Después de que se le empezó a poner atención al gasto en las universidades, con los choferes que ganan ₡3 millones y los pensionados de lujo, cada año, como a partir de julio, repetimos el mismo ritual: las universidades piden más plata, invocan la Constitución como si fuera un cheque en blanco, vienen las marchas y los comunicados y, al final, un acuerdo que no cambia nada.
Sin embargo, en toda esa discusión hay un gran ausente: el estudiante. Nadie pregunta cuántos estudiantes atienden o cuántos se gradúan, en cuánto tiempo o si encuentran trabajo.
La discusión se limita a cuánto se les gira a las instituciones. Este año el FEES llegó a ₡593.484 millones. Y si realmente lo que nos importa es la inversión en educación, deberíamos empezar por cuestionar el reparto: de cada ₡100 que gasta el MEP, ₡22 van a las universidades, que atienden apenas a 11 de cada 100 estudiantes del sistema público.

Y antes de que empiecen a tirarme piedras por ser enemiga de la educación pública, de lo que estoy en contra es del pésimo uso de los recursos públicos. Me molesta terriblemente que nuestro sistema se haya construido pensando en quienes trabajan en él y no en quienes estudian en él.
Por eso mi propuesta va en la línea de dejar de discutir el monto y empezar a discutir el diseño. Porque un mal diseño no se soluciona con más plata, solo se vuelve más caro.
Cinco universidades, cinco burocracias
Costa Rica tiene cinco universidades públicas: la UCR, el TEC, la UNA, la UNED y la UTN. Cada una con su rectoría, su consejo universitario, sus vicerrectorías, su oficina de recursos humanos, su proveeduría, su departamento legal y su oficina de prensa, entre otros. Cinco veces la misma estructura para un país de cinco millones de habitantes. ¿No le parece que se nos fue la mano?
Y además cada una defiende su territorio. Hace dos semanas, el TEC frenó por segunda vez una carrera de semiconductores de la UCR, aunque las otras cuatro universidades votaron a favor en el CONARE. ¿No deberían decidir según cuántos cupos se necesitan en esa carrera?. Finalmente se pusieron de acuerdo, pero el caso nos sirve de ejemplo del desorden imperante.
Las universidades se volvieron fines en sí mismas
En 2025, con base en los datos de la Contraloría, las cinco gastaron ₡662.985 millones. De eso, ₡440.567 millones fueron remuneraciones: dos de cada tres colones que gastan se van en pagar a quienes trabajan ahí.
¿Y quiénes son esos funcionarios? Al revisar las planillas reportadas a la CCSS en diciembre de 2025 y sumar las cinco universidades, encontramos 71 administrativos por cada 100 académicos. En el TEC son 110 y en la UNA 102: hay más gente administrando que enseñando. En la UCR son 67, en la UTN 64 y en la UNED 49.
Aparte de cuántos funcionarios hay y cómo se distribuyen entre administrativos y académicos, también tenemos el problema de cómo se les paga. Una parte considerable de lo que reciben no depende de su productividad, sino de privilegios que han ido acumulando.
Separando lo que la ley general garantiza a cualquier trabajador (salario, horas extra, aguinaldo y cargas sociales) de todo lo que se paga por encima: anualidades, dedicación exclusiva, salario escolar, vacaciones pagadas y aportes a fondos especiales: esos privilegios costaron ₡180.496 millones en 2025. Es decir, el 41% de las remuneraciones.
No obstante, ese mismo año, las becas y pagos a estudiantes sumaron ₡72.261 millones, y eso que esa cuenta incluye lo que se les paga por trabajar como asistentes. Por cada colón para los estudiantes, dos colones y medio se fueron en privilegios. Las prioridades no se declaran en los discursos; se leen en el presupuesto.
Y las universidades públicas tampoco son las únicas que forman profesionales. En 2025, las universidades privadas entregaron 29.939 de los 50.085 títulos universitarios del país: 6 de cada 10, sin recibir un solo colón del FEES ni otras transferencias. Y ahí termina el estudiante que no encuentra cupo o necesita horarios que le permitan trabajar: pagando una universidad privada, mientras sus impuestos financian aulas que se vacían a las cinco de la tarde.
Los defensores ciegos de las repúblicas separatistas universitarias justificarán esto con la investigación y la excelente calidad, pero una comparación internacional permite comprobar que esos argumentos no se sostienen. ¿Se puede hacer mejor con menos? Sí.
Para compararnos con el mundo hay que mirar a la UCR, la mejor ubicada de las cinco en el ranking QS: puesto 463. La UNA y el TEC aparecen entre los puestos 1.201 y 1.400; la UNED y la UTN ni siquiera aparecen. Si a la mejor le va mal, a las demás les va peor.
