El reciente decomiso de 200 litros de varios productos fitosanitarios, realizado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y la Policía de Fronteras en la zona sur del país, vuelve a poner sobre la mesa una problemática que merece especial atención: el contrabando de productos fitosanitarios y los riesgos que representa para nuestra agricultura.
Aunque generalmente se asocia el contrabando con la evasión de impuestos, las pérdidas económicas y la competencia desleal, sus consecuencias pueden ser mucho más graves. Cuando un agricultor adquiere productos de origen desconocido, falsificados o adulterados, podría estar poniendo en riesgo su salud, su inversión, sus cultivos, el ambiente e incluso las plantaciones de sus vecinos.
El problema no es solamente lo que el agricultor compra, sino lo que cree estar aplicando
Hace algunos años conocí un caso ocurrido en otro país centroamericano que ilustra claramente este peligro. Se comercializaba un supuesto fungicida cuyo envase, diseño e imagen eran prácticamente idénticos a los del producto original. Sin embargo, mediante un análisis de laboratorio, se descubrió que, en lugar del fungicida formulado como polvo mojable (WP), el contenido era prácticamente talco mezclado con apenas trazas de un fungicida.
Imaginemos las consecuencias. Un agricultor compra el producto, lo aplica siguiendo las recomendaciones y continúa sus labores convencido de que está protegiendo su cultivo. Sin embargo, la enfermedad continúa desarrollándose porque el supuesto fungicida no contiene el ingrediente activo necesario para controlarla.
Cuando finalmente identifica el problema, posiblemente ya sea demasiado tarde para evitar pérdidas importantes. Pero el riesgo no termina en su propiedad. Dependiendo del patógeno y de las condiciones ambientales, una enfermedad no controlada puede propagarse hacia fincas vecinas y afectar también a agricultores que no tuvieron relación alguna con la compra del producto falsificado.
Una aplicación ineficaz puede convertirse en un problema fitosanitario colectivo
Los peligros tampoco se limitan a la falta de eficacia. Un producto adulterado podría contener concentraciones incorrectas, sustancias no declaradas o ingredientes diferentes de los originales. Esto representa riesgos de intoxicación para quienes lo manipulan, daños por fitotoxicidad en los cultivos, contaminación ambiental y posibles residuos no autorizados en los alimentos, lo que podría comprometer incluso su comercialización en mercados internacionales.
Otro aspecto preocupante es que el contrabando puede facilitar el desarrollo de mercados ilícitos en los que también encuentran espacio la falsificación y la adulteración. En Centroamérica se han conocido situaciones de reutilización de envases de agroquímicos para comercializar sustancias distintas de las originales, aprovechando la confianza que los agricultores depositan en marcas reconocidas. Esta práctica puede agravar los riesgos, especialmente cuando se desconoce la composición del contenido o existen residuos de sustancias anteriores. De ahí la importancia de seguir las buenas prácticas agrícolas relacionadas con la disposición correcta de los envases.
El precio aparentemente más bajo puede terminar convirtiéndose en la pérdida de una cosecha, daños a la salud o afectaciones a otras explotaciones agrícolas.
Sin embargo, esta problemática también exige una reflexión desde las políticas públicas. Las decisiones regulatorias sobre productos fitosanitarios deben fundamentarse en evaluaciones científicas rigurosas, que consideren los riesgos, las condiciones reales de uso y la disponibilidad de alternativas eficaces y económicamente viables. Cuando se establecen prohibiciones sin suficiente sustento técnico o sin considerar adecuadamente las necesidades de control fitosanitario, pueden generarse incentivos no deseados para recurrir a mercados ilegales. Esto no justifica el contrabando, pero sí evidencia la importancia de contar con regulaciones técnicamente sólidas y soluciones viables para los productores.
Costa Rica necesita combatir decididamente el ingreso y la comercialización ilegales de agroquímicos. Esto requiere fortalecer la vigilancia fronteriza, la trazabilidad, la fiscalización y la coordinación entre las autoridades competentes. Pero también exige informar y sensibilizar a los agricultores sobre los peligros de adquirir productos cuya procedencia y autenticidad no puedan verificarse.
De ahí la importancia de los esfuerzos que impulsa la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), junto con las cámaras que la integran, para promover entre los agricultores el conocimiento de los productos fitosanitarios que utilizan, su aplicación correcta y responsable y la importancia de adquirirlos en establecimientos formales y de confianza que garanticen su procedencia legítima y el cumplimiento de la normativa vigente.
Combatir el contrabando de agroquímicos no es solamente proteger el comercio formal. Es proteger la salud de las personas, el ambiente, la seguridad de los alimentos y el patrimonio de miles de familias agricultoras.









