crea un derecho nuevo, no abre un servicio, no asigna un solo colón. Es una fecha en el calendario. Y yo, que he aprendido a no despreciar ningún gesto, sentí esa frustración tan conocida de las madres que andamos en esto: la de ver cómo se pide el aplauso para algo que no cambia nada. En buen tico, nos están dando atol con el dedo.
Los verdaderos logros no nacen en una tarima. Nacen de escuchar, con atención y sin prisa, a las personas con discapacidad y a sus familias, que son quienes saben de primera mano qué hace falta y por dónde se abre el camino.
Todavía guardo en la memoria la imagen de la gran rodada de Morpho, desde Pérez Zeledón hasta la Asamblea Legislativa, para hacer valer la Ley de Autonomía Personal. Kilómetros de carretera recorridos en sillas de ruedas para exigir algo que ya era un derecho. Se lograron avances, sí, pero quedó claro que faltaba muchísimo.
Eso sí fue un hito. Y no lo firmó ninguna autoridad: lo empujaron, con el cuerpo y con la voz, las propias personas con discapacidad.
Lo que este Gobierno sí dejó marcado, y con tinta firme, es el recorte. El presupuesto de Conapdis, que venía en ascenso, pasaría de ₡21.598,5 millones en 2026 a ₡10.289,6 millones en 2027. Menos de la mitad.
Detrás de esos números hay nombres. Con esos fondos, la institución solo podría atender a 851 de las 4.884 personas que este año pidieron apoyo económico. Más de 4.000 personas que esperaron, juntaron papeles y tocaron puertas, y a quienes ahora se les dice que no alcanza.
Y esto pasa en un país que envejece, donde cada persona adulta mayor puede llegar a vivir con alguna discapacidad. Recortar justo ahora es dejar sin respuesta a quienes no logran cubrir ni su propia canasta básica ni la de quienes les cuidamos.
Quienes cuidamos somos, en su gran mayoría, mujeres. Madres que un día tuvimos que elegir entre el trabajo y la mano de nuestras hijas, hijos e hijes, y elegimos la mano. Dejamos de lado ascensos, estudios, salarios y, a veces, hasta nuestra propia salud, para sostener lo que el Estado no sostiene.
Nadie nos paga ese trabajo. Nadie lo cuenta en las estadísticas de empleo. Pero sin nosotras, buena parte del cuidado en este país simplemente no existiría. Por eso, cada colón que se le quita a Conapdis no desaparece en el aire: cae sobre nuestras espaldas.
Hablemos de lo que sí sería un logro. Hablemos de educación de verdad inclusiva. Hablemos de parques a los que se pueda llegar, de playas con rampas, de un bus que respete la parada y espere a que una persona termine de subir. Hablemos de apropiarnos del espacio público, que también es nuestro.
Y hablemos de cultura, porque no todo es presupuesto. Cuántas veces he visto el único espacio de estacionamiento para personas con discapacidad ocupado por alguien que no lo necesita. Una señora con niños ya grandes, que caminan sin ninguna dificultad, estacionada ahí «solo un momentito». Ese momentito es el que le quita el lugar a una persona usuaria de silla de ruedas, a una persona que se apoya en un bastón y para quien una larga caminata no es opción, o a una madre que tiene que cargar en brazos a su hija o a su hijo.
No hace falta un decreto para respetar ese espacio. Hace falta conciencia. Pero también hace falta un Estado que la promueva todos los días y no solo una semana al año.
Urge, sobre todo, una política real de vida independiente. Que una persona con discapacidad pueda acceder a una casa con una arquitectura que de verdad le sirva. Que las aceras estén en buen estado y que quienes tienen una propiedad entiendan que su acera es parte del camino de alguien más.
Una silla de ruedas eléctrica cuesta lo que pocas familias pueden pagar y se deteriora en cada hueco, en cada desnivel, en cada acera rota. A eso se suman calles donde los carros pasan a toda velocidad y camiones que no ven a una persona en silla de ruedas porque nadie pensó en hacerla visible. Cada salida de casa se vuelve un riesgo calculado. Eso no se resuelve con una conmemoración.
Y no basta con abrir una plaza para personas con discapacidad. Urge capacitación real y efectiva. A veces se ofrece una beca en una fundación o en una institución y después alguien pregunta, con ligereza: ¿por qué no la aprovechó?
Porque una beca no sirve si no se puede llegar. Los costos de traslado diario de una persona con discapacidad son inimaginables para quien nunca ha tenido que pagarlos. Un taxi con rampa, ida y vuelta, todos los días. Un bus que no se detiene. Una acompañante que también deja de trabajar ese día. La oportunidad existe en el papel, pero el camino hacia ella sigue cerrado.
No escribo esto desde el enojo, aunque a veces la frustración me queme por dentro. Lo escribo desde el amor terco de las madres que no nos rendimos. Desde los años de tocar puertas, de llenar formularios, de explicar una y otra vez lo que debería ser evidente.
Una conmemoración no es un logro. Un aplauso no es una política pública. Lo que de verdad necesitamos ya tiene nombre y apellido: está en la voz de las personas con discapacidad y de sus familias. Solo hace falta que alguien, desde el poder, se siente a escucharla. Mientras tanto, por favor, que no nos sigan dando atol con el dedo.