La UCR gasta ₡7,2 millones por estudiante, el TEC ₡7,1 millones y la UNA ₡8,2 millones. Al compararlas con 126 universidades públicas de América Latina, España, Portugal, Japón y Corea que están en el ranking QS, hay 18 que gastan menos por estudiante que la UCR y están mejor ubicadas. En el caso de la UNA, son 62.
Con la investigación pasa algo parecido. Defienden sus presupuestos diciendo que hacen casi toda la investigación del país. Pero hacer la mayor parte de poco sigue siendo poco. Por cada 1.000 estudiantes, la UCR publica 36 artículos científicos al año. Las universidades públicas de otros países con un puesto parecido publican entre 83 y 227: de dos a seis veces más.
Y si evaluamos su impacto, tampoco mejora la cosa. De cada 100 artículos de la UCR, 11 están entre el 10% más citado del mundo. En las universidades españolas con un puesto parecido en el ranking, esa proporción es el doble.
Inversión en educación sí, pero con propósito
Todas estas ideas no son un llamado a acabar con la educación pública, sino más bien a volver a poner el foco donde debería estar: el estudiante. La propuesta sería la siguiente:
El ciclo educativo como un todo: desde preescolar hasta la universidad. Tenemos al MEP por un lado, al INA por otro y a las universidades defendiendo cada una lo suyo, amparadas en esa mal entendida autonomía. Un joven que sale de un colegio técnico o del INA, si quiere seguir estudiando, debería poder avanzar hasta la universidad sin tener que empezar de nuevo cada vez que cambia de institución.
Una sola universidad pública. Que aproveche las sedes e instalaciones que las cinco ya tienen por todo el país para ofrecer las carreras que se necesiten en cada región, ajustando los horarios a las necesidades de los estudiantes, no al horario de oficina de los burócratas. No estoy proponiendo cerrar sedes ni quitar profesores. Lo que quiero es que dejemos de pagar cinco administraciones para hacer lo mismo. Ordenar eso no es recortar por recortar. Con menos administrativos habría plata para tener más académicos, mejor pagados y en horarios más amplios. Claro que eso requiere una reforma constitucional. Fácil no va a ser, pero tampoco podemos seguir descartando cambios necesarios porque son difíciles.
Pasar de financiar la oferta a financiar la demanda. Que la plata siga al estudiante. Que quien necesite apoyo pueda usarlo para estudiar en una institución pública o privada que cumpla los requisitos de calidad. Hoy financiamos instituciones y el estudiante tiene que acomodarse a lo que ofrecen.
Revisar y reestructurar el archipiélago institucional que mantenemos alrededor de la educación. Las universidades son solo una parte del rompecabezas. Alrededor del MEP giran casi una veintena de entidades, cada una con su ley, su junta y su presupuesto. Hay que revisar si su existencia se justifica y, si no, cerrarlas, fusionarlas o reestructurarlas. Entre ellas están:
El Colegio San Luis Gonzaga, un colegio de secundaria, con régimen de autonomía propio desde 1969, aunque el MEP le paga la planilla.
Los colegios universitarios de Cartago y de Limón son instituciones semiautónomas que dan carreras técnicas, pero quedaron fuera de la fusión que dio origen a la UTN en 2008.
El Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense, creado en 1997 para dar becas. Aparte de todos los cuestionamientos en los que ha sido involucrado, si ya existe CONAPE, no parece tener justificación alguna.
Para vigilar la calidad tampoco hay un solo ente, sino varios. El Consejo Superior de Educación aprueba las carreras de los colegios universitarios, el CONESUP fiscaliza a las universidades privadas, el SINAES acredita solo a quien quiera acreditarse y el CONARE coordina a las universidades públicas. Con una sola universidad, el CONARE ya no tendría a quién coordinar. Y un solo ente podría evaluar la calidad de toda la educación superior, pública y privada, con las mismas reglas.
Financiamiento atado a resultados. Nada de aumentos garantizados por la Constitución que impiden ajustes conforme varía la demanda. Hay que evaluar: capacidad de los docentes, graduaciones, calidad de la educación, becas, tiempo de carrera, empleabilidad e impacto real de la investigación, entre otros aspectos.
Transparencia total. Planilla, pluses y su costo, calificaciones de los docentes, becas y graduados, en datos abiertos y en el mismo formato para todos.
El año entrante volveremos a discutir el presupuesto para la educación. Así que podemos decidir repetir el ritual de siempre o hacernos una pregunta diferente: ¿estamos financiando un sistema educativo para los estudiantes o para los burócratas? De lo contrario, seguiremos con los mismos problemas, solo que nos costarán cada año más.









