El documento, de 27 páginas, contrasta con lo que la jerarca dijo el 29 de setiembre sobre el contacto con el atacante y la compra.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) afirma, en un oficio firmado el 16 de octubre por su ministra, Paula Bogantes Zamora, que no compró la base de datos ofrecida por un ciberatacante en la dark web, que no la posee ni la recibió de terceros y que ninguna persona funcionaria interactuó con el atacante ni negoció con él.
El documento, identificado como MICITT-OF-1330-2026, responde 64 preguntas de una solicitud de información pública presentada por Sergio Ortiz Pérez, sindicalista y creador de contenido conocido por su espacio de opinión y análisis Sentido Crítico. Este medio tuvo acceso a la copia completa.
Lo que dijo la ministra en radio
El 29 de setiembre, en una entrevista en el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, Bogantes aseguró que “nosotros nos pusimos en contacto con el ciberatacante” y que la base “se la logramos comprar”, aunque aclaró que no lo hizo el Gobierno, sino “otros”. Habló de más de 500 millones de registros y de entre 150 y 300 GB. Consultada por La Nación sobre qué haría con la información, dijo: “Está en posesión nuestra”.
En los días siguientes, el Micitt precisó a CR Hoy que esas declaraciones no significaban que el ministerio hubiera comprado la base ni que dispusiera de ella completa, y que ni el ministerio ni el Gobierno habían usado recursos públicos para adquirirla.
El 9 de octubre, el ministerio publicó en su sitio web un comunicado en el que afirmó que ni el Micitt ni el Gobierno compraron la base ofrecida, que ningún funcionario interactuó con el atacante y que el ministerio “no negocia con ciberdelincuentes”. Añadió que analizó una muestra expuesta públicamente y que eliminaría las copias de los registros analizados una vez que el OIJ recibiera el material.
Lo que dice el oficio
El documento, firmado digitalmente por la ministra, señala:
El MICITT no compró la base de datos ofrecida ni destinó recursos públicos a esa finalidad. El Ministerio no posee la base de datos completa ni la recibió de terceros.”
Según el oficio, la actuación del ministerio se limitó a dar seguimiento a las publicaciones del atacante, analizar los registros de muestra que este expuso públicamente y entregar un informe técnico, del 15 de setiembre, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El Micitt sostiene que no recibió claves, accesos ni servicios de consulta y que concluyó que parte de la muestra contenía información real.
El texto responde además a lo que Monumental publicó el 29 de setiembre, que el ministerio había confirmado que la base fue negociada y adquirida, aunque no por el Gobierno. El oficio precisa que el Micitt no recibió la base de ningún tercero y que no intervinieron intermediarios.
El ministerio aclara, sin embargo, que su respuesta describe la actuación institucional y “no identifica ni descarta transacciones ajenas al MICITT”. Es decir, el documento no afirma ni descarta que otras personas hayan comprado la base.
Sobre las cifras, el Micitt indica que las cantidades anunciadas por el atacante no son cifras verificadas por el ministerio, que no se determinó cuántas personas distintas comprende la información y que no puede determinar de forma concluyente la entidad de origen de los registros, una tarea que atribuye a las autoridades judiciales.
El oficio añade que el ministerio ya eliminó de forma segura sus copias de la muestra, tras verificar que el OIJ recibió el material; el comunicado del 9 de octubre ya adelantaba que procedería de esa manera. El Micitt no entrega el contenido del informe técnico ni del oficio MICITT-DC-OF-000167-2026, del 16 de setiembre, enviado a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), por tratarse de actuaciones de una investigación judicial en curso y por contener datos personales. Tampoco hay, según el documento, una decisión ni un cronograma para publicar un informe adicional.
Investigaciones abiertas
La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia abrió de oficio una causa, la 26-025182-0042-PE, que se tramita en la Sección de Cibercrimen del OIJ. La Prodhab abrió el expediente 425-09-2026.
La Nación reportó el 4 de noviembre otro oficio, del 19 de octubre, firmado por el viceministro Alonso Zeledón Carazo como ministro a.i., en respuesta a otra solicitud similar a la de Ortiz, con planteamientos en el mismo sentido.
